La Junta de Andalucía abandona al alumnado sordo

A nuestros gobernantes se les llena la boca hablando de “educación inclusiva” cuando ni siquiera conocen la realidad que sufre el alumnado con necesidades educativas especiales ni la importancia de los métodos de adaptación. Lo vemos, una vez más, con las intérpretes de lengua de signos, cuya labor resulta imprescindible para garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones.

Somos un colectivo externalizado que lleva años exigiendo nuestro reconocimiento como personal laboral, ya que desempeñamos nuestro trabajo en centros públicos. El gobierno de Susana Díaz hizo caso omiso a nuestras peticiones y protestas, y ahora el trifachito finge que nos escucha cuando no es cierto. A fecha de hoy sigue sin ofrecernos una solución justa, como sería la subrogación directa. Por el contrario nos obliga a competir entre nosotras en una bolsa de reciente creación.

Cuando se decretó el estado de alarma, a las intérpretes, al igual que a tantos otros trabajadores, nos invadió rápidamente el sentimiento de incertidumbre laboral. Durante un mes, la actual empresa adjudicataria del servicio nos envió varios comunicados contradictorios. Alegaba que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no concretaba las medidas que debía seguir. Finalmente nos informó de que no se iba a proceder a ningún tipo de ERTE, que se mantenían nuestros puestos. Sin duda esta noticia supuso un motivo de alivio para nosotras, que ya nos esperábamos lo peor. Nuestra sorpresa vino al preguntar qué medios nos iban a facilitar para teletrabajar: tras consultar a la APAE, la empresa nos comunica que no se nos permite ejercer ninguna actividad laboral, ya que, en realidad, nuestros contratos se encuentran “suspendidos”. En términos económicos, a nosotras esto no nos afecta, pero sí nos preocupa, y mucho. No se trata ya tanto de nosotras como de nuestro alumnado. Nuestra profesión es vocacional, de otro modo nadie podría soportar los salarios de miseria y las precarias condiciones a las que la Administración nos somete y contra las que llevamos años de lucha. Lo que principalmente nos une a todas y cada una de mis compañeras es el afán por contribuir a la ruptura de barreras, en este caso comunicativas. Quienes deciden debieron de pensar que nuestra única preocupación es mantener las nóminas y que apenas nos importa el perjuicio a los más vulnerables.

En definitiva, lo que la Junta ha hecho es indemnizar a la empresa para que esta pueda abonar las nóminas mientras nuestra actividad esté paralizada. Sin embargo, el alumnado con diversidad auditiva sí que debe continuar con sus obligaciones formativas, solo que ahora sin contar con nuestro indispensable servicio. Esto se debe a que la Junta ha equiparado todos los servicios externalizados sin distinguir entre los que ahora son prescindibles durante el estado de alarma, como el comedor o el transporte escolar, y los que son irrenunciables, como la interpretación de la lengua de signos española. Tengamos en cuenta que también prestamos servicios a alumnado de formación profesional, que tendrá que examinarse a final de curso.

Estas lamentables situaciones se evitarían si por fin nos asumieran como personal laboral. De hecho, el alumnado sordo ha estado registrando quejas a la Delegación de Educación para denunciar la desigualdad en la que se encuentran actualmente respecto a sus compañeros, pero hasta el momento no se ha obtenido ninguna respuesta.

Como se ve, no se trata de un problema económico, ya que el coste de esta medida es el mismo que hubiera supuesto mantenernos en activo. Esto denota, como siempre, la absoluta falta de sensibilidad de la Junta de Andalucía hacia la educación igualitaria, otro virus difícil de erradicar.

, Intéprete de Lengua de Signos Española.

A nuestros gobernantes se les llena la boca hablando de “educación inclusiva” cuando ni siquiera conocen la realidad que sufre el alumnado con necesidades educativas especiales ni la importancia de los métodos de adaptación. Lo vemos, una vez más, con las intérpretes de lengua de signos, cuya labor resulta imprescindible para garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones.

Somos un colectivo externalizado que lleva años exigiendo nuestro reconocimiento como personal laboral, ya que desempeñamos nuestro trabajo en centros públicos. El gobierno de Susana Díaz hizo caso omiso a nuestras peticiones y protestas, y ahora el trifachito finge que nos escucha cuando no es cierto. A fecha de hoy sigue sin ofrecernos una solución justa, como sería la subrogación directa. Por el contrario nos obliga a competir entre nosotras en una bolsa de reciente creación.