Del misterio de las “cajas fuertes ocultas” a los armarios comunes: el PP exprime el caso ERE para orillar al PSOE andaluz

Una foto de tres armarios muy altos robó protagonismo este miércoles al debate de Presupuestos andaluces para 2020. Andalucía será la primera comunidad en aprobar sus cuentas para el año que viene, con los votos de los partidos que sostienen al Gobierno de Juan Manuel Moreno: PP, Ciudadanos y Vox. Entretanto, el principal partido de la oposición (PSOE) andaba enfrascado en la tarea de desentrañar el misterio de las “tres cajas fuertes ocultas” donde el PP “ha descubierto papeles del caso ERE” que un juzgado llevaba “años reclamando” a la Junta, mientras ésta los tenía “escondidos bajo llave”. Misterio resuelto: no eran cajas fuertes, sino armarios ignífugos, y no estaban ocultos, sino en el archivo general de la Agencia IDEA, custodiados por los mismos directivos que hace un año trabajaban allí para el Ejecutivo socialista.

El enredo es abigarrado, pero quédense con esa primera imagen porque es un triunfo del Gobierno andaluz sobre la oposición: PP y Ciudadanos gestionan el presente de una legislatura relativamente cómoda, mientras el PSOE se ve empujado a responder continuamente por los “pecados” de su pasado. En este caso, de hace 21 años. Los socios del Ejecutivo empezaron el miércoles exigiendo la dimisión de Susana Díaz tras acusar al PSOE de haber “ocultado” documentación al tribunal que instruye las piezas separadas del caso ERE. La Junta ha remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla algunos documentos que, según su portavoz, Elías Bendodo, “aparecieron” la semana pasada en “sobres lacrados dentro de tres cajas fuertes de un metro” de altura, “ocultas” en las dependencias de la agencia IDEA, órgano pagador de los ERE.

Entre los archivos había “dos convenios privados” datados en 1998, “sin membrete oficial y sin pasar por la Intervención de la Junta de Andalucía”, que están firmados por el entonces vicepresidente socialista, Gaspar Zarrías, (condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en los ERE) y por el vicepresidente de Campofrío. Los documentos comprometían al Gobierno socialista a pagar un préstamo puente de 790 millones de las antiguas pesetas (5,9 millones de euros) a una filial de Campofrío (Campocarne) por la adquisición de los activos de una empresa cárnica de Jaén en crisis, Cárnicas Molina, donde el PP sitúa “el origen del caso ERE”.

Esta empresa jiennense se había beneficiado de ayudas de la Junta por importe de 8.000 millones de pesetas (48,01 millones de euros), algunas de ellas fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea, que dictaminó que hubo “competencia desleal” y obligó a devolver el importe más los intereses. El PP sostiene que esos papeles son la “prueba de fuego” que necesita el juzgado que acaba de imputar a Zarrías y al ex presidente Manuel Chaves delitos de prevaricación y malversación por autorizar aquel “falso préstamo” a Campofrío.

El relato de Bendodo, amplificado por la onda expansiva de la sentencia de los ERE, corrió como la pólvora el martes por las redes sociales antes de que el PSOE pudiera balbucear una reacción clara. La ex presidenta de la Junta y secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, se limitó a objetar en una entrevista con la Cadena Ser que en 1998 ella “todavía estaba en la Universidad”. La respuesta chirrió en las filas socialista más críticas, que creen que Díaz se esfuerza más en defender su figura política del impacto de los ERE que la marca PSOE, seriamente dañada tras la condena a Chaves y Griñán.

24 horas después, Canal Sur Televisión difundió una imagen de las “tres cajas fuertes” que en realidad eran tres armarios archivadores, con pomo y llave en la puerta, como adelantó el martes este periódico. A partir de ahí, los socialistas se esforzaron en desmontar el relato acusatorio de la Junta: las cajas eran simples archivadores y los documentos estaban “inventariados” por personal de IDEA que ya trabajaba allí durante la etapa socialista. De hecho, los altos cargos de la agencia pública que estaban con el PSOE siguen bajo el Gobierno de PP y Cs: el subdirector general de IDEA, que lleva allí diez años; la ex secretaria general y responsable de custodiar los archivos, que la Junta ha nombrado directora general de Comercio, Lorena Garrido; y el actual director general de IDEA, Fernando Casas, que hasta que el PSOE abandonó el poder ocupó el cargo de secretario general de la Consejería de Hacienda, y anteriormente fue Director General de Presupuestos con María Jesús Montero.

