- Consulte aquí el texto íntegro de la sentencia que ha despertado la atención de trabajadores, sindicatos y centros universitarios
Revuelo y “expectación” en el mundo universitario tras el primer fallo judicial en Andalucía favorable a los profesores asociados. El rompecabezas laboral afecta a casi la mitad de las plantillas docentes, 1.500 personas solo en los campus de Sevilla y Málaga. Son el 'sector B'. Encadenan contratos a cada curso, en un ejercicio de precariedad laboral larvado durante años y que explota con el estímulo de la LOU del Gobierno Rajoy. La alerta sobre la situación, después de la sentencia publicada en exclusiva por eldiario.es/andalucia, moviliza a un colectivo que estudia demandas conjuntas y mantiene vigilante, de paso, a las direcciones académicas.
“Se está moviendo, y mucho”, apunta el docente que ha logrado con su denuncia esta “sentencia histórica”, Jesús Sabariego. Ya ha recibido invitaciones para explicar y conocer su caso desde universidades como las de Valencia, Madrid, Barcelona, La Rioja, Málaga o Sevilla.
La decisión del Juzgado de lo Social 10 de Sevilla, como adelantó este periódico, crea jurisprudencia y reconoce derechos hasta ahora negados al denominado 'sector B'. Afecta “a un número enorme de personas”, según el exprofesor de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). De manera aproximada, a la mitad de los profesores universitarios.
Desde los sindicatos con representación en las universidades andaluzas valoran el “logro” jurídico como una “excelente noticia”, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). Un paso que celebra el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y anima al Personal Docente e Investigador (PDI) a tomar “medidas judiciales” que ayuden a “acabar con la precariedad laboral”.
La Confederación General del Trabajo (CGT), que cuenta con la presidencia del Comité de Empresa de la Universidad de Málaga, ha convocado una asamblea para tratar el pionero fallo judicial. Y la Unión General de Trabajadores (UGT), por su parte, ha declinado valorar el asunto por desconocimiento “tanto de los términos de la reclamación como de la sentencia”.
Denuncias como “única vía posible”
El texto de la sentencia señala al PDI como personal indefinido que hace “un trabajo estructural y no puntual” que, además, no necesita acreditar vinculación contractual activa para ejercer su función académica. “Esto obligaría a estabilizar las plantillas”, afirma Sabariego.
De ahí el revuelo en el mundo universitario y el interés motivado por una sentencia insólita en Andalucía y con un sólo precedente en Cataluña, como rezan los antecedentes de derecho del propio fallo. Una “herramienta” que está “generando mucha expectación”. Sólo en el campus sevillano, “de 3.800 profesores, 800 son asociados”. Y en Málaga, donde el profesor denunciante ha realizado una exposición de su caso, “alrededor del 50%” del personal vive una situación similar. Una cifra lindante con los 700.
“Esta sentencia es una excelente noticia”, manifiesta Beatriz Hortigón, de CSI-F en la Universidad de Sevilla (US). “Llevamos luchando mucho tiempo por la estabilidad de este colectivo”, dice, con demandas “principales” encaminadas “a conseguir el derecho a promoción, el cual está negado a los profesores a tiempo parcial según el artículo 19.1 del convenio colectivo del PDI laboral andaluz, siendo una clara discriminación de estos empleados públicos”.
El sindicato ya denunció ese punto del articulado ante la Inspección de Trabajo. La respuesta, “que no es posible hacer ningún tipo de modificación”. Por tanto, continúa, “según nuestro gabinete jurídico la única vía posible sería una denuncia o denuncias personales como ha hecho el compañero de la Olavide”. Para Hortigón, el número de asociados en “difícil situación” por la Ley Orgánica de Universidades (LOU) “ronda el 40% de la plantilla, una cantidad bastante importante”.
Asambleas informativas contra el “abuso” laboral
“Desde nuestra sección sindical venimos denunciando reiteradamente la precariedad laboral que sufre el PDI asociado”, informa el SAT. Situación adversa “en forma de inestabilidad en el empleo, salarios indignos, horarios docentes que imposibilitan la conciliación de la vida personal y laboral…”. Así, remarcan, hasta colocar “en no pocos casos” al 'sector B' “a los pies de los caballos del abuso y el acoso laboral”. Fuentes del SAT confirman la preparación de “una asamblea en la que informar sobre esta sentencia y sus posibles consecuencias para el colectivo de asociados de la US”. Contarán “con la presencia de Jesús Sabariego, quien compartirá con nosotros su batalla judicial contra la UPO”.
A los sindicatos, subraya el propio profesor, “les ponen trabas para darles los datos de contratación”. Cifras que determinarían de modo definitivo el número de afectados. “No sabemos el número exacto pero representan un porcentaje importante de las plantillas universitarias”, confirman desde el SAT, que señalan “esta cuestión” como uno de los puntos que desean tratar “en la próxima reunión” de la Comisión de Seguimiento del Convenio Colectivo (CIVEA), a celebrar en junio, “y en cuyas puertas pretendemos la movilización de los colectivos más precarios, incluido este de los asociados”.
“Desconocemos tanto los términos de la reclamación como de la sentencia”, sostiene la secretaria de Universidad de FETE-UGT Sevilla, María Jesús Aldecoa. “Estamos intentando que el demandante nos la facilite ya que conociendo la normativa sobre este tipo de contratos no alcanzamos a comprender con la información de que disponemos qué ha llevado al juez a dictarla”, completa.
Aldecoa enumera “un extracto de la normativa que regula estas contrataciones” como dificultad para evaluar el fallo sin conocer el texto. Caso del artículo 53 de la LOU, el 40 y 42 de la Ley Andaluza de Universidades, los 15, 17 y 18 del Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía y el 90 de los Estatutos de la Universidad de Sevilla.
Sí proporciona UGT el número de profesores afectados en Sevilla: 820 “más 341 clínicos” en la US y 303 en la UPO, origen de la denuncia. En cuanto a posibles acciones concretas, precisa “estar vigilantes” en la aplicación de la normativa para evitar que el 'sector B' “se convierta en mano de obra barata y no existan no renovaciones sin causa confesable”. Y “estudiar mejoras laborales” en dos vertientes, salarial y de estabilidad, “ligada a posibilitar la carrera profesional”.