El año en que los ERE cambiaron (varias veces) de manos y el caso Aznalcóllar no fue caso
El quinto año de instrucción del caso de los ERE fue el que no tuvo dueño. Del Tribunal Supremo al juzgado de Sevilla de vuelta pero con nuevo instructor y distinta titular, pasando por el TSJA, la macrocausa más mediática en los últimos años en Andalucía sigue sin ser, como dicen los juristas, cosa juzgada. No solo eso, sino que la causa se ha empezado a dividir en parte y los dirigentes andaluces ya están todos juntos en una de las piezas, precisamente una de las que ya está dirigiendo el hasta ahora refuerzo de la jueza Alaya, Álvaro Martín.
La jueza María Núñez Bolaños, que ocupó en primavera el puesto de Alaya, ascendida a la Audiencia de Sevilla, unificó recientemente la 'pata política' de la causa incoando diligencias previas contra 52 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, continuando la instrucción de forma separada respecto al denominado 'procedimiento específico' por el que se concedieron las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas que se vienen investigando desde hace casi cinco años, y por la que ya han declarado durante este año los entonces aforados, en el Supremo y en el TSJA. mientras la causa bailaba en Sevilla entre dos juezas.
A pesar de que el alto tribunal andaluz con sede en Granada no tuvo pronunciamiento alguno, el Supremo imputó un delito de prevaricación a Chaves, Griñán y Zarrías (Viera suma presunta malversación) tras prestar declaración en Madrid. El juez Barreiro analizó el sistema de ayudas socio-laborales que la Junta concedió a empresas y particulares entre 2000 y 2010, relatando cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.
En relación al perjuicio económico ocasionado a la Administración andaluza, el magistrado consideró que no se podrá valorar con exactitud a hasta pasados unos años. Este año trascendía también que el Ministerio de Empleo establecía el año anterior de forma expresa que las ayudas sociolaborales están exentas de publicación y concurrencia y se otorgan “en régimen de concesión directa”, una cuestión en la que trabajan varias defensas y que puede ser una nueva circunstancia a abordar a partir de ahora en la instrucción. Así lo dejó entrever el principal imputado, Francisco Javier Guerrero, que en 2015 también protagonizó su particular regreso a los juzgados.
El archivo de la mina
Hasta finales de año tuvo que esperar el denominado 'caso Aznalcóllar' para, provisionalmente, dejar de serlo. La que fue “mina de la oposición”, como recordamos en este periódico, fue uno de los argumentos para dilatar la investidura de Susana Díaz, pedir luego reiteradamente su comparecencia y amenazar con una comisión de investigación. La denuncia en torno a la adjudicación del yacimiento, con un duro primer auto por parte de la jueza instructora y unas conclusiones de investigación bastante más suaves, ha sido uno de los mantras más repetidos contra la gestión de la Junta hasta el archivo provisional de la misma, confirmado este diciembre por el propio juzgado a la espera de la última palabra de la Audiencia de Sevilla.
La Junta se mantuvo firme durante toda la instrucción, en los juzgados y en sede parlamentaria, argumentando que no iba a ser tan torpe como para pretender engañar en un concurso pionero en el ámbito internacional, más si cabe después de que los ojos se hayan centrado en este tipo de gestión interna a raíz, precisamente, del caso ERE. La cuestión es que la jueza pasó de decir en mayo que no observaba “el más mínimo rigor en la actuación de la administración” a no apreciar “indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas” en el auto de archivo provisional, donde señaló que “el procedimiento observado ha sido el correcto”.
Continúa la batalla en el Constitucional
También en lo judicial, pero relacionado igualmente con lo político, el Gobierno de Andalucía y el Estado elevaron hasta 16 los conflictos entre ambas administraciones en el Tribunal Constitucional (TC). El último, contra preceptos de dos leyes estatales que modifican las de financiación autonómica y la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El Gobierno central ha contado con más 'suerte' en lo resuelto durante la legislatura, con inclinación clara de la balanza hacia el ejecutivo de Mariano Rajoy.
También en el ámbito judicial andaluz, a primeros del año nuevo se concretará formalmente la renovación de Lorenzo del Río, “el hombre tranquilo”, sin rival para seguir al frente del TSJA cinco años más.
Lejos de los focos de la prensa, a veces hay historias reales, más cotidianas, que también conviven con la Justicia. Este año, dos casos cuya trascendencia pública coincidió en el tiempo, nos invitaron a cierta reflexión sobre las resoluciones judiciales, por muy “investigados” que sean ahora los hasta ahora los políticos “imputados”. Hablamos de la salida de prisión anticipada de un condenado por maltrato continuado y la entrada en la cárcel, salvada in extemis, de un joven por el hurto de una bicicleta hace siete años.
