Juana Ruiz Sánchez, Juana Rismawi, sigue detenida

Juana Ruíz Sánchez, 63 años y ciudadana española, fue detenida el pasado 12 de abril de forma arbitraria por parte del ejército de ocupación israelí en su vivienda, en la pequeña localidad palestina de Beit Sahour, al sur de la ciudad de Belén. 20 soldados armados hasta los dientes acudieron en varios jeeps militares durante la madrugada a su casa, donde vive junto a su marido y a su suegra, totalmente dependiente, para llevársela detenida por la fuerza a una prisión militar en la que lleva ya más de 15 días sin cargos ni juicio y bajo ley militar.

Esta noticia estaría hoy en todas las portadas y ocuparía todos los noticieros si la detención se hubiese producido por parte de otro país. ¿Qué habría ocurrido si Irán hubiese detenido y llevado a prisión a una ciudadana española de forma ilegal? ¿Y si este episodio hubiese tenido lugar en Venezuela?

La normalización de las detenciones administrativas que Israel practica durante décadas como una herramienta de castigo colectivo a la población palestina ha provocado que Israel no tenga reparo en encarcelar a una ciudadana española durante ya más de 15 días. Esta práctica habitual por parte de Israel, considerada como un crimen de guerra según estipula el derecho internacional, nunca ha sido sancionada ni perseguida por nuestro país, que ha mirado la impunidad de Israel en la comisión de graves delitos contra la humanidad como un mal menor, por tal de mantener una relaciones comerciales y políticas sólidas. La detención por interrogatorio, como informó el abogado que la acompaña, Ibrahim al Araj, puede hacerle permanecer hasta 75 días en prisión. Nuestro aliado ha encarcelado a una ciudadana española sin cargos ni juicio y España no ha sido capaz de articular ninguna solución diplomática por el momento.

No vamos a pedir que Israel libere a la ciudadana española retenida ilegalmente en una cárcel israelí. El país, borracho de poder e impunidad, no va a atender a razones dentro de la psicosis sionista en la que se encuentra. Nadie jamás le ha pedido cuentas en décadas. La actitud de abuso y desvergüenza internacional del país de la colonización se ha normalizado entre las cancillerías internacionales, algo que sin duda no soportarían de cualquier otro aliado que no fuese el Estado hebreo.

Necesitamos que España responda con contundencia y defienda, no solo a una compatriota suya, sino a todo lo que Juana Ruíz Sánchez representa. Un compromiso permanente e inquebrantable con el desarrollo de su pueblo, el pueblo palestino

Necesitamos que España responda con contundencia y defienda, no solo a una compatriota suya, sino a todo lo que Juana Ruíz Sánchez representa. Un compromiso permanente e inquebrantable con el desarrollo de su pueblo, el pueblo palestino, al que lleva vinculada más de 35 años a través de su trabajo en una de las organizaciones sociales fundamentales para el mantenimiento de la salud en los Territorios Palestinos Ocupados, los Health Work Committees (Comités de Trabajo para la Salud en Palestina).

Juani Rishmawi, como la conocemos todos, ha logrado llevar la solidaridad del pueblo español a Palestina de forma constante durante las últimas décadas. Decenas de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y colectivos sociales han apoyado económicamente el proyecto de los Comités, perseguido por tierra, mar y aire por Israel. En los últimos años, Israel ha clausurado centros de salud y de educación promovidos por la entidad, ha detenido a personal sanitario, los ha torturado, encarcelado, ha perseguido sin respiro a los trabajadores de la ONGD y ha destruido el material que la solidaridad española ha enviado para ayudar a las personas más vulnerables. Ayuda española robada por uno de nuestros aliados. Pero España nunca ha alzado la voz.

Ahora, acostumbrados a su impunidad constante, a que países como el nuestro agachen la cabeza, Israel ha secuestrado a una compatriota para interrogarla. Lo hace basándose en una ley militar ilegal. Los esfuerzos diplomáticos de España no han surtido ningún efecto por el momento y su familia teme por su integridad. Ha llegado la hora de que España tome cartas en este asunto de forma urgente y proteja a sus ciudadanos como cabría esperar de cualquier país decente. El Gobierno debe elevar este asunto a instancias superiores, llamar a consultas al embajador israelí en nuestro país y llegado el momento, forzar una crisis diplomática con el país del apartheid. Y para ello es necesario que todas las instituciones públicas que en algún momento han apoyado el trabajo de los Comités y de Juani, presionen, por todas las vías, para la liberación de la cooperante española.

Familiares y amigos han lanzado una campaña de apoyo que ha desbordado solidaridad en nuestro país. En apenas un par de días, más de 1000 firmas, entre las que se encuentran artistas, políticos, activistas, abogados, periodistas y defensores de derechos han exigido de forma inmediata la liberación de Juani en esta página web: www.freedomforjuana.com

Pero no es suficiente. Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España debe intervenir de forma inmediata para liberar a Juana Ruíz y a todas las personas de la organización apoyada con fondos españoles que permanecen en prisión. Josep Borrel, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad debe pedir cuentas a uno de sus más importantes aliados sobre la detención ilegal de sus ciudadanos. Es una cuestión de soberanía, de decencia y de respeto.

La española pasó este lunes por cuarta vez antes un juez militar en la prisión de Ofer, muy cerca de Jerusalén, que decidió alargar su prisión hasta el próximo domingo, cuando tendrá una nueva vista. El gobierno de España no debe permitir que ningún país pisotee los derechos de sus ciudadanos. Es su obligación defenderlos.