Los últimos cuatro años de Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Andalucía han modificado la manera de gestionar la sanidad pública. Al menos, así lo evidencian dos claves que dibujan un panorama del que llevan advirtiendo los sindicatos desde hace años. Andalucía ha batido su récord de derivaciones a la sanidad privada, ha aumentado los conciertos con esta, y ha modificado el complemento de exclusividad que solo percibían los médicos que trabajan únicamente en la pública y que ahora cobran también quienes compatibilizan con la privada.
En un mandato claramente marcado por la pandemia de la Covid19 que obligó a la sanidad a trabajar a destajo desde marzo de 2020, es cierto que la Junta de Andalucía ha aumentado por encima del 7% del PIB (Producto Interior Bruto) su inversión sanitaria. Una cifra a la que se comprometió el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla durante la campaña de 2018 y que ha sido posible, entre otras razones, gracias a los casi 1.000 millones de euros que recibió la comunidad del Gobierno central por los fondos Covid para la recuperación.
Sin embargo, en estos tres años y medio se ha batido el récord de derivaciones de pacientes a la sanidad concertada. Las cifras de la Consejería de Salud demuestran que en 2021 el gasto en este apartado casi duplicó el que se invirtió en 2019. 200 millones de euros en un año frente a los 108 de 2019. Una cifra que la Junta de Andalucía explica con la pandemia de la Covid-19. Un detalle, las derivaciones no fueron de casos Covid, sino que de las más de 850.000 personas derivadas, solo 20 sufrían esta enfermedad. Además, si se compara con el último mandato socialista de 2018, cuando se invirtieron 118 millones de euros en este concepto, la cuenta prácticamente también se duplica en 2021. Para el sector sanitario (mesa sectorial y sindicatos), estos números delatan la debilidad del sistema público por el “desmantelamiento” que está sufriendo a su juicio. La pandemia tiró de las costuras del sistema sanitario y los hospitales se han visto desbordados para poder atender la pandemia y el resto de patologías. Por eso, las operaciones menos graves y urgentes fueron pospuestas o derivadas a los hospitales concertados, en parte por la falta de recursos que padece la sanidad pública, según denuncian los sindicatos.
Hay que tener en cuenta que Andalucía ya partía de una mala situación sanitaria en 2018 que fue una de las causas de la caída del Gobierno andaluz de Susana Díaz. Por entonces, el gasto medio por habitante estaba por debajo de los 1.200 euros y las fusiones hospitalarias planteadas para ciudades como Granada y Sevilla le generaron una contestación social en la calle que acabó lastrando su imagen de cara al electorado. Ahora, aunque el gasto por habitante en sanidad pública ha aumentado y supera los 1.300 euros, Andalucía sigue siendo de las peores comunidades autónomas en este sentido junto con Madrid, Cataluña y Murcia. Y pese a que las fusiones hospitalarias han desaparecido durante el mandato de Moreno Bonilla, los conciertos con las clínicas privadas han aumentado.
Entre 2020 y 2021, la Junta de Andalucía adjudicó por vía de emergencia y sin necesidad de expedientes, 18 millones de euros en contratos de emergencia con Vithas, Pascual, Cespa y Eulen Seguridad para, amparándose en la pandemia, utilizar los recursos de estas empresas como complementos a los recursos públicos. Unos números que para los sindicatos sirven de ejemplo de cómo el Ejecutivo regional “prefiere invertir en la privada que añadir financiación a la pública”. Pero si de contratos con la privada se refiere, este mismo año la Junta ha ampliado los conciertos que tenía precisamente con una de esas empresas: Clínicas Pascual.
Con una inversión de 771 millones de euros para los próximos cinco años, la Consejería de Salud cerró un acuerdo con esta entidad para utilizar cuatro de sus clínicas de Cádiz y una de Huelva. En total, dos centros más de los que había en los conciertos de los últimos años, que ya se iniciaron en la etapa socialista y que llegó incluso a los tribunales cuando el Gobierno de Susana Díaz alegó que Pascual estaba atendiendo a pacientes de la sanidad pública sin tener concierto, poco antes de imponerle una multa de 5 millones de euros a la empresa por cobrarle precios abusivos al SAS por sus servicios. Esta situación fue aprovechada por el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, para justificar la ampliación de los conciertos al asegurar que tenían que hacerlo para “arreglar los marrones de la etapa socialista” en materia de conciertos.
