¿Por qué la tumba de Franco no puede entrar en la Catedral de la Almudena y los restos de Queipo de Llano deben salir de la Basílica de la Macarena? Esta pregunta no tiene respuesta oficial. En todo caso, el Gobierno central ofrece una versión distinta a la Junta de Andalucía, aunque ambas administraciones son del mismo signo político.
La vicepresidenta Carmen Calvo anunció este martes en el Congreso que el Gobierno de España y el Vaticano están de acuerdo en que los restos del dictador Francisco Franco no pueden terminar enterrados en la madrileña catedral de La Almudena tras su exhumación del Valle de los Caídos. “Gobierno e Iglesia católica acordamos encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena”, dijo Calvo. El anuncio fue posteriormente desmentido por el portavoz de la Santa Sede, Greg Burke, que admitió la preocupación de la vicepresidenta sobre el nuevo sepulcro del dictador, pero “en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación”.
España no tiene el aval explícito del Vaticano para cerrar la puerta de la catedral madrileña a Franco. Pero, sí es cierto que ni el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osorio, quieren esta solución, porque se corre el riesgo de que la Almudena, en el centro de la capital, se convierta en un centro de peregrinación y exaltación fascista por parte de grupúsculos de extrema derecha (como lo es ahora el Valle de los Caídos).
La exhumación de Franco es un propósito firme del Ejecutivo socialista, pero no se antoja sencillo. La semana pasada, la vicepresidenta se mostraba resignada a que la familia del dictador hiciera uso de su cripta privada en la Almudena para darle nueva sepultura. “No podemos hacer nada”, dijo. Ahora, Calvo ha cambiado de criterio y esgrime la “legislación vigente en España” para garantizar que “el lugar donde estén los restos tiene que ser un lugar donde no puedan producirse situaciones de enaltecimientos ni homenajes”. “El Gobierno tiene instrumentos para que esto se cumpla”, subraya, en alusión a la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Cuando se trasladan las gestiones y los argumentos del Ejecutivo central al contexto político andaluz, enseguida saltan los paralelismos y las posibles contradicciones con otra exhumación pendiente de otro militar fascista, Gonzalo Queipo de Llano. Su tumba reposa desde hace 67 años en el interior de la basílica de la Macarena, en el Casco Histórico de Sevilla. Se trata también de un templo privado, propiedad de la Iglesia católica.
No es un lugar de peregrinación u homenaje fascista, aunque lo fue hasta 1977. Cada año, falangistas y fascistas se concentraban para celebrar el 18 de julio de 1936 -día del levantamiento militar contra la República y comienzo oficial de la Guerra Civil española- y no elegían apostarse frente al Ayuntamiento de Sevilla ni ante la sede del Gobierno civil, sino a las puertas de la basílica donde descansan los restos de Queipo. Ahora, a pocos metros de la Macarena, hay instalada una placa que recuerda a los republicanos fusilados por orden del general. Cada año recibe ofrendas de familiares y grupos de izquierdas que recuerdan el pasado genocida del militar franquista.
La tumba del militar está en el interior del templo privado, pero es de acceso público y está a la vista de todos. Esto, como ha subrayado la vicepresidenta para referirse a la posible cripta de Franco en la Almudena, chirría con la legislación estatal de Memoria Histórica. En el caso de Queipo, el mismo Gobierno de Susana Díaz reconoce que “incumple” también la Ley andaluza de Memoria, aprobada hace año y medio en el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra. El artículo 32.4 de esta norma dice así: “Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.
La vicepresidenta Carmen Calvo ha visitado esta semana el Vaticano para abordar una solución a la inhumación de Franco que no pase por la Almudena. Los pasos apresurados que da el Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto dejan atrás la acción del Ejecutivo de Susana Díaz con el asunto Queipo. La hermandad de la Macarena, una de las más numerosas y populares de Sevilla, es una institución en la ciudad más allá de los sentimientos religiosos. Díaz, al contrario que Sánchez con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, no ha querido hacer demasiado bandera del tema de Queipo por miedo a desatar las críticas de una parte notable de la sociedad sevillana más cofrade. Mucho menos con unas elecciones autonómicas a las puertas.
