Las dehesas, los antiguos sistemas de regadío o las cañadas reales deberían estar especialmente protegidas. Esto es lo que opina el grupo de investigadores andaluces que ha elaborado la Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario. El documento, que se presenta este jueves en Granada en el Palacio de la Madraza, defiende “la creación de un nuevo bien universal denominado Patrimonio Agrario”, según José Castillo, uno de sus redactores.
Los dieciséis científicos que firman el informe llevan varios años trabajando en un proyecto para proteger y potenciar lo agrario. Según afirma Castillo, miembro de la Unidad de Cultura Científica (UCC) de la Universidad de Granada, “es lógico que espacios que tanto han aportado a la historia, como pueden ser los cortijos andaluces, cuenten con una protección similar a la de Bien Etnológico o Industrial, e incluso una Carta como la de los Derechos Humanos”.
El acto institucional de este jueves es el lanzamiento público elegido para dar a conocer algo que se lleva fraguando en los despachos de las universidades de Córdoba, UNED, Internacional de Andalucía (UNIA) y el CSIC desde hace tiempo. Un paso definitivo para, según Castillo, “dignificar la figura de muchas personas que han luchado por este patrimonio que no debe perderse”. De este modo, la Carta de Baeza pretende convertirse en una normativa internacional regida desde la FAO o la UNESCO. La meta no parece tan lejana y podría conseguirse en relativamente poco tiempo, ya que José Castillo, junto con algunos de sus compañeros, forma parte de la agencia ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), encargada de asesorar a la Organización de las Naciones Unidas.
La apuesta decidida que los científicos andaluces han realizado, y que beneficiaría a centenares de pueblos en España, es considerada “un acierto” por Eugenio Domínguez, rector de la UNIA, “puesto que permite recoger, de forma global e integrada, todas aquellas manifestaciones culturales materiales o inmateriales generadas o aprovechadas por la actividad agraria”.
“Una figura de amparo”
Sin duda, coincide María José Sánchez, alcaldesa de Albuñol, es “un impulso para muchos municipios.” La regidora de la llamada puerta de la Contraviesa granadina, con varios kilómetros de costa y montaña, califica la iniciativa de positiva “porque para nosotros contar una figura que de amparo a los cortijos centenarios que tenemos o a nuestra historia de cultivo significa traer riqueza a la localidad”. No en vano, en este municipio decidieron dedicar ya hace cuatro años su entrada principal a la figura de los molineros.
Si todo marcha como los investigadores esperan los sistemas de regadío del litoral Mediterráneo, la arquitectura rural de la Sierra de Cádiz, los abrevaderos dispersos de toda Andalucía o las fiestas tradicionales tendrían cabida esta nueva declaración “que podría estar aprobada en un plazo no superior a los dos años”, asegura Castillo.
Los expertos, además, van un paso más allá en sus intenciones, ya que el futuro reconocimiento internacional regularía aspectos relacionados con el uso de tecnologías invasivas o alejaría el fantasma de la especulación urbanística en zonas como La Vega de Granada. “Así” -dice el profesor universitario- “las acciones en estas áreas tendrían siempre un sentimiento de respeto a los valores tradicionales”. Para logarlo, los investigadores andaluces no piensan parar y su siguiente escenario oficial será el próximo octubre en Florencia para presentar a la comunidad internacional esta Carta de Baeza, llamada así en agradecimiento al Campus Antonio Machado, donde se gestó la revolucionaria idea de Patrimonio Agrario.