Cincuenta aniversario de Palomares con el archivo de la investigación por radioactividad
Ni “desinterés” ni “inactividad”. El fiscal de medio ambiente, Antonio Colmenajero, archiva la investigación de la radioactividad en Palomares (Almería) alegando que la administración pública ha llevado a cabo “numerosas actuaciones” desde 2004 “para dar una solución definitiva a la retirada y traslado de las tierras contaminadas por el accidente ocurrido en 1966”.
La Fiscalía General del Estado rechaza así la investigación de la contaminación que permanece en la localidad almeriense desde que dos aviones del ejército estadounidense colisionaron en plena Guerra Fría y cuatro bombas cayeron sobre el municipio el 17 de enero de 1966. Es decir, hace justo cincuenta años. Según un estudio llevado a cabo por el Gobierno español en 2008, todavía quedan 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con medio kilo de plutonio de los nueve que llegaron a caer sobre Almería.
Por esa razón, Ecologistas en Acción presentó el 30 de junio de 2015 una denuncia por “delitos continuados contra los recursos naturales y el medio ambiente” por parte de la Administración pública, señalando tanto al Gobierno, como al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y al Consejo de Seguridad Nuclear. La Fiscalía entiende que no se puede atribuir responsabilidad penal ni imputarles “conductas realizadas (o dejadas de realizar) por otras personas hace varias décadas que, en cualquier caso, estarían prescritas”.
Durante cincuenta años, la lluvia, el viento, la agricultura y la construcción han contribuido a dispersar la radiación, según detalla la denuncia de los ecologistas: “sólo queda medio kilo de plutonio, el resto se ha esparcido y se sigue esparciendo por el sureste peninsular por efecto de las lluvias y los vientos”. El Ciemat tiene localizado medio kilo de plutonio, pero aún quedan más de seis kilos “que se han diseminado por mar y tierra”. Añaden además que “en el mar se sigue ocultando que existe radiactividad y en consecuencia no se ha adoptado ninguna medida para paliar sus efectos”.
La organización ecologista destaca en su denuncia el “desinterés e inactividad de las administraciones para resolver el problema, mientras los agricultores, ganaderos, consumidores y obreros de la construcción se contaminan con plutonio y americio”. En este sentido, la Fiscalía subraya que se han restringido los usos del suelo contaminado tanto en el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense, de febrero de 2009, como en el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, aprobado en mayo de 2015.
Según el fiscal, quedan excluidos “del desarrollo urbanístico los terrenos afectados por la contaminación radiológica”, recordando además que hay tres sentencias en contra de los proyectos de “reparcelación y urbanización” que había aprobado el Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora, municipio al que pertenece la localidad de Palomares.
Según Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, “la fiscalía ha desestimado nuestra querella, alegando que el Gobierno ha hecho numerosas actuaciones desde 2004, pero lo cierto es que hasta 2011 no se empezaron a tomar las medidas adecuadas para proteger a la población, vallando los terrenos contaminados”. Castejón subraya además que “no resulta descabellado que la contaminación haya salido fuera de la valla, por lo que habría que hacer catas fuera de las vallas y ver cuánto plutonio es admisible dejar sobre la tierra”.
Un acuerdo de descontaminación confidencial y no vinculante
Entre la denuncia y su archivo, Estados Unidos se ha vuelto a comprometer por enésima vez a retirar los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada por el medio kilo de plutonio. John Kerry aseguró en octubre de 2015 ante su homónimo de asuntos exteriores español, José Manuel García-Margallo, que Estados Unidos depositaría las tierras contaminadas en “un emplazamiento adecuado” de su propio país. Lo hizo con un acuerdo secreto y no vinculante, que dejó muchas dudas tanto a los ecologistas como a las administraciones locales. Según el Ciemat, la factura debería ascender a los 30 millones de euros y debería incluir colocar carpas sobre la zona restringida y despresurizarla, almacenando la tierra en bidones y transportándola en barco hasta un almacén nuclear en el desierto de Nevada.
Cuando se firmó el acuerdo, Antonio Fernández, alcalde de Cuevas de Almazora, le mostró a este diario su preocupación por la repercusión económica que pudieran tener sobre la zona los futuros trabajos de descontaminación. “La prioridad es la limpieza, pero nos preocupan esos años de trabajo con agentes con traje blanco y mascarilla paseando por aquí. Esto es una zona turística, cuya imagen va a sufrir un deterioro, así que espero que el acuerdo incluya medidas compensatorias”, destacaba.
De cara al trágico aniversario, los ecologistas solicitan que se hagan públicos los detalles del acuerdo entre España y Estados Unidos, que se evacúen las tierras por los puertos más cercanos (sin tener que construir nuevas infraestructuras, como ya se ha insinuado) y que se compense a las pedanías de Palomares y Villaricos, que se han visto sometidas a revisiones periódicas y que “han tenido que ver como su tierra era tristemente famosa por la contaminación y sus productos eran estigmatizados”.
150 personas siguen pasando controles de salud anuales y la radiación, según un estudio del Centro de Seguridad (CSN), 100.000 becquerelios, es 20 superior de lo que el CSN considera aceptable para una población.
