A la espera de lo que decida Bruselas sobre el aplazamiento en el cumplimiento del ajuste del déficit español, el Gobierno andaluz es moderadamente optimista. Está convencido de que en su actual situación política, con el referéndum catalán y el caso Bárcenas encima de la mesa, el presidente Mariano Rajoy es consciente de que no puede mantener abiertos tantos frentes a la vez. Lo que abre una ventana de esperanza para la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se anuncia para la próxima semana. Allí se empezará a debatir sobre cómo repartir la revisión del cumplimiento del déficit que se espera de Bruselas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Así interpretan en el Consejo de Gobierno que preside José Antonio Griñán la benevolencia de las últimas intervenciones públicas del ministro Cristóbal Montoro: “El tono ha cambiado, ahora es bueno”, analiza uno de sus consejeros. Dicen, que incluso en sus relaciones a puerta cerrada, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas “no deja de contestar una llamada”. Estas fuentes del Gobierno andaluz aseguran que ocurre lo mismo al más alto nivel: “En sus últimas reuniones y conversaciones, el tono entre Rajoy y Griñán ha cambiado, ahora es razonable”. La conclusión para el Gobierno Griñán no puede ser otra: “ahora un enfrentamiento con Cataluña y Andalucía a la vez es imposible”.
Así pues la consejera de Hacienda andaluza, Carmen Martínez Aguayo, acude a la mesa de negociación con el ministro Montoro y el resto de consejeros de hacienda autonómicos con un mensaje muy claro de su presidente Griñán: “Andalucía no va a recortar más, sería absurdo con la que está cayendo. Andalucía tiene que ajustar en ingresos”, dicen desde la Junta.
Con la recaudación en caída libre como consecuencia del desplome del consumo (la principal vía de ingresos directos de las comunidades autónomas es a través del IVA y los llamados impuestos especiales, que gravan hidrocarburos y tabaco), la dependencia del reparto del dinero desde Madrid es cada día mayor para las comunidades autónomas. En ese contexto, el reparto entre las distintas administraciones de la revisión del objetivo del déficit que haga Bruselas se convierte en una de las principales partidas de financiación con la que contarán este año los gobiernos autonómicos.
Formalmente, Andalucía sostiene que cumplirá con su objetivo de estabilidad para este ejercicio, que es el de no superar un 0,7% de déficit sobre el PIB. Pero si, por ejemplo, en ese reparto de la revisión del déficit, Andalucía pudiera llegar hasta el 1,06% del PIB (que según los cálculos de la Junta es lo que le correspondería si el ministro Montoro se atuviese a la Ley de Estabilidad Presupuestaria), eso supondría que el Gobierno de Griñán dispondría de 1.500 millones de euros más para este año.
Un dineral en las actuales circunstancias de financiación. Pero en la Junta saben que es casi imposible que esa sea la cifra que les corresponda. Aun así, parece que Rajoy empieza a aceptar el argumento andaluz de que no es posible aplicar la política del café para todos, de que el reparto del esfuerzo presupuestario entre las comunidades debe tener en cuenta la situación específica de cada cual y el esfuerzo ya realizado. “No vamos a aceptar una consolidación fiscal indiscriminada”, dijo el miércoles Aguayo en el Parlamento Andaluz mientras Montoro decía en el Congreso de los Diputados que negociará “con las comunidades autónomas la adecuación a la nueva senda de déficit Público”.
El Gobierno andaluz ya tiene preparados sus argumentos para defender que Andalucía ya ha cumplido por encima de lo que su deber le exigía (a pesar de que formalmente el año pasado sobrepasase el objetivo de déficit en medio punto alcanzando el 2,2% del PIB). La Junta entiende que, por tanto, ha llegado la hora de “reequilibrar los esfuerzos para que no sigan aportando más los más pobres y menos los más ricos”.
Eso fue lo que la consejera Carmen Martínez Aguayo explicó la semana pasada en una reunión a puerta cerrada mantenida en la sede sevillana de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Conseguir su apoyo para presionar al gobierno Rajoy forma parte de la estrategia pergeñada por la Junta, que busca generar un lobby andaluz, y alianzas con otros gobiernos autonómicos en parecida situación como el de Canarias.
Según fuentes de la CEA, Aguayo parte de que Andalucía, con un 18% de la población, un 14% del PIB nacional, un 16% del déficit, y un 11% del endeudamiento total de las CCAA, ha cargado en cambio con el 21% del total del ajuste fijado en el Plan Económico Financiero para las CCAA dictado por Montoro para el año 2012.
Más aún, Aguayo, cuentan los empresarios, basa su estrategia en relacionar el esfuerzo con el número de habitantes de cada comunidad autónoma. Así, la consejera defenderá en la gigantesca mesa del CPFF que con un déficit por habitante un 12% menor que la media y un endeudamiento por habitante un 38% más bajo que la media de las CCAA, Andalucía ha realizado un sacrificio muy superior al de la mayoría de las comunidades.
Así, con 449 euros de ajuste por habitante, Andalucía está por encima de la media de 385 euros por habitante del resto de comunidades autónomas. Y si se relaciona el ajuste por habitante con el PIB, el esfuerzo andaluz no sólo es mayor que el de la media, sino que sólo es superado por Castilla La Mancha y Asturias y es inmediatamente seguido por el de Murcia y Cantabria.
En otras palabras, que son precisamente las comunidades más pobres las que han tenido que realizar un esfuerzo de contención presupuestario mayor. Mientras que las más ricas como Cataluña, País Vasco, o Madrid se han tenido que apretar mucho menos el cinturón. Especialmente significativo es el caso de Madrid, cuyos 102 euros de ajuste por habitante equivalen a un exiguo 0,3% del PIB generado por la comunidad, frente al 2,6% andaluz.
En su reunión, Aguayo transmitió así un claro mensaje para que los empresarios andaluces lo trasladen a Madrid: “No puede ser que el sistema de financiación esté primando tanto a los ricos sobre los pobres”. El Gobierno Griñán espera su apoyo, pues, para conseguir que el Gobierno Rajoy acepte la idea de que el nuevo reparto del déficit no debe perjudicar a la región más poblada de España por tener un color político diferente, sino al contrario. Mientras tanto, todos siguen a la espera de Bruselas.