Castril de la Peña, en el norte de la provincia de Granada, algo menos de 2.500 habitantes, es la localidad natal de Pilar del Río, la viuda del Premio Nobel José Saramago. En 2004, este dio su permiso para ponerle su nombre a una fundación para promocionar la cultura en el pueblo, que en principio apenas iba a ocuparse de la biblioteca municipal y algunos talleres. Desde 2012, la familia del fallecido Nobel pide desvincular su nombre de ella.
Diez años después, el ex alcalde de Castril, José Juan López Ródenas (PSOE), tendrá que responder ante el fiscal, que investiga si cometió hasta cuatro delitos diferentes –malversación, fraude de subvenciones, apropiación indebida y falsedad– en su gestión de la Fundación Saramago, que a estas alturas ni es fundación ni es Saramago. La familia del fallecido Nobel lleva tres años pidiendo que se desvincule su nombre de la misma, mientras que la investigación de Fiscalía ha desvelado que la institución ni siquiera cumple con la Ley Andaluza de Fundaciones de 2005.
Esto último podría pasar por un error administrativo: se fundó en 2004 y debía adaptar sus estatutos, algo que no ha hecho en 9 años. Sin embargo, lo llamativo es que ninguna de las instituciones que ejercen como patronos de la misma pareció notarlo: ni Diputación de Granada, ni Universidad de Granada, ni el propio Ayuntamiento de Castril, que hasta 2011 regía Lópe Ródenas.
El ex alcalde ganó las elecciones de ese año con mayoría simple, por lo que una alianza del resto de partidos –PP, IU, Nuevo Castril y Grupo Independiente de Castril– lo desbancó y comenzó una auditoría tanto de las cuentas del Ayuntamiento como de las de la Fundación. El plan de pago a proveedores, además, sacó a relucir la confusión entre los movimientos de dinero de ambas instituciones.
Un millón de euros sin aclarar
En total, la Fiscalía ha detectado casi un millón de euros en movimientos sin aclarar. En concreto, 434.00 y 417.000 de los presupuestos de 2008 y 2010, respectivamente, los únicos que obran en manos de la Diputación provincial, y en los que el balance de ingresos y gastos no han sido justificado. A ellos se suman las aportaciones de 60.000 y 48.000 de la misma institución provincial en 2009 y 2011.
Finalmente, el Ayuntamiento aportó al menos otros 9.500 y 2.500 euros en cuestiones relacionadas con la biblioteca del centro. Eso, que se haya podido deducir por la documentación que ha recuperado la Fiscalía, ya que no existen cuentas de la Fundación, perdidas supuestamente, según López Ródenas, tras el traspaso de poderes de 2011, aunque formalmente él continúa siendo gerente de la Fundación.
Aparte quedan otros 150.000 euros recibidos como subvención para la construcción de la sede –la consabida biblioteca municipal–, que se justificó con dos facturas por la suma de 149.289 euros pero que no coinciden con los datos que tiene Hacienda sobre la empresa que supuestamente realizó la reforma, y los 120.000 euros de capital con los que nació la Fundación, aportados al 50 por ciento por Universidad y Diputación, cuyo destino también se desconoce, ya que ahora mismo la entidad carece de fondos de cualquier tipo.
En el escrito de Diligencias de Investigación de la fiscal Emilia Rancaño constan los datos del informe de la Policía Judicial, según los cuáles la Fundación Saramago no justificó gastos en el periodo 2007-2011 investigado, además de no haber presentado cuentas ante Hacienda a lo largo de toda su existencia y de deber a la Seguridad Social las cotizaciones de todos sus trabajadores. La policía apunta a que estos trabajadores –algunos de ellos familiares de López Ródenas– podrían haber estado trabajando en realidad para el Ayuntamiento.
El ex alcalde socialista, que también está siendo investigado por las cuentas del Ayuntamiento en otra causa, ha emitido un comunicado acusando de “acoso” a la edil de IU en el municipio, Alicia López, y al ex alcalde Miguel Pérez de Nuevo Castril –NC y el PP se repartieron la alcaldía por dos años en 2011 y actualmente la ostenta el ‘popular’ Francisco Dengra–.
López Ródenas, que en todo caso deberá responder este martes ante el juez de instrucción, sostiene que la nueva corporación “pegó una patada a la puerta” del “Centro Saramago” –evita nombrarlo como Fundación en todo momento– y cambió las llaves, destruyendo la documentación que allí se encontraba para poder inculparlo.