La crudeza de la crisis ha mermado no sólo la situación socio económica de muchos andaluces y andaluzas, sino también su ánimo. Y me explico. Por una parte, tenemos la contundente reacción organizada y participada en defensa de aquellos derechos sociales que se vieron amenazados, por supuesto, pero por otro lado tenemos que pasado el tiempo se ha producido una desmovilización de estas mismas reivindicaciones y la subsiguiente normalización por buena parte de la sociedad del deterioro sufrido.
Y es esta normalización y aceptación del quebranto a nuestro sector público, a su desmantelamiento, lo que tiene que alertarnos del peligro que corremos a perder un Estado de Bienestar, que lejos de ser perfecto, era un digno punto alcanzado tras décadas de lucha y esfuerzo colectivo. La cada vez más generalizada percepción del deterioro, entre otras, de la calidad asistencial sanitaria pública y la espiral de desafección de pacientes y profesionales con respecto a la confianza en un sistema sanitario público es otro síntoma que debe llevarnos a una profunda reflexión.
Pues es precisamente el sistema sanitario público andaluz el que convertido en última trinchera, como elemento de equidad y cohesión social, el que debe servirnos para guiar nuestras actuaciones hacia la recuperación y nuevo blindaje de nuestros derechos constitucionales. En este caso, el derecho a la protección de la salud recogido en el art. 43 de la CE.
Lo primero que debemos considerar es que la aparente recuperación económica y la también aparente ausencia de secuelas que la crisis ha tenido sobre nosotros, no es real, o está muy lejos de serlo. Por tanto, si tenemos intención cierta de cambiar y mejorar la situación actual, debemos salir del punto de no retorno de negar que la crisis no se ha trasladado vía recortes y pérdida de miles de profesionales sanitarios. El maquillaje de las listas de espera, o el uso de las fusiones hospitalarias o las Unidades de Gestión Clínica para camuflar por razón de una gestión más eficiente no pueden ocultar un sistema colapsado.
El escape de una parte de la población que puede permitírselo hacia sistemas de aseguramiento privado -crecimiento a razón de un 4% anual de la suscripción en seguros sanitarios privados en nuestra región-, y el aumento de los conciertos del Servicio Andaluz de Salud con clínicas privadas, así lo evidencian. Es esa pérdida de confianza en la capacidad del sistema público de mantener una asistencia de calidad, esa desafección, la que nos debe conducir a una serie de reformas urgentes para sellar las fugas principales del sistema. Transmutar nuestro ánimo de la resignación a la acción. Reconocer el deterioro y trabajar para recomponerlo.
¿Y hacia donde deben ir dirigidas esas reformas? Precisamente hacia la reformulación de aquellos instrumentos que han servido o se han usado para ocultarnos la verdad y para poner mayor presión -ya insostenible- sobre los profesionales sanitarios. Esto es, la gestión clínica. Hay que reformular, entre otras cuestiones, que todo el sistema orbite en torno a objetivos de productividad puramente economicistas, con evaluaciones dentro y no fuera de las UGC; un sistema que recompensa la incierta consigna de “hacer más con menos” sin considerar otros factores.
La búsqueda de la excelencia en la escasez, y no en la mejora, es un error. Se ha de mover el eje de coordenadas desde un contraproducente e ineficaz celo en coartar el uso de los recursos, hacia un eje que les imprima valor. El implicar a los profesionales sanitarios en la gestión no desde el enfoque de que usar cuantos menos recursos es mejor, sino en hacerles partícipes de modelos que propicien usarlos de una manera que consiga sacarles el máximo potencial.
Las UGC, focalizadas en extremo en el ahorro, despojadas ya de buena parte de su crédito y credibilidad, han de dejar paso a un nuevo sistema de gestión centrado en el valor. Buscar un nuevo modelo de gestión en el que todas las responsabilidades de los miembros que conformen los equipos multidisciplinares con funciones en toma de decisiones, de control y uso de recursos, sean designadas de forma democrática y participada; y que sean unidades con autonomía real de gestión y no meros organismos que repliquen los recortes del contrato programa. Tiene que existir, a su vez, otra capa que audite externamente la actuación de estas nuevas formas de organización, con participación sine qua non de pacientes y ciudadanía en general.
Todo ello ha de ser debatido y refrendado parlamentariamente mediante una nueva ley de gestión clínica, en la que toda planificación hospitalaria y de AP tiene que responder a causa fundada y programada con tiempo suficiente para evitar improvisaciones, en el que los protocolos respondan a evidencia científica y no a una contabilidad de costes, y cuya función sea el maximizar los valores agregados de las distintas especialidades y no adelgazar sus componentes.
Con esta reforma necesaria evitaremos que caiga la última trinchera, y con su caída, el sistema que cohesiona nuestra sociedad. De lo contrario, se ensanchará todavía más si cabe la brecha entre ricos y pobres, dinamitando los cimientos de la igualdad de oportunidades.
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