Espadas negocia con sindicatos y alcaldes un plan contra el colapso sanitario para forzar a Moreno a pactar con el PSOE

El PSOE andaluz ha agarrado por el cuello el discurso de defensa férrea de la sanidad pública, sobre el que perfila su principal línea de estrategia electoral, y no está dispuesto a soltarlo. El secretario general y candidato de los socialistas a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, abrirá esta semana un diálogo social paralelo al del Gobierno de Juan Manuel Moreno: primero con los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT- y después con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

La idea oficial es sumar sus propuestas y reivindicaciones al “plan de choque contra el colapso de la sanidad pública” que el PSOE ha propuesto a la Junta, de momento con poco éxito. La idea oficiosa es presionar a Moreno con el respaldo de sindicatos y alcaldes para obligar al presidente a sentarse a negociar con el líder de la oposición.

Es una nueva oportunidad para que Espadas luzca el traje de “oposición responsable y útil” frente al Gobierno de PP y Cs, después del fracaso de la negociación presupuestaria, que se saldó con las cuentas de 2022 paralizadas por el Parlamento andaluz con el rechazo en bloque de toda la oposición. Las relaciones entre el Ejecutivo de Moreno y las organizaciones sindicales son “frías” o “inexistentes”, desde que el presidente de la Junta decidió negociar preferentemente con los empresarios y los principales actores productivos de la región “el decreto más importante de la legislatura”: el decreto ley de simplificación administrativa, una norma que ha modificado de una tacada 80 leyes de una docena de materias: desde política urbanística y medioambiental hasta agricultura, educación y horarios comerciales.

Espadas ha adelantado este lunes que el PSOE ultima un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley, tramitado por la vía de urgencia y sin fiscalización previa del Parlamento [los mismos argumentos con los que recurrió la primera norma de simplificación]. “Tenemos un primer informe jurídico que nos dice que el decreto ley es susceptible de recurrir ante el Constitucional, lo haremos si confirmamos que hay elementos de peso para ello”, ha explicado.

El líder socialista ha denunciado que Andalucía vive “el mayor colapso de la sanidad pública”, amenazada por el repunte de contagios por Covid de la sexta ola y un aumento en la tasa de hospitalizados que supera ya el registro de la quinta ola. Espadas pregunta a Moreno “por qué sobra dinero público -la Junta ha cerrado el ejercicio 2021 con superávit- y sin embargo faltan recursos en la sanidad pública”. La Consejería de Salud admite que la situación de los centros de atención primaria está “desbordada”, y que necesita más personal, por eso el pasado diciembre envió una circular solicitando el reenganche voluntario de médicos y enfermeros jubilados [aunque sólo se ha reincorporado un facultativo de los 2.000 que esperaba recibir la Junta].

Con este escenario, el líder de la oposición ha escrito una carta al presidente de la Junta pidiéndole audiencia para pactar entre PP y PSOE un plan de choque “urgente” con una inversión extraordinaria para la sanidad pública “que trascienda la situación específica de la pandemia de coronavirus”. El plan tiene cinco ejes: una financiación adaptada a las necesidades del Servicio Andaluz de Salud (SAS), principalmente un plan de equiparación salarial de los sanitarios andaluces con la media por comunidades, un proyecto de estabilización de la plantilla y una mejor definición de la carrera profesional, todo ello “con la participación de los sindicatos”; un plan de refuerzo de la Atención Primaria, a partir de la hoja de ruta planteada en el consejo interterritorial de Salud para 2022-2023.

Espadas reclama aquí una modificación presupuestaria que inyectaría 400 millones más; un plan de atención a la Salud Mental que cubra los déficit actuales; y un diagnóstico de “los fallos del sistema que ha descubierto la pandemia”, que pasaría por “robustecer la red de alerta y los servicios de inspección”, contando con las indicaciones de los ayuntamientos.

El líder de la oposición espera abordar este asunto directamente con el presidente de la Junta, como ya hizo con su fallida propuesta de negociación presupuestaria. Moreno no está por la labor. De hecho, el fracaso de los Presupuestos de 2022 representó para el líder popular un antes y un después en su relación con el PSOE, del que “ya no espera nada”. El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha emplazado a Espadas a reunirse “cuando quiera” con el consejero de Salud, Jesús Aguirre. El dirigente socialista se reunirá esta misma semana con la líder andaluza de CCOO, Nuria López, posteriormente con la de UGT, Carmen Castilla, y finalmente con el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, para perfilar su propuesta de plan de refuerzo de la sanidad. El verdadero interlocutor es Moreno, a quien quiere presionar abriendo un diálogo paralelo con los agentes sociales y contando con el peso del municipalismo, donde el PSOE tiene su mayor fortaleza.

Los socialistas van a reclamar la comparecencia del presidente en la Diputación Permanente, órgano que suple las funciones del Pleno en el Parlamento durante enero, que es un mes inhábil. Espadas exige explicaciones a Moreno y, como última “consecuencia” a la falta de diálogo, sopesa pedir la dimisión de Aguirre por la “falta de previsión” ante el colapso que sufren los centros de salud, las listas de espera, la paralización de pruebas diagnósticas y operaciones no esenciales, y el desvío de pacientes a la sanidad privada. “El Gobierno andaluz se ha ido de vacaciones de Navidad y los andaluces se han tenido que buscar la vida, comprando sus test de antígenos, acudiendo por su cuenta a clínicas privadas...”, dice.

En el vértice de las críticas de los socialistas sigue la no renovación de los 8.000 sanitarios de refuerzo para la pandemia, cuyo contrato expiró el pasado septiembre. Otros 12.000 fueron prorrogados hasta finales de marzo, aunque ahora el PSOE pone en duda que vayan a continuar. La sanidad se ha convertido en la principal arena política de una campaña electoral que oficialmente no ha arrancado, pero que en la práctica ya está a pleno rendimiento.