Los exdelegados de Empleo esquivan las preguntas de la comisión de investigación

Esta semana comparecen en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar responsabilidades políticas en el fraude con subvenciones para cursos hasta seis exdelegados provinciales de Empleo, de los que de momento cuatro se han negado a declarar por consejo de sus abogados, porque están siendo investigados por los juzgados. Todos ellos, cargos públicos nombrados por el Gobierno de Andalucía, fueron detenidos en marzo de 2015 en el marco de la operación Barrado, la que permitió imprimir un carácter político en el caso de esta comunidad autónoma para un supuesto fraude con fondos públicos para formación para el empleo que se ha detectado en otras muchas del resto del país. La oposición ha reprochado su falta de colaboración para intentar arrojar luz en este caso.

La encargada de abrir esta ronda ha sido este lunes la exdelegada provincial de Empleo de Almería, Francisca Pérez Laborda, investigada en la causa, quien ha defendido que siempre actuó “conforme a la legalidad y con el máximo rigor”, pero se ha negado a responder a las preguntas de los distintos comisionados porque se lo ha aconsejado su abogado para “no poner en peligro” su derecho de defensa.

Pese a ello, se ha permitido hacer una introducción de 15 minutos en la que ha relatado el “calvario” por el que ha pasado el último año, que ha hecho daño a su persona y a su honor. “He sufrido un escarnio público que me ha provocado una enfermedad grave”, ha aseverado. Tras escuchar a varios de los diputados expresar sus dudas en torno a su trabajo, ha concluido: “Soy inocente y tan honrada como todos ustedes, y vamos a ver quién va a resarcirme de todo lo que se ha dicho aquí”.

Mientras, la jornada del martes ha comenzado con la comparecencia de Juan Manuel Bouza, exdelegado provincial de Empleo de Cádiz, quien ha respondido a casi todas las preguntas, salvo a las que ha considerado que le afectaban en los procesos en los tribunales. “Nunca tuve motivos para desconfiar de los procedimientos”, ha comenzado su introducción, para pedir luego a los comisionados que no partan con una idea “preconcebida” de lo que ha ocurrido con estos fondos públicos.

Ha reconocido que no conocía que existiera una instrucción general para hacer seguimiento de los cursos pero ha ironizado con la idea de que incluso, la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz no era “muy popular” por “su excesivo rigor a la hora de examinar los cursos”. En sus más de tres horas de comparecencia ha subrayado que ocupó el puesto de 2004 a 2012.

Especialmente molesto se ha mostrado con las preguntas de la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero a la que ha tenido que reconocer que consideraron “una posibilidad muy buena” poder arrendar el 30% de las instalaciones del Centro de Formación de Técnicas Industriales (CTI) a Ángel Ojeda, uno de los mayores beneficiarios de estas subvenciones, por 15.000 euros, según la cifra precisada por la parlamentaria, para que se pudieran comenzar a impartir los cursos.

Preguntado sobre cómo le concedieron subvenciones a Ángel Ojeda sin tener sitio donde impartir los cursos, ha insistido en que él no era el concedente y Teresa Ruiz Sillero ha calificado como “pelotazo” la situación, ya que “el CTI suponía 4.500 euros al mes y arrendaban un 30% por 15.000”. En este punto, el compareciente que ha criticado la “ligereza” con que la diputada ha hablado del tema, recalcando que estos ingresos “redundaban en beneficio del propio CTI”, pero no ha accedido a contestar cuando la popular le ha advertido de que “se estaban inflando las facturas en formación”.

Por su parte, Antonio Fernández Ramírez, exdelegado provincial de Córdoba, también ha anunciado que no iba a contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios. Sí ha hecho su introducción en la que ha lamentado que entre la ciudadanía “cale” el mensaje de que se malversaron 3.000 millones de euros. Tras hablar de las “tribulaciones” que están “padeciendo” los que en su momento tuvieron responsabilidades en materia de empleo, se ha avenido finalmente a contestar a varias preguntas. También estuvo en el cargo entre 2004 y 2012. “Ya veremos cómo poco a poco esto se va a ir desmontando”, ha augurado.

También Marina Martín, exdelegada provincial de Empleo de Granada, ha rechazado responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, porque su abogado se lo desaconseja. En su presentación, que la ha limitado a cinco minutos, ha destacado que nunca ofreció “trato de favor a ninguna empresa”, ni dio instrucciones a sus subordinados para que incumplieran la legalidad vigente, como tampoco ella recibió órdenes por parte de sus superiores en este mismo sentido. También ha incidido en que el interventor de la Junta en Granada, Miguel Gutiérrez, señaló en esta comisión de investigación que no ha habido menoscabo de fondos y que el hecho de que faltaran justificantes en los expedientes no quiere decir que no existieran.

Finalmente, el quinto citado hasta este martes, Eduardo Manuel Muñoz, exdelegado provincial de Empleo de Huelva, también se ha acogido a su derecho a no declarar. En la lectura de su introducción, ha negado todas las dudas que se ciernen sobre la formación en Andalucía. Entre otras cosas, ha apuntado, como el resto en sus monólogos, que los centros donde se impartían los cursos “estaban homologados”, que “no hubo menoscabo de fondos públicos” y que se “inspeccionaba el 100%” de las acciones formativas. Tras aclarar que no participó en la decisión de exoneraciones -otorgar subvenciones sin haberse justificado las previas- y que en todo caso, está previsto por la ley.

El viernes será el turno de los exdelegados provinciales de Empleo en Jaén, Irene Sabalete, y Málaga, Juan Carlos Lomeña Villalobos, quedando pendiente todavía los de Sevilla -Antonio Rivas y Aurora Cosano- para la próxima reunión de este órgano. Hasta el momento, han desfilado por la comisión de investigación 37 de los 69 comparecientes previstos, con lo que se ha superado el ecuador de esta primera ronda. De ellos, tres se han negado a declarar: los citados delegados provinciales Francisca Pérez Laborda, Antonio Fernández Ramírez y Marina Martín; el exalcalde de Punta Umbria y empresario González Rodríguez Nevado (PSOE-A); y el extesorero de UGT-A Federico Fresneda. Mientras, tres no han acudido pese a estar citados: el considerado testigo protegido del caso, el funcionario Teodoro Montes, quien se indispuso en cuanto entró en el Parlamento de Andalucía; María de la O Ustarán, presidenta de la UTE CIOMIJAS; y José Sivianes, de Formación Integral para el Empleo.