Un extrabajador de UGT-A testifica que el sindicato orquestó un sistema de “facturas falsas” con las ayudas públicas

El extrabajador de UGT Andalucía Roberto Alejandro Macías ha testificado este martes en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula de UGT por presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. El testigo ha dicho que el sindicato orquestó un sistema de “facturas falsas” con cargo a las subvenciones autonómicas gracias al cual cosechaba un “bote” o “fondo de reptiles” con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas. Así lo ha manifestado este antiguo empleado de UGT Andalucía, que fue condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, información reservada y sensible“.

Macías empezó su vinculación profesional con el sindicato a finales de 2006, sustituyendo a la que entonces era secretaria del Federico Fresneda. Fue precisamente en ese momento cuando “comenzó a trabajar en el Departamento de Cuentas de la organización”, junto a la que era la jefa del mismo, Dolores. S y otra empleada. Según su relato en el juicio, al entrar en el departamento se encontró una especie de hojas Excel que recogía toda la documentación o facturas “fraudulentas” que el sindicato iba encargando a determinados proveedores que aportaban a la organización un excedente que luego el sindicato usaba para invertirlo en comprar bienes o servicios.

Siempre de acuerdo a su testifical, la forma de ejecutar era la siguiente: “el proveedor se le solicitaba por correo electrónico que hiciera una factura por determinado importe que se iba a justificar en determinado proyecto contra un servicio que no se había dado o un servicio de importe inferior y ese excedente pasaba al bote del sindicato”. Estas sociedades proveedoras, según ha dicho, “inflaban” las facturas “por indicación del sindicato” para que el mismo pudiese justificar ante la administración andaluza el gasto de “un servicio no prestado o realizado por un importe inferior”. En otras palabras se trataba de algo similar a “un fondo de reptiles”, según ha dicho parafraseando al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020 tras ser condenado en el caso de los ERE.

También ha utilizado el término “chanchullo” a la hora de desgranar el funcionamiento del citado “bote” económico cosechado por el sindicato mediante el citado método de facturación “fraudulenta”, según sus propias palabras, toda vez que la investigación apunta a un presunto fraude de más de 40,7 millones de euros con cargo a subvenciones autonómicas. De esta forma, además de este departamento, había otro llamado “de justificaciones” encargado del posterior trámite, es decir, de presentar toda la justificación pertinente del sindicato para solicitar con eso esas subvenciones o ayudas“.

La gestión de botes y de rapel

El extrabajador cuenta que la señora María Charpín, por entonces secretaría de Gestión Económica de UGT-A, empezó a mediar con la incorporación del programa Spyro con el que “se empiezan a automatizar los fraudes”. Una de las principales novedades que introducía dicho programa es que “permitía hacer informes inmediatos frente a la lentitud del fraude”.

De este modo, Macías ha explicado que en el mismo había dos modalidades: la gestión de botes y de rapel. El rapel, explica, era el término acuñado por el sindicato para referirse a los descuentos que los proveedores por facturación o volumen de compra le hacían al sindicato. “La liquidación se hacía en como mucho 15 días y a gestión y el destino de todo el resultante del rapel iba a saldar las cuentas comunes del sindicato y de ahí a las distintas unidades regionales o provinciales del mismo”. Una vez realizada dicha liquidación, declara que “era José Miguel Galdeano era el encargado de hablar con la Consejería” como responsable de compras en el sindicato.

Información parcial a los proveedores

En paralelo, Macías ha aclarado que el presunto falseamiento de facturas no era directamente “planteado a todos los proveedores”, pues tal extremo habría resultado “peligroso”. Al punto, ha especificado que los acusados Federico Fresneda y Dolores Sánchez “escogían las empresas” a las que recurrir para esa práctica. Y especialmente ha avisado de que le “consta” que hubo proveedores que participaron de este sistema pero “no están investigados” en esta causa.

Asimismo, el extrabajador de UGT-A ha reconocido ante el tribunal que él nunca trabajó en el área de justificación, que no tiene conocimientos de contabilidad ni de justificación de subvenciones, y que no participaba de las sesiones de la comisión ejecutiva del sindicato. Él, según ha dicho, era “el último mono” de la organización, a cuyos antiguos responsables ha asegurado no guardar “enemistad” pese a que, según sus palabras, no fueron “justos” con él.

Durante el transcurso del juicio, Macías ha aludido al sindicato como “organización criminal” con la que nunca se ha sentido identificado y ha argumentado que entregó dicha documentación a los medios para “colaborar” con el bien público: “Los andaluces merecen saber la verdad”. En esta línea, y en respuesta al abogado de UGT-A que cuestionaba el posible interés lucrativo de filtrar dichos documentos a los medios “y no a la Policía”, ha respondido tajante “se cree el ladrón que todos son de su condición”.