2018: las lluvias rescatan el medio ambiente andaluz de un año negro
La vida brotó con fuerza en Doñana. La temida sequía se detuvo en seco ante las abundantes lluvias primaverales. El lince ibérico sigue caminando paso a paso hacia su salvación (han fallecido 27 linces atropellados en 2018, han nacido 125 y se calcula que hay ya 650 ejemplares): por primera vez en un siglo, el felino más amenazado del mundo, fue visto en Cataluña. Y, por fin, la ley de cambio climático vio la luz en el Parlamento de Andalucía. Por unanimidad.
El medio ambiente en Andalucía se ha tomado un pequeño respiro este 2018. Tras un 2017 negro, en el que el gran incendio de Doñana y las sequías presagiaban lo peor, la abundancia de lluvias durante la primavera han amortiguado algunos de los grandes males de nuestros ecosistemas.
Así, y aunque de una manera “desigual”, la vegetación se ha recuperado y ha rebrotado en las 8.500 hectáreas arrasadas por el fuego en el fatídico verano de 2017. Las tareas de reforestación en otoño han reforzado dicha recuperación con especies mediterráneas y más resistentes al fuego.
1.000 pozos ilegales secan Doñana
Sin embargo, no todo han sido buenas noticias desde uno de los espacios protegidos más importantes del país. La espectacularidad de las llamas tapó, en cierta medida, el que sigue siendo el talón de Aquiles del espacio protegido: la sobreexplotación de sus aguas subterráneas. Esas que alimentan los ecosistemas donde habita la rica fauna y flora de Doñana.
Un informe del Ministerio de Medio Ambiente alertaba, una vez más, “el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en el acuífero detrítico, de mantenerse comprometería su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que de él dependen”. Cinco antes advirtió exactamente lo mismo. Más de 1.000 pozos ilegales de regadíos repartidos por 1.500 hectáreas esquilman el agua que sostiene la vida en Doñana.
La sobreexplotación de los acuíferos, el polémico gasoducto o el dragado del Guadalquivir o la falta de conejo, la base alimenticia de especies protegidas como el águila imperial o el lince ibérico, siguen siendo las grandes amenazas que cercan Doñana.
Parlamento Europeo y Unesco vigilan Doñana
Tanto la Unión Europea, como la Unesco vigilan de cerca lo que ocurre en el espacio protegido. En el mes de septiembre, el Parlamento Europeo envió una misión de diputados para revisar la “seria” situación que atraviesa el parque. Está previsto que en febrero, el hemiciclo comunitario emita una serie de recomendaciones al Gobierno de España.
El gabinete de Pedro Sánchez le entregó a principios de mes un informe a la Unesco, que llegó a dar un ultimátum a España para que tomara medidas, bajo la amenaza de incluir Doñana en su lista negra de patrimonio en peligro. Meses después, tras maniobras diplomáticas españolas, suavizó su amenaza.
Mientras tanto, otro espacio protegido, la Sierra de las Nieves, está a punto de convertirse en el cuarto parque nacional de Andalucía, convirtiéndose así en la comunidad autónoma (sin contar Canarias) con más espacios de este tipo.
2018 fue el año de una triste efemérides: el 25 de abril de 1998 reventó la balsa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), regando más de 60 kilometros de naturaleza con sus aguas contaminadas con ácidos, metales y otros residuos peligrosos.
Las minas andaluzas preocupan a los ecologistas
Los principales grupos ecologistas, que cifran el desastre en 200 millones de euros, recordaban en las vísperas que la rotura de la balsa de residuos de la multinacional Boliden en la minas de Aznalcóllar liberó al cauce del Guadiamar 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y 1,5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, con un alto contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos. Envenenó la llanura de inundación del río Guadiamar en más de 60 kilómetros y llegó al espacio natural de Doñana“.
A las organizaciones ecologistas les sigue preocupando la actividad minera que la Junta de Andalucía ha vendido como la minería sostenible del siglo XXI. Desde WWF creen que “Aznalcóllar se podría repetir. Si se reabre la mina en las condiciones que se habla, Doñana vuelve a tener una espada de Damocles inaceptable”. Y es que, según los científicos, el 9% de aquellos residuos sigue contaminado.
Sin embargo, la mina que más preocupa a los grupos verdes la de Riotinto, “porque hay diez veces más lodo que en Aznalcóllar”. El Tribunal Superior de Justicia anuló la autorización ambiental de las minas de Riotinto en el mes de septiembre por haber obviado la “exposición pública”. La Junta recurrió el fallo ante el Tribunal Supremo.
Precisamente desde el Tribunal Supremo se obliga a otra mina, la de Cobre Las Cruces, a pagar 1.2 millones de euros por detraer agua para el consumo humano del área metropolitana de Sevilla y Aljarafe para épocas de sequía. Ratifica así la multa que le impuso el Consejo de Ministros y que la mina había recurrido.
También en los tribunales prosigue el caso del Cártel del Fuego, la supuesta asociación mafiosa de varias empresas aeronáuticas, que se ponían de acuerdo para manipular los concursos públicos de lucha aérea contra el fuego. La trama, con ramificaciones en Andalucía, ha salpicado también a los servicios sanitarios de urgencias y, según una investigación de este diario, la lucha aérea contra incendios forestales de este grupo de empresas se ha cobrado la vida de 18 pilotos y otras nueve personas desde el año 2000.
Los vertidos de los fosfoyesos de Huelva
Las balsas de fosfoyesos de Huelva, que acumulan residuos peligrosos y radioactivos, siguen contaminando el entorno natural y urbano de la capital onubense. Greenpeace y la Mesa de la Ría denunciaron que el temporal Enma había puesto al descubierto “los graves fallos” de seguridad de unas balsas que acumulan al aire 120 millones de toneladas. El patronato químico negaba la mayor, a pesar de las imágenes.
Se trata de unos de los grandes problemas ambientales de Andalucía que llevan enquistados desde hace años. Como el Hotel Algarrobico. El 2018 tampoco fue el año en el que vimos cómo se derriba el gran símbolo de la destrucción del litoral español. Según las previsiones de Greenpeace, con todas las administraciones remando ya en la misma dirección, el complejo hotelero ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata (Almería), debería caer en menos de cuatro años.
