La Fiscalía destaca que el cambio que originó el sistema de los ERE exigía la aprobación de Chaves

La Fiscalía Anticorrupción ha asegurado este martes que la “trascendencia” del cambio que en el año 2000 dio lugar a la instauración del procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares “exigió la decisión aprobatoria del superior jerárquico” de los por entonces consejeros de Hacienda y Empleo, el presidente de la Junta, Manuel Chaves.

La actuación y participación de Chaves en los hechos investigados y juzgados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha sido la última desgranada por la Fiscalía Anticorrupción este martes en su informe final en la causa conocida como pieza política de los ERE.

La Fiscalía ha explicado que, tras los reparos de la intervención delegada de Empleo a las ayudas de Hamsa en el año 2000, la Junta de Andalucía, ante “la necesidad de rapidez y agilidad”, determinó un cambio en el sistema de concesión de ayudas sociolaborales que se plasmó con la aprobación el 16 de abril del citado año de una modificación presupuestaria dentro del programa presupuestario 31L con el que se concedían estas subvenciones excepcionales introduciendo una transferencia de financiación para allegar fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para el pago de estas ayudas.

“Sabiendo Chaves que no era un cambio menor, pues suponía un cambio en la presupuestación --pasando del concepto subvenciones excepcionales a transferencias de financiación--, el uso de una aplicación indebida, y con la consecuencia lógica de que se suprimía la fiscalización previa individualizada de cada ayuda”, ha añadido la Fiscalía.

“La trascendencia de los cambios y la intervención de varias consejerías en el mismo hace que sea difícilmente asumible que fuera una decisión del consejero de Empleo, entonces Guillermo Gutiérrez, por sí solo, con la autorización de la consejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, sino que exigía una decisión aprobatoria del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, Manuel Chaves”, ha asegurado el fiscal Juan Enrique Egocheaga.

El Ministerio Público ha querido resaltar el contexto de crisis laboral y empresarial existente en Andalucía a finales de la década de los 90 y principios del 2000. Por ello, considera “lógico” pensar que cualquier “variación” en el sistema de concesión de las ayudas sociolaborales “para evitar retrasos tenía que pasar por el superior de los consejeros afectados, el presidente del Consejo de Gobierno”.

El Consejo de Gobierno, presidido por Chaves, aprobó la citada modificación presupuestaria y las de años siguientes, así como “el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2002 que por primera vez ya introducía el concepto transferencia de financiación a IFA para el pago de las ayudas”, “permitiendo” ese año y en los presupuestos hasta el ejercicio 2009 el uso de los fondos del 31L para la concesión de ayudas con la consignación “indebida”, que “sabía”, de las transferencias de financiación a IFA, posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

“Sabía” que la Dirección General de Trabajo concedía ayudas y que IFA/IDEA pagaba por orden de la Dirección General de Trabajo, “sabiendo” que no estaban siendo sometidas a fiscalización previa.

“ES ABSURDO” PENSAR QUE “IGNORA” TEMAS DE RELEVANCIA

“Podíamos llegar al absurdo de que bajando de rango al final las decisiones de mayor calado de la Junta están en manos de funcionarios de rango inferior porque los superiores manifiestan no conocerlos. Una cosa es la delegación de competencias o el principio de confianza debida, y otra es ignorar lo que por su importancia y relevancia es objeto inexorable de conocimiento y decisión de los máximos responsables de los centros directivos, el presidente y los consejeros de Empleo, de Hacienda y de Innovación”, ha expuesto la Fiscalía.

“No exigimos al presidente que conozca toda la actuación de su administración, pero es difícil entendible que decisiones de calado político y económico sean desconocidas por el presidente de todos los andaluces y los consejeros”, ha afirmado, añadiendo que la delegación de competencias “no excluye el principio de jerarquía”.

A continuación, la Fiscalía ha expuesto casos por los que Chaves tuvo conocimiento del procedimiento específico, al tiempo que ha resaltado la importancia de las cuantías de las ayudas concedidas, como los 16 millones a Heineken. “La opacidad del sistema exigía que el Consejo de Gobierno no tuviera actuación alguna en la concesión de las mismas porque sería de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”, ha comentado el fiscal.

“Es chocante que Chaves no se extrañara que no llegara ninguna ayuda al Consejo de Gobierno cuando era notorio y conocido”, ha manifestado el fiscal, que ha apuntado casos concretos de conocimientos del expresidente como los conflictos de A Novo, Faja Pirítica, Bilore o Promi. Es “ilógico” la pretendida idea de la defensa de que el gabinete del presidente actuaba de “cortafuegos”. “Es poco lógico que si se dirigen los andaluces a su presidente, éste tuviera cero conocimiento”.

La sesión ha finalizado cuando la Fiscalía ha concluido su informe final, pues la acusación del PP-A ha pedido a la Sala suspender la sesión para poder “rehacer” su informe y en lugar de tres sesiones hacer uso de una sola, este miércoles.

Si bien, antes de Chaves, el Ministerio Público ha explicado las actuaciones del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.

Zarrías conocía “la ausencia de normativa reguladora” de las ayudas, según la Fiscalía, para quien resulta “extraño” que el convenio marco, firmado entre Empleo y el IFA en 2001 y que establece el nuevo sistema que se “aleja radicalmente” del usado hasta el año 2000 y hasta la aprobación de la modificación presupuestaria de abril del mismo año, no se comunicará a otras consejerías como Hacienda o Presidencia.

MÁRQUEZ “SE APROVECHÓ” DEL SISTEMA

Con este convenio marco se pretende “cristalizar” un nuevo tipo de respuesta ante crisis laborales con “apariencia de formalidad” pero “totalmente opaca para dar rapidez” a las ayudas.

La Fiscalía ha apuntado la intervención de Zarrías en conversaciones para “solventar las crisis” de Primayor con la familia Ruiz Mateos o para las ayudas de Gres de Vilches, entre otras empresas, si bien el encausado declaró que a veces se “usaba su nombre en vano”. “Pero se usaba”, ha contestado el fiscal.

De otro lado, la Fiscalía ha rechazado la impugnación de la defensa de Zarrías de la prueba pericial conjunta al tratarse, según alegó, de una pericial juridica y por tanto debía considerarse nula.

Con respecto a Juan Márquez, la Fiscalía ha señalado que conoció la situación dejada por Francisco Javier Guerrero en la Dirección General de Trabajo, donde existía “una total falta de control” sobre las ayudas. Si bien, siguió concediendo subvenciones usando el mismo mecanismo y con “las mismas deficiencias, sabiendo que se usaba de forma inadecuada las transferencias de financiación y que no tenía que seguir procedimiento alguno, aprovechándose de ello”.

Para la Fiscalía, Francisco del Río, como miembro del Consejo Rector de IFA/IDEA, no tenía una presencia “decorativa o de trámite”, pues solicitaba “aclaraciones”, por lo que en este órgano conoció “sin género de dudas” el sistema de concesión de las ayudas. Como miembro de la comisión de viceconsejeros 'consejillos' conoció los proyectos de orden y decreto de Empleo para regular las ayudas, que nunca llegaron a aprobarse, por lo que conocía la ausencia de tal regulación.