Sin embargo, este acuerdo con Pascual ha generado malestar de la mesa sectorial y los profesionales del SAS al entender que la Junta de Andalucía avanza en la privatización del sistema. Lo privatiza porque “ese dinero no se invierte en contratar a más personal que mejora la atención de la ciudadanía” y porque “las clínicas que abre Pascual sustituyen a los hospitales que el Gobierno andaluz debía haber abierto en Huelva y Cádiz desde hacía tiempo”.
Si de una cosa ha sacado pecho el Gobierno andaluz es del remate y contrucción de hosiptales. De hecho, Moreno aseguró que el “SAS había sido la mayor constructora de la pandemia”. Uno de ellos, el Hospital Costa Occidental de Lepe, en la provincia onubense, es uno de los que utiliza la Junta para defender que ha aumentado el número de estas instalaciones en la región. Pero el hospital de Lepe sigue sin estar abierto, aunque sus obras están terminadas desde hace tiempo (no lo estaba con el PSOE ni con el PP a cuenta de un acceso por carretera). Tampoco están el nuevo que se proyecta en Cartuja (Sevilla) ni el tercero de Málaga capital, aunque este último sí ha recibido un impulso muy importante gracias al actual Ejecutivo ya que durante la etapa socialista apenas se movió el proyecto. En ese listado de logros, Moreno Bonilla también se adjudica el Hospital Materno-Infantil de Torrecárdenas (Almería), cuya construcción se inició en la etapa socialista, así como la remodelación que no se termina del Hospital Costa del Sol de Marbella y la reapertura 20 años después del Militar de Sevilla, una reivindicación histórica que el PP sí ha atendido. Como curiosidad, en este mandato sí se han proyectado, ejecutado y abierto dos hospitales privados: uno en Lucena y otro en la capital hispalense. Ambos contaron con la presencia del consejero de Salud, Jesús Aguirre, en sus respectivas inauguraciones.
Precisamente la situación del Hospital Militar de Sevilla para los sindicatos es una buena muestra de lo que ellos entienden como “privatización”. Porque este centro, que reabrió en 2021, después de 17 años cerrado, como hospital de emergencia para pacientes con Covid-19, sigue abriendo nuevas plantas pero sin tener personal fijo en el hospital. Es decir, todos los trabajadores son eventuales y van rotando, lo que genera la sensación de inestabilidad que denuncian los profesionales y la mesa sectorial. Un panorama al que hay que añadir que se ha contratado a personal externo del Hospital San Juan de Dios de Bormujos, lo que para el sector es una prueba de que se está privatizando al acceso laboral a este centro.
Además de todo ello, en los últimos años también ha habido un incremento notable de los seguros privados de salud entre los andaluces. Si en 2012 había 1,2 millones de personas que tenían suscrito alguno, ahora la cifra se acerca ya a los 2 millones. De hecho, desde 2019, según de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA), se han suscrito 200.000 seguros privados más. Si entonces un 19,5% de la población tenía acceso a la sanidad privada, ahora el porcentaje está en el 21,6%. “Esto es lo que ocurre cuando se pierde la accesibilidad y la atención en los hospitales y en los centros de salud públicos”, denuncian los sindicatos. “Como en este tiempo no se ha apostado por aumentar las plantillas y la demora asistencial sigue siendo alta, especialmente en localidades donde ni siquiera tienen médico de cabecera, los ciudadanos acaban optando por clínicas del sistema privado”.
Precisamente en ese sentido, la situación no ha ido mucho mejor para el personal del SAS. Como se siguen haciendo contrataciones temporales (que rozan el 30% de la plantilla total que se estima por encima de los 100.000 trabajadores), muchos de los profesionales acaban marchándose a otras comunidades o ingresan en la sanidad privada. En el caso de los médicos, esto se ha acrecentado en los últimos tiempos con la modificación del complemento de exclusividad. Este extra salarial lo cobraban aquellos galenos que solo trabajaban para la sanidad pública y no aquellos que simultaneaban sus tareas públicas con clínicas privadas. Ahora, fruto de la presión del Sindicato Médico, la Junta ha accedido a que todos estos profesionales cobren ese complemento, independientemente de donde trabajen. “Esto hace que muchos prefieran la sanidad privada porque les dan contratos con mejores sueldos y mayor vinculación”, al tiempo que compatibilizan con la pública, lamentan fuentes de la mesa sectorial.
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