La Fiscalía Anticorrupción ha pedido siete años de cárcel y 50 millones de euros de multa a cada uno de los cinco excargos de UGT Andalucía por el 'caso de las facturas falsas', entre ellos el exsecretario general de sindicato Francisco Fernández Sevilla y cuatro personas más de la dirección, por presuntos delitos continuados de fraude de subvenciones y de falsedad en documento mercantil. El juzgado, a primeros de mes, decidió continuar el procedimiento contra el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas.
En concreto, los investigados son, además de Fernández Sevilla, el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la secretaria de Gestión Económica, María Charpín; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea, y la responsable del departamento de Compras de UGT-A, María Dolores Sánchez, a la que le pide cinco años de prisión.
Según el escrito del Ministerio Fiscal donde pide la apertura de juicio oral, a los cinco se les solicita el pago de una indemnización, conjunta y solidariamente, de 40,7 millones de euros --que es la cantidad supuestamente defraudada--, y a la responsable del departamento de Compras el pago de 4,2 millones. Además de a estos cinco excargos, la Fiscalía Anticorrupción acusa a otras nueve personas que eran proveedores del sindicato, a los que pide tres años de prisión y multas de 3.650 euros.
Dijo el juzgado que “el cómputo global de las cantidades defraudadas” en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta a la organización sindical, en los que se ha contado con la información documental necesaria, “asciende a 40.750.047,74 euros”. Cabe recordar que el juez acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, pero en este caso dada su “situación de incapacidad sobrevenida”, tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.
Para la correcta ejecución de los programas formativos, el sindicato se servía de recursos propios y ajenos, singularmente de las entidades IFES y SORALPE, recuerda la Fiscalía. “En las subvenciones de formación destinada a ocupados, donde a pesar que el sindicato estaba encomendado directamente a la ejecución directa de la acción formativa según las bases reguladoras, los acusados simularon que así lo hacían, cuando la realidad era que se subcontrataban con terceros, excediendo de la simple contratación con proveedores”, señala la Fiscalía en sus conclusiones provisionales.
Según la Fiscalía, el sindicato “recurría a terceros, bien en unos casos como directamente ejecutores de los cursos (IFES), bien en la provisión de los medios personales y materiales para llevarlos a cabo (SORALPE). Para ello y con la finalidad de optimizar recursos, en fecha no determinada pero en todo caso desde el año 2006, desde la Secretaría de Administración del sindicato se puso en marcha un organismo llamado Central de Compras”.
Desde el sindicato, singularmente desde la Secretaría de Organización y la de Administración, “con la finalidad de lograr el desvío de fondos que debieran haber sido destinados a los cursos, puso en marcha un plan para financiarse con los mismos, sin perjuicio de que los cursos se impartieran, redundando en su eficacia y calidad, distrayendo directamente cantidades, o evitando devolver descuentos en periodo de justificación ante la administración concedente”.