EDUCACIÓN
La Piel de Mariposa (o epidermólisis bullosa, en terminología médica) es una enfermedad incurable y cruel: la epidermis de quienes la sufren es tan frágil como las alas de una mariposa, así que deben protegerse de roces y hasta de abrazos para evitar heridas y ampollas crónicas. De origen genético, es tan rara que en España la sufren 1 de cada 100.000 personas. Son poco más de 500, y una de ellas es el hijo de Lidia Osorio, que vive cada día con la incertidumbre de si, cuando vaya a recogerlo al colegio, la rozadura de un cuaderno o el golpe fortuito de un compañero le habrá provocado un destrozo, o de si alguien le habrá acompañado al baño.
No puede caminar sin ayuda, es portador del botón gástrico, no le debe dar el sol... “Sin ayuda se queda desamparado”, dice su madre, pero no hay manos ni ojos suficientes para prestársela. “Él solo no puede ni abrir la mochila. Necesita vigilancia constante, pero hay tantos niños que le atienden una hora y media al día”, cuenta Osorio, que es también vicepresidenta del AMPA del CEIP Pablo VI, del barrio sevillano de Amate. Explica que la Junta asigna al centro una persona a tiempo parcial para infantil (dos días a la semana), y otra a tiempo completo para atender a todas las clases de primaria. A su hijo le toca lunes, miércoles y viernes, hora y media.
La falta de suficiente Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y su precariedad laboral en los centros docentes públicos andaluces es una denuncia recurrente pero silenciosa, que ha acabado por estallar este año: el pasado sábado, padres y madres se manifestaron en Sevilla convocados por la Federación de AMPAS (FAMPA), y para las próximas jornadas se anuncian huelgas en la principal empresa adjudicataria del servicio.
Sobre la mesa, la progresiva precarización del sector a costa de las trabajadoras, que hace años que reclaman la vuelta atrás en la privatización (operada por el anterior gobierno socialista y no revertida por el PP), y denuncian una normativa laxa y caduca que ni siquiera fija ratios mínimos. Las trabajadoras advierten de que la merma de sus derechos laborales tiene como consecuencia directa la degradación de un servicio público esencial para los más vulnerables: niños y niñas que necesitan ayuda para hacer sus necesidades, comer, caminar y aprender, y que no la tienen porque quienes deben ayudarles no pueden multiplicarse para atender a 50 como ellos.
La Junta de Andalucía niega carencias y atribuye los problemas al arranque de curso. Esgrime que en los últimos cuatro años ha aumentado el número de PTIS en un 55% en toda Andalucía (de 1.917 a 2.972) y que la inversión en Educación Especial ha crecido casi un 50% desde 2019, hasta alcanzar los 500 millones de euros.
“Es verdad que se ha aumentado el presupuesto, pero es insuficiente. Hay una falta de recursos generalizada”, alerta Rocío Begines, portavoz de FAMPA Sevilla. Según los datos recabados entre las AMPAS por la Federación, el problema se agrava porque cada vez hay más niños que precisan del recurso: “El nuevo alumnado con dictamen de escolarización ha aumentado un 50% y a eso habrá que añadir las nuevas evaluaciones que puedan hacerse durante el curso. Cada año vamos a más. No sé por qué”.
La FAMPA, que este sábado convocó una manifestación con el lema “¡Quiero ir a clase como tú!”, denuncia que falta personal en al menos 23 centros de Sevilla, y que algunas familias ya están optando por no llevar a sus hijos e hijas al colegio porque no tienen garantías de que se les vaya a atender. La Junta achaca la demora a un problema informático ya solucionado y rebaja a cinco el personal que falta por incorporarse a su puesto. “Se repite todos los años. El año pasado dijeron que era un problema burocrático”, recuerda Begines, que ha recibido decenas de quejas estos días.
La carestía de medios esenciales para estos niños no solo pone en cuestión su derecho a la educación, sino también su propia integridad física, la de sus compañeros y la de profesores y personal especializado. El riesgo solo se visibiliza cuando se materializa, pero para entonces ya es tarde.
“Cuando pasan las cosas como lo de Jerez [un menor con necesidades especiales hirió con un cuchillo a dos profesores y dos compañeros] todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Y ahora el niño interno, ¿esa es la solución? Ese niño es tan víctima como los apuñalados”, protesta Juana Martínez, que acumula años de experiencia. En su colegio han entrado 16 menores con necesidades especiales en los últimos tres años, y siguen siendo los mismos para atenderlos a todos: tres personas. “Tengo una niña de tres años que corre y se golpea contra lo que pilla. Si tenemos 50 no podemos estar con ella. Es insostenible”.
Hay casos que se salen de toda lógica, como el del CEIP Hermanos Machado, en Sevilla. “Tenemos 31 niños de AL [Audición y lenguaje] y seis pendientes, de PT [Pedagogía terapéutica] son 28 y 4 pendientes, diez niños en aula específica con TEA (tienen su monitor) y el aula pluri, que no tiene monitor. Nos han asignado el recurso, pero no lo envían”, detalla Mónica Misa. De momento, cuentan con una PTI para el aula específica y otra para el resto del colegio. De los 131 alumnos, casi la mitad tienen necesidades especiales, según Misa. Esta singular acumulación llega al extremo en una clase de tercero en la que siete de los 15 niños tienen necesidades especiales.
“Están haciendo un colegio sin inclusión. Todos sufren la carencia, los que tienen necesidades y los que no, porque el profesor no puede atenderlos”, protesta Misa, que ha perdido la cuenta de cuántas veces se ha reunido con Inspección y la delegación de Educación para denunciar la situación: “Lo he hablado directamente con Juanma Moreno, que me dijo: ”¿Esto cómo puede ser?“. Pues dígamelo usted”.
Este caso y otros permiten atisbar una tendencia a la conformación de centros con un alto porcentaje de niños con necesidades especiales. Ante la falta de recursos en su anterior colegio, Raquel Llamas buscó un nuevo centro en San José de la Rinconada. “Cuando llegamos, vimos que otras 13 familias también habían pedido el cambio”. Así que ya son 30: doce están en un aula específica y los otros 18 se reparten en distintas aulas y son atendidos por una sola persona que trabaja allí media jornada: llega a las 12 desde otro centro y termina a las tres.
“Mi hijo tiene una enfermedad genética: no controla esfínteres ni tiene comunicación verbal, tiene problemas de deglución… En su dictamen de escolarización dice que tiene que tener una PTI disponible y un segundo en el aula”, señala Llamas, que alerta de las complicaciones agravadas cuando llegue el invierno: “Los profesores y el personal se dividen como pueden, pero las fuerzas llegan hasta donde llegan”.
Las carencias están provocando la generalización de los llamados “docentes sombra”, personal que acompaña en el centro a los menores con necesidades especiales, en teoría como voluntariado proveniente de asociaciones, pero generalmente remunerado, según denuncian fuentes del sector. Es una figura polémica que rechazan sindicatos y trabajadoras, porque supone mercantilizar un servicio público, desprofesionalizarlo y abrir una brecha entre quienes pueden permitírselo y quienes no.
Entre tanto, el sistema aguanta por el sobreesfuerzo de las PTIS y de las familias, algunas de las cuales valoran interponer denuncias judiciales contra la administración. “Si yo no me muevo por mis hijos, ¿quién lo va a hacer?”, se pregunta Mónica Misa.
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