Siete preguntas sobre el subsidio y la renta agraria a propósito de la reducción de jornales

“Nadie se va a quedar desprotegido del derecho a la renta o el subsidio agrario si las circunstancias de producción son peores porque ha habido una situación meteorológica adversa o de sequía”. Esta frase fue pronunciada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el miércoles 8 de noviembre.

Pero si la fecháramos el 16 de diciembre de 2014 no habría ningún error, porque son las mismas palabras que dijo entonces ante unas circunstancias meteorológicas que mermaron la producción en el campo. En concreto, la cosecha de aceituna fue alrededor de un 50 por ciento menor que la media de los últimos cinco años, lo que se traduce en menos jornales.

Este año, según el último aforo de la Junta de Andalucía, la cosecha de aceituna se reducirá en Andalucía un 15,8% respecto a la campaña 2016-2017, y en la provincia de Jaén, principal productora en más de un 28%. Lo que unido a una mayor mecanización del campo, reduce las posibilidades de trabajar un mínimo de jornales durante la campaña.

De ahí que organizaciones agrarias y formaciones políticas se hayan unido en la petición de reducir el número de jornales mínimos necesarios (de 35 a 20 jornales) para acceder a la renta o subsidio agrario. Ya se solicitó hace unas semanas por el PSOE cuando veía que la sequía avanzaba, y ahora ha anunciado que presentarán mociones en todos los ayuntamientos de la provincia de Jaén para pedir la eliminación del requisito de los jornales, un PER extraordinario y medidas especiales para las mujeres.

Podemos va más allá y plantea la eliminación total del requisito de los jornales de forma general. Y en el PP se limitan a asegurar que ya tienen el compromiso del Ministerio de Empleo.

No es la primera vez que se ha hecho, ya ocurrió en 2013 y de nuevo en la campaña 2014/2015. El problema es que en 2014, hubo que esperar más de dos meses, desde el 16 de diciembre de 2014 cuando lo anunció la ministra hasta el 27 de febrero de 2015, para que el Gobierno aprobase la reducción. Cuando ya el daño estaba hecho y muchos de esos jornaleros se quedaron sin el mismo, y después de muy variadas protestas como la de los alcaldes socialistas de la provincia de Jaén que llegaron incluso un día a dormir a las puertas de La Moncloa.

Antonio Marcos, secretario general de UGT FICA Jaén, cree que no se puede jugar con la incertidumbre de las personas, y el problema tiene que resolverse ahora. “Que se dejen de anuncios y que realmente eliminen las jornadas mínimas obligatorias y se aprueben fondos adicionales para el PFEA (antiguo PER)”.

Peonadas mínimas, subsidio agrario, renta agraria, PFEA o PER son términos que se repiten año a año en el sector del empleo agrario, pero continúa habiendo muchas dudas y desconocimiento al respecto, que incluso llegan a la descalificación desde fuera de Andalucía o Extremadura, hablando de un mercado de trabajo subsidiado.

1. Pero, ¿qué es el subsidio o la renta agraria?

Se trata de una prestación por desempleo para los trabajadores eventuales incluidos en el Sistema Especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios de la Seguridad Social que residan en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Se puede solicitar después de agotar la prestación por desempleo, pero para ello son necesarios una serie de requisitos.

2. Diferencias entre subsidio agrario y renta agraria

Para poder solicitar ambos hay que vivir en Andalucía o Extremadura y estar dado de alta como demandante de empleo.

El subsidio agrario surgió en 1984. Para solicitarlo se debe al menos haber cotizado un mínimo de 35 jornadas durante los doce meses anteriores a su situación de desempleo. Acreditar que no se tienen rentas ni ingresos que superen el Salario Mínimo Interprofesional anual excluyendo dos pagas extraordinarias, que para este año 2017, la cantidad sería de unos 8.500 euros anuales. Si el trabajador convive con más personas deberán sumarse todas las rentas y éstas no podrán superar unos topes.

Una vez concedido se recibiría durante seis meses el 80 % del IPREM para el año 2017, es decir 430 euros, a los que hay que descontar el llamado sello agrario de 87 euros, que es obligatorio pagarlo durante todo el año se trabaje o no.        

Existe un subsidio agrario especial para mayores de 52 años. Para ello además de tener la edad, se debe haber cotizado al subsidio agrícola y haberlo recibido durante los últimos cinco años de forma ininterrumpida antes de la solicitud. Para éste no hay requisitos de peonadas mínimas.

En lo que se refiere a la renta agraria, surgió en 2003 tras las protestas que se produjeron al decretazo del Gobierno del PP, en 2002. Coincide con el subsidio agrario en que son necesarios como mínimo acreditar 35 jornales, aunque en esta ocasión no sirven los que se puedan realizar dentro del Plan de Fomento del Empleo Agrario, como en el caso del subsidio.

