Andalucía necesita un plan

Los trabajadores y las trabajadoras llevamos ya muchos años soportando los efectos de una doble crisis. La primera se inició en 2008 e impactó directamente en el empleo, lo que unido a la reforma laboral de 2012, -que ya es historia-, provocó una devaluación salarial y una merma muy importante del poder adquisitivo de la mayoría social. Y cuando empezaba a vislumbrarse la salida de la primera, llegó la segunda en forma de pandemia, paralizando la economía a nivel global. Pero en esa ocasión, Europa y Gobierno central tomaron un camino diferente a los recortes e imposiciones que habían sido la nota predominante en la primera y, gracias a ello, se sentaron las bases, desde el diálogo social en el caso de España, para forjar un escudo social que ha permitido salvar miles de empresas y puestos de trabajo, además de evitar un drama social. El problema es que la popular frase de “no hay dos sin tres” se ha cumplido debido a la invasión de Ucrania y a su terrible guerra, justo cuando pensábamos que estábamos en un momento clave para avanzar; disparando la inflación y limitando, una vez más, la capacidad de compra al repercutir las empresas ese encarecimiento en una subida de los productos y servicios, mientras los salarios no suben y cada día, por la subida de los precios, sufren una constante pérdida de valor y de poder de compra.

Pero la guerra de Ucrania y la elevada inflación no pueden ser nuevas excusas para asfixiar otra vez a la clase trabajadora. La inflación, el paro y la precariedad no pueden hacer una Andalucía de segunda y nuestra tierra no puede quedarse atrás con la modernización que se está dando en el mundo del trabajo, de las tecnologías, de la innovación, de la digitalización, del respeto al medio ambiente, o de la igualdad.

Tampoco pueden seguir instaurados los andaluces y andaluzas en la precariedad laboral y que Andalucía siga ostentando el triste récord del paro o la siniestralidad laboral. 

El diálogo tiene reglas, es proponer, debatir y alcanzar consensos que se alejen de la imposición y la política espectáculo que no resuelve los problemas que tienen las personas en Andalucía.

El Gobierno andaluz acaba de estrenar legislatura pero no es nuevo, por lo que desde su atalaya de mayoría absoluta tiene la oportunidad de subsanar errores importantes y desequilibrios preocupantes para los intereses del mundo del trabajo basados en una política de imposición y de deterioro constante de elementos esenciales como los servicios públicos.

Si el presidente de la Junta de Andalucía de verdad quiere que nuestra tierra lidere la recuperación, que seamos referencia en servicios públicos y gobernar para los 8,5 millones de andaluces y andaluzas, como dijo la noche electoral, tiene que hacer efectiva y tangible la política del diálogo social, porque es una función clave equilibradora para un gobierno; y ese diálogo hay que concretarlo porque, si no, es tertulia. El diálogo tiene reglas, es proponer, debatir y alcanzar consensos que se alejen de la imposición y la política espectáculo que no resuelve los problemas que tienen las personas en Andalucía.

Unos problemas que tienen tres grandes raíces en materia laboral; el paro, los bajos salarios y la precariedad. Y ser andaluz y defender Andalucía se hace ejerciendo competencias y no solo diciéndolo en un acto de escenificación de toma de posesión. Por eso, desde CCOO de Andalucía emplazamos al presidente de la Junta a que en la nueva legislatura, su gobierno se dedique a defender Andalucía y a quienes vivimos en ella con una política de diálogo que aterrice en los problemas de los trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, en su solución. Con la puesta en marcha de un plan urgente para amortiguar el impacto de la subida de los pecios, negociado previamente con los agentes económicos y sociales y que, irremediablemente, contenga medidas que atajen la precariedad, especialmente en materia de siniestralidad e impulse la subida de salarios en las empresas, imponiendo mejores condiciones en los contratos públicos, o condicionando toda ayuda a la mejora/aumento de salarios, porque sin duda esa es la base de la mejora de la vida de las personas trabajadoras y por ende de la economía en su conjunto. 

La bajada de impuestos anunciada en el discurso de investidura, bajo el objetivo de proteger a las familias, puede ser un arma de doble filo que suponga un daño irreparable a futuro en los servicios públicos.

Medidas que han de tener como objetivo, asimismo, paliar los efectos de la subida del coste de la vida, a través, por ejemplo, de actuaciones como el incremento de los beneficiarios de la Renta Mínima; la recuperación del complemento a las personas en ERTE; el bono social que alivie la factura energética complementando el estatal; medidas para acelerar la soberanía energética; la ampliación del parque de vivienda público; favorecer el alquiler para jóvenes y familias vulnerables; el aumento de becas, o la bajada de tasas universitarias o bonificaciones al transporte público, entre otras.

En cambio, la bajada de impuestos anunciada en el discurso de investidura, bajo el objetivo de proteger a las familias, puede ser un arma de doble filo que suponga un daño irreparable a futuro en los servicios públicos; sobre todo, cuando no se ha explicado el impacto concreto por familia o persona trabajadora, porque un euro más en el bolsillo del trabajador o trabajadora no le supone nada, pero 8,5 millones de euros en las arcas públicas supone mejoras incalculables para el conjunto de la sociedad, especialmente en los servicios públicos, que son los garantes de la igualdad de oportunidades. 

Y CCOO defenderá los derechos de las personas trabajadoras en su doble faceta, laboral y de ciudadanía.