La Fiscalía de Sevilla pide endurecer las penas por las plantaciones 'indoor' de marihuana para evitar cortes de suministro eléctrico

El problema de los cortes de suministro eléctrico a causa de las sobrecargas ocasionadas por el consumo excesivo de luz para plantaciones indoor de marihuana no tiene una solución factible, según vienen a coincidir las partes implicadas. Los cortes de luz no son exclusivos del Poligono Sur, y una docena de barrios del país, entre ellos ocho de las ciudades de Almería, Granada y Sevilla, sufren las consecuencias de la proliferación de plantaciones de marihuana en barrios humildes, cuyo enorme consumo de electricidad deja sin suministro a varias zonas de Andalucía por las saturaciones de las redes de distribución. La Fiscalía de Sevilla no tiene a mano la solución, puesto que son las fuerzas policiales las que actúan en las entradas y registros de casas donde se cultiva la droga, pero lanza una propuesta con la intención de que tenga un “efecto disuasorio”, aunque no sea a corto plazo: endurecer las penas en los casos de ocupación ilegal de viviendas si son usadas para fines productivos de droga y no para fines residenciales.

Fuentes de la Fiscalía explican a este periódico que tanto la usurpación de vivienda como la defraudación de fluido eléctrico son considerados delitos leves en el Código Penal. En los casos en los que se sobrecargan las redes eléctricas “estamos hablando de realidades diferentes” a las que se contemplan para ese tipo penal, indican las fuentes, que apuntan a que el objetivo de muchas ocupaciones reside en la producción de marihuana y no en la residencia, “y eso no merece el mismo reproche penal que una usurpación de un piso”. “El tratamiento penal debe ser más riguroso y disuasorio si hay finalidad de producir drogas”, explican.

Estas fuentes añaden, además, que las penas de multa económica con las que se castigan las ocupaciones no tienen mucho sentido en personas en riesgo de vulnerabilidad, que pueden considerarse insolventes para abonar la condena. Por eso apuestan también desde la Fiscalía, de forma paralela, por que las multas puedan ser sustituidas por prestaciones en beneficio de la comunidad. La cuestión ha llegado también a los tribunales, donde la Junta de Andalucía y Endesa deben responder ante la demanda de un vecino que, residiendo en una vivienda pública y con contrato en vigor con la distribuidora, se ha visto afectado por los cortes ocasionados por las plantaciones que sobrecargan la red.

Creciente gravedad e intensidad

Y es que, como se ha puesto de manifiesto recientemente desde el Defensor del Pueblo Andaluz, “los daños de los cortes de luz son de toda índole”. “En la educación, en la falta de conservación de los alimentos, en la seguridad de los enfermos crónicos y de los mayores, en la falta de medicamentos, en la higiene y la atención que necesitan los menores de edad, en el funcionamiento de los ascensores para personas con problemas de movilidad...”. Jesús Maeztu, en cuya Defensoría atienden multitud de quejas en este sentido, ha querido “alzar la voz para que las entidades competentes asuman sus responsabilidades, especialmente graves en el caso de la infancia, ante esta grave situación”.

El Defensor del Pueblo Andaluz viene desde hace años mostrando su preocupación por el grave problema que padecen numerosas zonas y localidades de Andalucía como consecuencia de los frecuentes y prolongados cortes en el suministro eléctrico que se producen en las mismas y que afectan a un elevado número de personas. Es una situación que viene mostrando su gravedad desde 2015, que provocó nuestra intervención, cuando los cortes se generalizaron en la Zona Norte de Granada, que se fue extendiendo cada vez a mas zonas de Andalucía -Almería, Sevilla, Cádiz- y cuyos efectos se manifiestan con creciente gravedad e intensidad, como lo demuestran los recientes incidentes ocurridos en Sevilla, en la barriada del Polígono Sur, o en Granada, en la barriada Las Flores de Pinos Puente, donde un elevado número de familias permanecen sin suministro eléctrico y sin poder hacer uso de las instalaciones de agua.

En marzo de 2021, tras comprobar que el problema se agravaba y extendía por nuevas localidades y barriadas desfavorecidas de Andalucía, el Defensor formuló una resolución, que incluía un análisis pormenorizado del problema, sus orígenes, causas y posibles soluciones, y que concluía con una petición a cada uno de los organismos implicados relativo a los diversos aspectos que estimaba necesario reforzar. Las peticiones se realizaron a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a Endesa como principal suministradora; las Consejerías competentes en materia de energía y vivienda; a la Fiscalía; a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y a los Ayuntamientos afectados, tratándose de una investigación que continúa abierta.