Las familias del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez y del ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar han solicitado al Ministerio de Justicia el indulto frente a la condena a cárcel que pesa sobre ellos por sendos delitos continuados de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, por su papel en el procedimiento específico a través del cual fueron canalizados los fondos autonómicos para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias. Las peticiones de concesión de indulto, de las que informa Europa Press, se suman a las de José Antonio Griñán y Francisco Vallejo.
El Tribunal Supremo resuelto en una sentencia notificada el pasado miércoles, los recursos de casación formulados contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla relativa al citado procedimiento específico mediante el cual eran financiados los ERE irregulares y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.
La mencionada sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia condenó a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados; condenando especialmente al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación especial exclusivamente por prevaricación.
En ese sentido, ante los recursos de casación formulados ante esta sentencia inicial, el Supremo resolvió absolver a tres secretarios generales técnicos también condenados por la Audiencia y reducir la condena del exdirector general de Trabajo Juan Márquez por apreciar la atenuante analógica de reparación del daño, como ya se informó en el fallo conocido hace un mes. Al detalle, si bien la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla condenó a Márquez a siete años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta; el Supremo redujo su pena de prisión a tres años, más siete años y medio de inhabilitación absoluta.
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