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Las cuentas del despacho de abogados del líder de Vox en Andalucía no coinciden con su declaración de actividades y bienes al Parlamento

Serrano (Vox) relaciona la baja natalidad con la legalización del aborto y defiende que la inmigración no es la solución

Javier Ramajo / Fernando Vicente

La sociedad 'Despacho Serrano Abogados Servicio Jurídico S.L.P.' obtuvo durante 2018 unos beneficios después de impuestos de 53.428,52 euros, según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía. El bufete fue fundado por el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, que consiguió en marzo que el Parlamento andaluz declarara la compatibilidad de varios diputados, entre ellos Serrano, actual magistrado en situación de servicios especiales, para poder seguir desempeñando actividades privadas al mismo tiempo que trabajan y cobran como diputados.

Sin embargo, ninguna cifra de las cuentas del citado despacho de abogados hechas públicas coincide con los 42.000 euros de ingresos que el diputado de Vox declaró al Parlamento como “abogado ejerciente” durante 2018.

Las cuentas del bufete de Serrano durante los ejercicios 2017 y 2018 muestran cuánto facturaron, los gastos en que incurrieron, los beneficios que obtuvieron, y a que se destinaron Así, la sociedad registró bastante más beneficios el pasado ejercicio (53.428,52 euros) que el anterior, cuando solo sumó 2.329,64 euros. En ambos casos, dichas ganancias no se repartieron entre los socios del despacho en forma de dividendos, sino que, en su totalidad, se quedaron en las cuentas del bufete en forma de reservas (“reservas voluntarias”), sin que ningún socio del despacho, por tanto, se haya embolsado los beneficios. Según consta en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, tampoco el Administrador Único de la sociedad percibió “ningún tipo de retribución, ni ningún tipo de préstamo o anticipo, por esta función”.

En total, en 2018 el Despacho Serrano Abogados contó dos empleadas con “contrato fijo” y un empleado con “contrato no fijo”, entre los que se repartieron los 31.631,09 euros que constan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias como “gastos de personal” durante ese año. Pero la media de personas empleadas con contrato fijo durante el año sólo llega al 1,08, mientras que con contrato “no fijo” es de 0,11. Por tanto, no parece que el despacho contara con más de un empleado a la vez, y un 0,11 del empleado varón no fijo contratado durante el ejercicio 2018 sobre un total de 31.631 euros en salarios será forzosamente una cifra muy baja.

Así pues, ni por beneficios repartidos en forma de dividendos, ni por emolumentos percibidos por la administración de la sociedad, ni en concepto de salarios consta cifra alguna que remotamente pudiera coincidir con lo declarado por el ex juez Serrano ante el Parlamento andaluz.

Por otro lado, en las cuentas sí consta un “importe neto de la cifra de negocio”, es decir facturación, de 252.039,99 euros. A la vez que se incluyen unos “Otros gastos de explotación” por un total de 151,566,94 euros. En ellos, además de los gastos fijos (alquiler de las oficinas, luz, etcétera) puede que se hayan incluido como facturas pagadas parte o la totalidad de los 42.000 euros que el diputado de Vox declaró como ingresos por su actividad como “abogado ejerciente” en el 'Registro de Actividades, Bienes e Intereses' correspondiente a 2018, que es pública en la web del Parlamento andaluz. Ello supondría que Serrano habría facturado a su propia sociedad por servicios prestados a la misma.

Sin explicaciones

Además de esos 42.000 euros, entre sus bienes e intereses, el diputado-abogado declaró seer poseedor de “participaciones” en el citado despacho Serrano Abogados Servicios Jurídicos SLP por un importe de 62.252 euros, una cantidad que no coincide con el capital que figura en las cuentas públicas del despacho que fundó. El capital social de la entidad, según la 'Memoria del Ejercicio Anual a 31 de diciembre de 2018' del despacho, fechada en junio de 2019, asciende a un total de 6.000 euros, estando representado en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, según consta en el apartado de fondos propios.

La única cifra de las cuentas públicas del despacho que, si bien no coincide totalmente, sí se acerca más a esos 62.000 euros, son los 60.759 euros, con 76 céntimos, que figuran el apartado de “fondos Propios” del balance de la sociedad. Pero a este periódico no le ha sido posible comprobar si esa es la participación a la que se referiría el diputado y dirigente de Vox en Andalucía.

Contactado el despacho para aclarar cuántos y qué socios conforman el bufete, con qué personal cuenta, y demás datos necesarios para contrastar y explicar las discrepancias entre los datos públicos de las declaraciones ante el Parlamento andaluz y el Registro Mercantil del Despacho Serrano Abogados Servicio Jurídico, su respuesta es que no tienen por qué dar “ningún tipo de explicaciones”.

Actividad compatible

El diputado desde enero de 2019 solicitó en julio un permiso de un mes “por motivos de salud”, alegando un “linchamiento” mediático por sus críticas a la sentencia de 'La Manada'. En un principio su idea era “retomar fuerzas” y volver en septiembre, pero horas después de anunciar su baja y de reafirmarse en el fondo de sus críticas contra el Supremo, su partido en Andalucía le volvió a desautorizar con más énfasis que en la ocasión anterior tras sus manifestaciones en las redes sociales, cuando dijo que la sentencia de 'la manada' estaba “cargada de condicionantes mediáticos y políticos”. Desde el arranque del último período de sesiones de este año Serrano ha vuelto a su actividad parlamentaria.

Cabe recordar que la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento de Andalucía resolvió el pasado mes de marzo que no había incompatibilidad para que los 17 parlamentarios que lo habían solicitado, entre ellos Serrano, pudieran seguir desempeñando sus actividades privadas. Entre aquellos que quisieron mantenerse como pluriempleados, casi la mitad pertenecían, y pertenecen, al grupo parlamentario de Vox (ocho de sus doce diputados). Los otros diputados que consiguieron la compatibilidad se repartieron de este modo: cinco de Ciudadanos, dos del PP, uno del PSOE y otro de Adelante Andalucía.

De su larga trayectoria como juez, abogado y diputado se recuerda la campaña lanzada desde su despacho 'Mujer, sé honesta, denuncia cuando se deba y no cuando convenga'. Y se recuerda porque, desde el mismo momento en que llegó al Parlamento en enero de 2019, ha llevado al debate cuestiones relacionadas con lo que los miembros de Vox llaman “ideología de género”, con una política negacionista de la violencia machista.

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