Comité de sabios
La Junta de Andalucía no ha escrito una línea sobre la tumba de Queipo de Llano hasta el pasado mes de julio, cuando Sánchez entra en la Moncloa y anuncia la salida de Franco de Cuelgamuros. Entonces el Gobierno de Díaz movió ficha y por primera anunció la aprobación “inminente” de un decreto que desarrolla la Ley andaluza de Memoria, y que incluye la creación de un comité de expertos que decidirá sobre la retirada de los restos del genocida de la basílica. El Consejo de Memoria, integrado por historiadores y representantes institucionales y de asociaciones memorialistas, se constituyó el 4 de octubre.
La Junta ha delegado en este órgano consultivo la valoración legal de todo vestigio franquista que no haya sido retirado voluntariamente, aunque en este caso la última palabra la tendrá la propia hermandad de la Macarena. “La presencia de los restos de Queipo de Llano ha generado un debate social que trasciende ya del ámbito local”, escribió, por primera vez, la Consejería de Presidencia de la Junta. “En ese contexto, resulta clara la pertinencia de que una institución con cuatro siglos de historia y arraigo en la ciudad, como es la Hermandad de la Macarena, titular de la Basílica, decida sobre la compatibilidad de la permanencia en un espacio de culto, de respeto y oración, de un dirigente del golpe militar y de la dictadura franquista, que firmó el Bando de Guerra por medio del cual se asesinaron a miles de andaluces y andaluzas sin juicio ni condena, lo que atenta contra la dignidad de las víctimas y la reparación que reclaman, tanto las propias víctimas como el movimiento memorialista”, añade el comunicado.
La postura de la Hermandad
A la vez que la Junta activaba esta medida, el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández, propuso al equipo de Gobierno de la hermandad el traslado de los restos de Queipo a un columbario común, que se quedará también dentro de la basílica, pero no estará expuesta al público. La Macarena asumió así que la tumba del genocida incumplía la Ley andaluza de Memoria y aceptó su traslado pero tratando de “equilibrar todas las sensibilidades de sus hermanos”. Eso ocurrió hace dos meses, desde entonces ninguna institución ha revelado avance alguno.
Preguntada al respecto, la presidenta Susana Díaz ha asegurado que si la hermandad no exhuma a Queipo, ella “hará cumplir la ley”. Podemos e IU la acusan de “antisistema” precisamente por no estar cumpliendo una legislación vigente desde hace año y medio, y le animan a dictar un decreto para la exhumación del militar.
El director general de Memoria del Gobierno andaluz, Javier Giráldez, siempre ha defendido que el enterramiento de Queipo en la Macarena incumplía la Ley de Memoria, pero que “la exhumación no dependía, en última instancia, de ningún decreto”, sino de la iniciativa política del Gobierno andaluz, que ha preferido abordar el asunto en privado, negociando con el Ayuntamiento de Sevilla, el Obispado y los herederos del general fascista.
“No es un debate estrictamente legal, no es lo mismo retirar simbología franquista de un espacio público (una cruz de los caídos, una calle con el nombre de algún golpista...) que una tumba, con un ser humano dentro”, explican fuentes de la Junta. Exhumar a Queipo o a Franco implica enterrarlo en otro lugar, ya sea una cripta en la Almudena o un mausoleo en el cementerio de San Fernando, en Sevilla. El “problema social” al que alude la vicepresidenta Calvo es el mismo.
Gonzalo Queipo de Llano, además de ser considerado “un criminal de guerra” por la Junta de Andalucía, fue hermano mayor de la Macarena, que le debe la construcción de la propia basílica, y su tumba allí despierta un encendido debate entre los devotos que defienden que se quede y los que quieren que lo saquen.