El pasado 30 de Diciembre con “festividad y alevosía” entró en vigor via real decreto una modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, publicada por el Gobierno en BOE un día antes. La experiencia en política municipal nos dice que cuando se publican en estas fechas, casi en tiempo de descuento, cambios en reglamentos u ordenanzas se consigue (y probablemente se busca) que pasen desapercibidas, que sus plazos de alegaciones se agoten sin que representantes políticos ni ciudadanos se percaten hasta que ya es demasiado tarde. Así se ha “ejecutado” más de una subida de impuestos, nombramientos o contrataciones que se han visto librados de la respuesta y polémica que se merecían.
Por su importantísima repercusión y las consecuencias que podrían derivarse de su puesta en marcha, esta modificación en el reglamento que desarrolla la Ley de Aguas habría sido sin duda mucho mas contestada si no hubiese pasado tan desapercibida. Extraña que no haya llegado ya a los medios con titulares del tipo: Solo tres semanas después de las inundaciones el Gobierno modifica la ley para permitir construir en suelo inundable. Al contrario, han aparecido algunas referencias que mencionan las nuevas obligaciones que los promotores tendrán que cumplir para desbloquear muchas de las inversiones y promociones en terrenos inundables, asumiendo vía declaración responsable que “conocen los riesgos y se comprometen a trasladarlos a los posibles afectados”.
Pero no se engañen, la modificación es un regalo de Navidad del Gobierno central a los que tienen planeado construir polígonos, urbanizaciones y hasta ciudades aeroportuarias en zonas inundables, en muchos de los casos con la imprescindible complicidad de las administraciones locales dirigidas por personajes que aspiran a revivir los réditos políticos (y de otro tipo) de la burbuja inmobiliaria. No es difícil identificarlos, muchos de ellos han incluido estos macroproyectos y recalificaciones en sus programas electorales y culpan a otras administraciones a técnicos y ecologistas de bloquear sus futuras construcciones que “generarán miles de empleos y riqueza, que es lo que importa”.
Son los promotores y alcaldes que sueñan con convertir nuestras vegas y marismas, inundables por naturaleza, en centros comerciales y urbanizaciones de lujo, “aunque para ello haya que modificar el cauce de un río, elevar la cota de los terrenos o mandar a Doñana a los patos que molesten” (*) . Todo ello, claro está, a costa del erario público, porque construir en zonas inundables supondrá, como en tantas otras ocasiones, una transferencia de recursos públicos a lo privado.
Está todo previsto:
La “relajación” de los impedimentos legales, con modificaciones como esta del 30 diciembre, van a permitir desbloquear proyectos y construir en zonas inundables y darán paso a las recalificación de terrenos de uso agrícola a urbanos permitiendo el acceso de los inversores a zonas que hasta ahora habían quedado a salvo de la especulación inmobiliaria.
Luego vendrán las facilidades, bonificaciones y exenciones de impuestos para los empresarios, que ayudarán a reducir sus costes y cuadrar sus planes de inversión.
Enseguida aparecerán en los presupuestos las partidas millonarias y subvenciones de fondos públicos desde Ayuntamientos, Gobiernos autonómicos o la UE, que subvencionarán o costearán las faraónicas obras hidráulicas necesarias para que los proyectos sean viables y las empresas puedan implantar sus flamantes edificios en terrenos que ahora son inundables y carentes de infraestructuras. Obras públicas ejecutadas, por supuesto, por las grandes constructoras que ganarán los concursos y licitaciones e inflarán los presupuestos con sobrecostes millonarios para elevar la cota de terreno, construir diques de contención, viales y toda suerte de infraestructuras. Costes que no podrán soportar los pequeños propietarios que se verán obligados a renunciar o malvender sus terrenos a los bien informados compradores que ya llevan años en esas zonas acumulando metros.
Tampoco hay que descartar el posterior florecimiento del próspero sector de las puertas giratorias, que atravesaran con mucha probabilidad algunos de los que ahora gobiernan y cambian leyes, apostando ciegamente por estos proyectos, para acabar con despacho propio en alguna de las entidades de conservación, fundaciones o empresas que allí se ubiquen.
Y si al final, después de todo, aquello se inunda, los propietarios finales, ya legalmente advertidos, verán como sus seguros dan un paso atrás a la hora de las reclamaciones. Y lo que probablemente no verán será a los promotores e inversores que les vendieron los locales o casas a los que posiblemente tengan que acceder algún día en zodiac. Y claro, reclamarán a la Administración, que nuevamente irá, con el dinero de todos, a rescatarlos, a retirar el barro de sus casas y a limpiar las calles que un día fueron ricas huertas en tierra fértil, gracias a las periódicas crecidas naturales de nuestros ríos.
Pero atentos, inversores, promotores y especuladores de dentro y fuera de los Ayuntamientos, no se froten aun las manos. Aún hay margen para conseguir que desde las comunidades autónomas se establezcan mecanismos adicionales de protección y para que los Ayuntamientos apuesten por proyectos sostenibles libres de estos riesgos y consecuencias que hipotecan nuestro futuro.
No será fácil, pero al menos, es necesario que se conozca lo que está pasando y tomar nota, que tampoco queda tanto para las siguientes elecciones.
Juan Manuel Mancebo Fuertes es miembro de Electores-EQUO y concejal de la candidatura ciudadana Alhaurín Despierta en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
(*) Expresión literal del Alcalde de Alhaurín de la Torre ante la reclamación de este concejal en la oposición, de que el macroproyecto de ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre, actualmente frenado por los informes de inundabilidad de la Junta de Andalucía, respetase las zonas que afectan a especies en peligro de extinción y sus espacios de anidamiento en el bajo Guadalhorce.
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