Casi un millar de personas duerme en la calle en Lepe, y el albergue sigue inacabado

El incendio que este lunes arrasó un campamento de inmigrantes en la localidad onubense de Lepe ha puesto sobre la mesa el problema que viven en la localidad decenas de personas (casi 1.000 según algunas fuentes) que viven en asentamientos de cartón y plástico en los alrededores del municipio.

El paisaje de los campamentos se ha convertido en una imagen habitual en el municipio, pero la pequeña ciudad prefabricada de la que formaba parte el incendiado ya alcanza unas dimensiones preocupantes, sobre todo por las condiciones en las que viven sus habitantes.

Con 28.000 habitantes censados, y varios miles (cifra no aclarada) sin empadronar, en Lepe conviven personas de 63 países distintos, con una tasa de inmigración que supera el 20 por ciento, por lo que resulta difícil de entender que carezca de albergue para transeúntes.

Curiosamente, aunque es uno de los municipios punteros en producción de fresa (Huelva produce el 94 por ciento de toda España), Lepe nunca ha tenido un albergue como tal. Hasta finales de la década de los 90 lo que se usaba como albergue eran unas viviendas conocidas como “pisos de los maestros”, casas heredadas del franquismo en pleno centro que inicialmente se destinaban a garantizar que el maestro “forastero” que llegase al pueblo tuviese un techo sin coste.

Tras ser derruidas y sustituidas por un moderno edificio, el municipio se quedó sin albergue, y hubo que esperar casi una década para ver algo similar, que hoy día no se ha terminado.

Con el año 2003 llegó un pacto de gobierno PP-PA que desbancó al PSOE del Ayuntamiento, y le dio el cargo de teniente de Alcalde al ahora portavoz de la oposición en el PA, Manuel Jesús González. Su primera gestión fue iniciar una serie de contactos con el entonces delegado en Huelva de la consejería de Asuntos Sociales, José Martín (hoy portavoz del PSOE en la Diputación), y de esas gestiones surgieron varios proyectos para la localidad, entre ellos el del albergue.

González entendía que el Ayuntamiento, y así es, no tenía competencias en inmigración, pero sí en servicios sociales, y albergar a los transeúntes que lo precisasen sí era una política local, así que la idea del albergue salió adelante. La Junta le comunicó que aprobaba el proyecto de ayuda, con lo que le daría 300.000 euros que tendría que justificar con el documento de fin de obra. Hasta ahí, todo parecía ir bien. El 7 de febrero de 2008 el Ayuntamiento inició las obras del nuevo Albergue Municipal, justificado entonces “con el propósito de responder a las crecientes necesidades sociales de alojamiento, sobre todo derivadas de la inmigración”, con una inversión de 1,2 millones de euros.

Las obras se levantaron en los terrenos del antiguo matadero de Lepe, en el polígono industrial El Chorrillo, y ocupan una parcela de 7.500 metros cuadrados. El proyecto inicial contempló la reforma y acondicionamiento de un edificio municipal rehabilitado destinado a usos comunitarios donde se ubicaría la cocina, los comedores y los talleres, entre otras dependencias, así como la construcción de un edificio de nueva creación conectado con el anterior por un patio, que estará destinado principalmente al alojamiento. Pero dos años después la obra quedó paralizada.

El 18 de mayo de 2010 el entonces alcalde, Manuel Andrés González (hoy, presidente provincial del PP), pedía ayuda a la Junta de Andalucía para terminar el albergue, y aseguraba que las obras “están a punto de finalizar, pero por el momento económico que está atravesando este Ayuntamiento, el país y el resto de los españoles, no hay capacidad económica para llevar la gestión de un servicio que no es competencia del Ayuntamiento”. “Bastante ha hecho el Ayuntamiento con construir con recursos propios una obra de la envergadura del albergue municipal, y que ha sido costeado prácticamente en su totalidad con recursos propios”, señalaba entonces el edil. En ese momento, Manuel Jesús González ya era de la oposición, y en varios plenos ha reclamado que se dé una explicación sobre los motivos que llevaron a la paralización, ya que siempre ha defendido que el proyecto estaba bien planteado.

Con todo ello, el esqueleto de la obra inacabada del albergue sigue en pie, incluso con la voluntad de una ONG local que ha “adquirido” la responsabilidad de terminarlo y abrirlo, pero la envergadura de la misión hace que, de momento, siga cerrado. Un cierre que no es total, ya que es aprovechado algunas noches para ser ocupado por inmigrantes que encuentran en sus paredes desnudas algunos grados menos que al raso del campo.

Antes del incendio de este lunes, la última persona que habló del tema fue el entonces defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, que instó a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Lepe a llegar a un acuerdo. “Convendría que hubiese un acuerdo entre las administraciones para finalizar la obra, y también decidir qué modelo de albergue es el que debe haberen esta zona de la provincia de Huelva”. Petición que jamás tuvo respuesta.

Estaba claro que el incendio del lunes iba a hacer que este asunto saltase a la arena política, y así ha sido. Este martes, el ahora alcalde de Lepe, Juan Manuel González (PP), se ha remitido al discurso de su antecesor: “El albergue es un tema que no nos compete a nosotros. Es una competencia en materia de inmigración que no tenemos, es de la Junta, mientras que en seguridad es del Estado. Nos ponemos a disposición de la Junta para que lo termine, porque si lo hace el Ayuntamiento es aportando unas partidas que no tiene, desgraciadamente, y cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, y la competencia de inmigración claramente es de la Junta”.

Un campo de fútbol

Y la Junta ya ha respondido. El delegado de Gobernación en Huelva, José Fiscal, defendía que “el alcalde no puede decir que no hay albergue por culpa de la Junta. Ya está bien de engañar a la gente”, para recordar que “el Ayuntamiento recibió una subvención de 300.000 euros y tuvo que devolverla porque no lo construyó, así que no culpen a la Junta”.

Fiscal se retrotrae al Plan-E del último Gobierno de Zapatero, que concedió al Ayuntamiento de Lepe 4,2 millones de euros a fondo perdido, “y que prefirieron gastarse en un campo de fútbol”, sin que nadie del entonces Gobierno central lo impidiese, al ser potestad de cada Consistorio el uso de ese dinero.

Con todo, el paisaje de Lepe en este sentido no ha cambiado un ápice en 15 años: los inmigrantes sin vivienda se construyen sus propias chabolas, y los que buscan un albergue no lo encuentran. A siete kilómetros, Cartaya, pueblo también fresero, y gobernado por un tripartito Independiente-PP-