José Fiscal dice que la futura Ley de Cambio Climático de Andalucía ya recoge lo propuesto en París

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha destacado este martes que el texto de la que será la futura Ley Andaluza de Cambio Climático, que llegará al Parlamento en el primer trimestre de 2016, ya recoge lo acordado en la Cumbre sobre el Cambio Climático celebrada en París, aunque “si cabe hacer algún retoque, se hará”.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha informado de las actuaciones que la delegación andaluza ha llevado a cabo en el seno de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en París. Estas iniciativas se han centrado en dar a conocer las políticas que impulsa la Junta en esta materia y en propiciar futuras alianzas con administraciones y organismos internacionales.

Fiscal ha puesto de manifiesto en París el “carácter pionero” de las iniciativas adoptadas por el Gobierno andaluz en materia de cambio climático, una estrategia que se consolidará con su plasmación jurídica en la futura Ley Andaluza de Cambio Climático.

Esta norma pionera encuentra “pocos antecedentes a nivel europeo”, con excepción de las aprobadas por Reino Unido y Francia. El texto, actualmente en elaboración, fijará nuevos límites a la contaminación por gases de efecto invernadero y se centrará sobre todo en las denominadas 'emisiones difusas', hasta ahora reguladas de forma insuficiente al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión.

Para dichas emisiones, que suponen un 55 por ciento de la contaminación vinculada al cambio climático en la región, se fija el objetivo básico de no rebasar en 2020 el nivel registrado en 2005 de 4,13 toneladas equivalentes de CO2 por habitante y año.

La futura ley establece además techos de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan este tipo de contaminación difusa, fundamentalmente el agrario, el transporte, el residencial y el comercial e institucional, así como la gestión de residuos, los gases fluorados y aquellas actividades industriales que quedan fuera de la regulación europea.

Estos límites, denominados 'presupuestos de carbono', serán revisables por el Consejo de Gobierno en función de los compromisos que puedan adquirirse en el ámbito internacional, de las disminuciones logradas o de los impactos económicos y sociales de las medidas previstas.

Para facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados, el anteproyecto incluye, entre otras novedades, la creación de un sistema de compensación de emisiones de efecto invernadero en el sector privado y la regulación de las medidas para incrementar la superficie de los denominados sumideros naturales de CO2.

MEMORANDO CON LA UNESCO

El titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha informado, asimismo, del memorando suscrito con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco para que este organismo internacional forme parte como entidad asociada de la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam). También ha dado a conocer los encuentros celebrados con las regiones de Alsacia, Cerdeña y Ródano-Alpes para intercambiar experiencias en materia de cambio climático.

Fiscal ha recordado las políticas de mitigación que desarrolla la Junta desde 2002 para disminuir las emisiones de efecto invernadero y las políticas de adaptación dirigidas a minimizar sus consecuencias en el territorio andaluz, considerado una de las zonas más vulnerables de Europa.

Andalucía, referente nacional en la lucha contra el cambio climático, fue la primera comunidad que puso en marcha una estrategia para combatir este fenómeno. El Programa de Mitigación alcanzó con un año de adelanto el objetivo inicial planteado para 2012 de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 19 por ciento respecto a 2004. Esta reducción fue del 21 por ciento, lo que supuso situar en 6,13 toneladas de dióxido de carbono (CO2) la emisión por habitante y año, un 15 por ciento menos que la media de España y un 32 por ciento menos que la de los quince países más desarrollados de la Unión Europea.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha recordado que la Junta ha sido la primera administración autonómica en disponer de sus propios estudios sobre vulnerabilidad e impactos del cambio climático en los recursos y sectores socioeconómicos.

Estas iniciativas constituyen la base de las medidas del Programa de Adaptación, aprobado en 2010, entre las que destacan la incorporación de escenarios de clima futuro a la planificación hidrológica o la implantación de sistemas de alerta temprana de situaciones de riesgo como olas de calor o enfermedades transmitidas por especies adaptadas a las nuevas condiciones climáticas.

A estas medidas se suman el Programa de Comunicación y distintas disposiciones en el ámbito local, entre las que destacan el Pacto de los Gobiernos Locales ante el Cambio Climático, suscrito ya por 549 ayuntamientos andaluces, y el programa 'Huella de Carbono Municipal', herramienta para conocer las emisiones de los municipios y calibrar el efecto de las políticas locales.

'UNDER 2 MOU'

El consejero ha destacado la firma del acuerdo de adhesión al memorando 'Under 2 MOU', suscrito por un centenar de regiones de todo el mundo para lograr que la temperatura del planeta no supere en dos grados centígrados la que había en la era preindustrial. Esta iniciativa obliga a adoptar medidas para reducir las emisiones y para que el cambio climático no supere las peores expectativas.

En el transcurso de la cumbre celebrada en París, la delegación andaluza también ha mantenido un encuentro con la directora de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Inger Andersen, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre las distintas regiones del Mediterráneo en la lucha contra los efectos de este fenómeno global.

El titular de Medio Ambiente le ha trasladado el interés de la Junta para continuar avanzando conjuntamente en los mecanismos de participación, transparencia y gobernanza de la gestión de las áreas naturales protegidas; así como en los programas de conservación de la biodiversidad y los planes de mitigación y adaptación.