Las condiciones son más duras, ya que para poder solicitarlo hay que haber estado empadronado en Andalucía o Extremadura un mínimo de 10 años y no haber sido beneficiario del subsidio por desempleo agrario en alguno de los 3 años anteriores a la solicitud. En este caso tiene como ventaja que si se acreditan más jornales se puede recibir una mayor cuantía entre 430 y 574 euros durante seis meses, menos los 87 euros del llamado sello. Lo que al año se traduce entre 2.536 euros y 2.400 euros.

Hay que tener en cuenta que el estar cobrando el subsidio o la renta agraria es incompatible con la realización de cualquier trabajo, incluso por cuenta propia. Por lo que si se encuentra un empleo hay que comunicarlo para suspender el cobro, en caso contrario sería sancionado.  

3. ¿Por qué solo en Andalucía y Extremadura?

El subsidio agrario se creó para reducir las elevadas tasas de paro que existían en 1984 en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Entonces el 75% de los jornaleros españoles residían en esas dos comunidades.

4. ¿Cuántas personas se benefician de estas prestaciones?

En 2013 había de media un total de 202.854 beneficiados de subsidio y renta agraria en Andalucía y Extremadura. En 2017, según fuentes de SEPE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) eran 192.005 las personas beneficiadas por estas prestaciones.

La medida de rebajar de 35 a 20 el mínimo de jornales cotizados para poder acceder al subsidio o la renta agraria podría beneficiar a más de 50.000 jornaleros de Andalucía y Extremadura, en unos momentos en los que la campaña está resultando especialmente perjudicial para el olivar. En la provincia de Jaén unas 109.000 familias dependen directamente del olivar y la propia Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha cifrado en unos 700 millones de euros las pérdidas en el campo por la sequía. Pero para ello, deberá aprobarse el correspondiente decreto por parte del Consejo de Ministros.

La falta de jornales afecta especialmente a las mujeres, que desde hace años son relegadas frente a la mano de obra masculina y les es más difícil conseguir un mínimo, y a los menores de 26 años, que necesitan un mínimo de 53 peonadas para poder acceder a la renta agraria.

En 2016, el 12,06% de las denegaciones de la solicitud de la renta o el subsidio agrario, unas 90 solicitudes,  se debieron a no poder justificar las 35 jornadas reales trabajadas en los últimos 12 meses. Hay que tener en cuenta que la sequía fue menor, y campañas como la de la aceituna fueron buenas.

5. ¿Existe realmente mucho fraude?

Según Antonio Marcos, los últimos años se ha reforzado y multiplicado la vigilancia sobre el llamado fraude en el cobro del subsidio o la renta agraria. Hechos como la compra venta de jornales para poder acceder al mismo están muy vigilados y sancionados por la Inspección de Trabajo que es “exhaustiva” al pedir a los empresarios que justifiquen las personas contratadas para las campañas.

6. ¿Qué supone para el Estado el subsidio, la renta agraria?

El gasto del Estado para el pago de estas prestaciones también se ha ido reduciendo en los últimos años. Así si en 2013 supuso un total de 1.031 millones de euros, y en 2016 fue de 993 millones.

Además, respecto del total de las prestaciones por desempleo (17.700 millones de euros), el subsidio agrario y la renta agraria supusieron en el año 2016 el 5,33% del gasto total y el 9,83% de beneficiarios. 

7. ¿Qué es el PFEA o PER?

El llamado PER (Plan de Empleo Rural), ahora Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), es un programa de inversiones para el mundo rural en cuya financiación colaboran las administraciones central, autonómica, provincial y los ayuntamientos que se benefician del mismo. Se puso en marcha en 1986 y desde entonces ha permitido invertir en obras de interés general y social en toda Andalucía, la contratación de cientos de miles de trabajadores y millones de jornales.

El Estado subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales, cuyo importe asciende al 60% del coste total de la subvención. Por su parte, las diputaciones provinciales y la Junta de Andalucía, subvencionan el 40% de esa cantidad, que se corresponde con el coste de adquisición de los materiales necesarios para realizar los proyectos aprobados. De este 40% la Junta de Andalucía subvenciona el 75% de esta cantidad y la Diputación Provincial, el 25% restante.

Esta iniciativa, se traduce cada año en actuaciones en el sector agrícola, ganadero, industrial y de servicios, desde la construcción de dotaciones de equipamientos sociales, parques o jardines, hasta la modernización de regadíos, pasando por la urbanización de polígonos industriales, o el arreglo de calles.

En 2017, Andalucía recibirá 152.144.338 millones de euros del Estado para estas inversiones que se reparten entre las ocho provincias. Los fondos destinados a subvencionar la contratación por los ayuntamientos de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en obras de interés general y social se reparten así: Almería 8,7 millones; Cádiz, 16 millones; Córdoba, 23,3 millones; Granada, 20,6 millones; Huelva, 12,6 millones; Jaén, 19,4 millones; Málaga, 16,9 millones, y Sevilla, 34,3 millones.