Además, los papeles hallados no pertenecen propiamente al caso ERE, porque la instrucción abarca el periodo 2000-2010, y los convenios están fechados en 1998; los acuerdos con Campofrío no son “privados”, porque en los noventa fueron objeto de varios debates en el Parlamento, y el convenio fue ratificado por el Consejo de Gobierno el 8 de junio de 1999. Ese préstamo puente de 5,8 millones de euros concedido hace 21 años -la empresa dejó sin devolver 3,7 millones a la Junta- es lo único judicializado de todo este papeleo, y donde la Fiscalía ve indicios de malversación. El Ministerio Público considera que fue un 'falso crédito' y que la Junta nunca tuvo intención de recuperarlo, porque a la vez que le daba el préstamo le concedía subvenciones para amortizarlo.

Cronología de un préstamo perdido

A los socialistas andaluces, en la oposición por primera vez en 37 años, les pesa la “herencia recibida” que cada semana reconstruye el portavoz de la Junta. El PSOE acusa a Bendodo de “mentir” y “tergiversar” los documentos oficiales. Le llaman “ruin” y “sinvergüenza”, pero cada martes aprietan los dientes temiendo el anuncio de un nuevo “escándalo” del pasado.

Hijos de Andrés Molina (Hamsa), conocida con el sobrenombre de Cárnicas Molina, se declaró en suspensión de pagos en 1995. Tenía una plantilla de 470 a 475 trabajadores. La Junta decidió no dejarla caer y compró los activos de Hamsa a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), un ente público de la Consejería de Economía e Industria que actuaba como “hospital para empresas en crisis”, y que más tarde pasaría a llamarse Agencia IDEA.

El Ejecutivo socialista buscó luego un comprador que se hiciera cargo de la actividad y de la plantilla y finalmente, en 1998, Zarrías firmó con el vicepresidente de Campofrío el convenio que “ha aparecido” ahora en los archivos de IDEA. La entonces empresa líder nacional de la industria cárnica (tenía copado el 32% del mercado andaluz) se hizo cargo de los activos de Hamsa a través de su filial, Campocarne, y se comprometió a invertir 4.000 millones de euros y mantener 300 empleos. Antes de la adquisición, la Junta firmó el polémico préstamo puente de 5,8 millones de euros para la filial de Campofrío, con una cláusula para convertirlo en un préstamo participativo, esto es, la Junta se quedaría con los bienes de la empresa si no se le devolvía todo el crédito con intereses.

El Gobierno socialista se comprometía también a no reclamar a Campofrío la devolución de las ayudas que años atrás había otorgado a Cárnicas Molina, porque nunca fue beneficiaria de ellas, puesto que cuando adquirió la empresa jiennense, ésta ya estaba en severa crisis. Aquellas ayudas fueron denunciadas por otras firmas del sector cárnico ante la Comisión Europea, que en 1999 -un año después de la firma del convenio de compra-venta con Campofrío- dictaminó que había existido “competencia desleal”, las declaró ilegales y obligó a su devolución con intereses.

Pasado el tiempo, en 2004, la filial de Campofrío no vio salida comercial a la fábrica de Jaén y se la vendió al grupo cárnico Proinserga, cuya filial andaluza es Primayor Alimentación, que retoma la actividad en Andalucía. En 2007, Primayor entra en crisis y presenta concurso de acreedores en nombre de su empresa matriz, Proinserga, con sede social en Segovia. El auto de apertura del concurso de acreedores es el 11 de julio de 2007 en el juzgado de primera instancia de Segovia.

El Gobierno socialista se personó exigiendo la devolución total del préstamo participativo firmado en 1998. Primero la junta de acreedores expulsa a la Junta del concurso, pero ésta recurre, y finalmente se acepta su personación en septiembre de 2008. Diez años después, a fecha de hoy, aún no se ha liquidado el concurso de acreedores de Proinserga, que ha sido comprada recientemente por un grupo de ganaderos de Segovia. En teoría, así finaliza el proceso concursal de la sociedad ganadera que se inició en 2007, dejando muy poco margen al Gobierno andaluz para recuperar el dinero prestado. El PSOE, sin embargo, quiere dejar constancia de que “hizo todo lo posible por recuperar ese dinero” y acusa al portavoz de la Junta de “ocultar” esta información y de “tergiversar” los documentos encontrados en los archivadores de IDEA.