Los pocos exdelegados de Empleo que contestan a la comisión de investigación: “No hubo nada”
Nueva sesión este viernes en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar responsabilidades políticas en el presunto fraude con subvenciones de formación para el empleo desde 2002 hasta hoy, y otra vez a medias, porque la primera citada de la mañana, la exdelegada de Empleo en Jaén, Irene Sabalete, se ha acogido a su derecho a no contestar a los diputados por consejo de su abogado. Lo mismo que hicieron a lo largo del lunes y el martes cuatro de sus cinco homólogos citados esta semana -los de Almería, Córdoba, Granada y Huelva- mientras que sí respondía a casi todo el pasado lunes el de Cádiz, Juan Manuel Bouza, y este viernes, el de Málaga, Juan Carlos Lomeña.
Es decir, de siete han contestado dos, y en ambos casos para insistir en que no ha habido ningún menoscabo de fondos públicos, sino como mucho, alguna irregularidad administrativa, y para criticar el impacto que está teniendo este caso cuando entienden que no ha habido “nada”. Todos ellos, en su introducción previa a las preguntas han enfatizado que el procedimiento se seguía estrictamente, que había fiscalización previa, que no participaron en las exoneraciones (entrega de nuevas subvenciones sin haber justificado las previas), que no recibieron instrucción desde arriba para alterar el proceso ni tampoco se las dieron a sus subordinados en este sentido, que no hubo trato de favor con ninguna empresa de formación, etcétera. Pero cuando se ha tratado de entrar a lo concreto, o sea, contestar a los diputados de la oposición sobre cuestiones que han levantado suficientes sospechas como para que 18 juzgados iniciaran diligencias, o no han contestado -la mayoría- o han evitado ir al grano.
La primera este viernes que debía someterse a este control era Irene Sabalete, quien en su día dimitió arrastrada por el escándalo de unas grabaciones en las que se la oía pedir a empleados públicos que hicieran campaña a favor del PSOE. En su comparecencia se ha limitado a defender que durante el tiempo que ejerció como tal, entre 2009 y 2012, actuó “correctamente” y ha confiado en los tribunales resuelvan pronto para poder limpiar su “nombre y honor”. También, para justificar su falta de colaboración con los diputados, se ha remitido a lo declarado por el jefe de servicio de la Formación para el Empleo de Jaén, José Luis Valentín Martos, hace unas semanas cuando fueron citados los responsables de este escalafón. “El dio todo lujo de detalles explicó el procedimiento y también contestó a todas las preguntas”, ha subrayado.
Por su parte, Juan Carlos Lomeña Villalobos, quien estuvo al frente de la Delegación de Empleo de Málaga entre 2004 y 2011 ha abundado en la teoría de que se ha creado con este caso una “alarma social innecesaria”. Es más, ha dicho que esto ha provocado decisiones también “innecesarias” como que hayan pasado cinco años desde la última convocatoria de estas subvenciones, dado que la última fue en 2011 y no habrá nueva orden hasta mayo de 2016. Por ello, ha confiado en que con este anuncio, hecho por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, recientemente, se pueda recuperar “el tiempo perdido”.
Todos en libertad con cargos
Cabe recordar que todos estos cargos públicos fueron detenidos en marzo de 2015 por agentes de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación Barrado, y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, encargado del presunto fraude de la formación, de ahí que tuvieran la posibilidad de no contestar si entendían que su defensa podría verse afectada.
Para completar la ronda de exdelegados provinciales están pendientes en la próxima sesión los de Sevilla -Antonio Rivas y Aurora Cosano- después de que hayan pasado por la comisión de investigación 39 de los 69 comparecientes previstos en este primer turno. De ellos, siete se han negado a declarar: los exdelegados Francisca Pérez Laborda, Antonio Fernández Ramírez, Marina Martín, Eduardo Manuel Muñoz e Irene Sabalete; el exalcalde de Punta Umbría y empresario González Rodríguez Nevado (PSOE-A); y el extesorero de UGT-A Federico Fresneda. Mientras, tres no han acudido pese a estar citados: el considerado testigo protegido del caso, el funcionario Teodoro Montes, quien se indispuso en cuanto entró en el Parlamento de Andalucía; María de la O Ustarán, presidenta de la UTE CIOMIJAS; y José Sivianes, de Formación Integral para el Empleo.
