El Gobierno andaluz desoye a la oposición que pide retirar la orden para derivar a pacientes de atención primaria a la privada

El Parlamento andaluz ha acogido este miércoles un tenso debate sobre el borrador de una orden del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno que no tiene que pasar por el Parlamento, y que entrará en vigor en cuanto el Consejo de Gobierno la ratifique. Se trata de la polémica norma de la Consejería de Salud que permite, por primera vez, derivar a pacientes de atención primaria a clínicas privadas, y habilita jurídicamente a sus médicos para usar hospitales públicos para realizar pruebas y operaciones concertadas por la propia Junta (que hasta ahora se realizaban en sus propias instalaciones).

Toda la oposición en bloque ha cuestionado ese borrador, que Salud colgó en su página web el pasado 7 de julio -apenas un mes después de las elecciones autonómicas que Moreno ganó con mayoría absoluta. Casi nadie se percató entonces y casi nadie denunció la gravedad con la que siete meses después ha reaparecido este debate, inflamado por las protestas sanitarias en toda España -singularmente en Madrid- por el déficit de recursos y personal en la sanidad pública.

La bancada de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y el grupo mixto Adelante Andalucía- ha exigido además la retirada o la modificación del borrador, pendiente de su aprobación final. Pero la consejera de Salud, Catalina García, ha defendido enérgicamente la orden y ha desoído esta petición. La norma sigue su curso, aunque su departamento no ha aclarado cuándo entrará en vigor.

El debate sobre esta orden, aunque quede fuera de las competencias del Parlamento, ha zarandeado la política andaluza como nunca, desde que el PP disfruta de la placidez de una mayoría absoluta con 58 diputados. Al Ejecutivo se le notaba por primera vez irritado por la picadura de una oposición a la que le cuesta encontrar grietas con las que comprometer la estabilidad del Gobierno.

García se ha esmerado mucho en desmentir categóricamente la denuncia más grave que la oposición atribuye a la orden: “No vamos a privatizar la sanidad pública. No es no. Creemos en el sistema público de salud. Este gobierno no va a privatizar nada. N-a-d-a”, ha sentenciado y repetido hasta la saciedad.

La consejera se ha aferrado a esa consigna para eludir los puntos ciegos que arrastra la explicación extemporánea de una norma cuya tramitación pasó desapercibida, sin que la oposición ni los sindicatos sanitarios -excepto CCOO- presentase alegaciones al texto en el plazo estipulado (segunda quincena de agosto).

Puntos ciegos de la norma

Los puntos ciegos de las explicaciones oficiales de la Junta, tras saltar la polémica, son evidentes: ¿por qué incluir la atención primaria en la cartera de servicios que se derivan a la sanidad privada si la Junta jura y perjura que no pretende usarlo? O que sólo lo usaría en caso de “catástrofes, terremotos, pandemias...” ¿Por qué poner precio por primera vez a consultas del médico de familia, justo cuando la atención primaria da síntomas de colapso en algunos distritos sanitarios y con los sindicatos del sector amagando con ir a la huelga por la presión asistencial que soportan?

Son preguntas que el debate no ha resuelto. Aunque la oposición las haya dejado por escrito en el diario de sesiones, la consejera de Salud llevaba preparada una réplica de macrodatos presupuestarios e inversiones récord, un alegato en favor de la sanidad pública y una ristra de casos extraídos de la etapa socialista de Gobierno para desacreditar el discurso del líder de la oposición. Dos debates paralelos que no se han tocado en las casi dos horas de duración.

La presidenta y portavoz de la coalición de izquierdas Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha respondido con severidad a la consejera: “Si esto lo hubieran contado antes del 19 de junio [día de las elecciones andaluzas] a lo mejor no eran ustedes 58”. Nieto, que comanda un grupo jibarizado de cinco diputados, es quien desempolvó el borrador de la orden en el momento político oportuno para que la onda expansiva sacudiese al Gobierno de Moreno, 24 horas después de la manifestación de 250.000 personas en Madrid contra la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso.

En realidad, la diputada del PSOE y portavoz de Salud, María Ángeles Prieto, había denunciado mucho antes la orden, poniendo el acento en la apertura de los hospitales públicos a médicos de la privada, pero lo hizo el 17 de agosto, en pleno verano, y el líder de la oposición no logró discriminar la importancia de esa denuncia del resto de asuntos que trata a diario. Tampoco la coyuntura mediática era tan favorable como el momento que eligió Nieto, ni la atención de la prensa estuvo a la altura.

La noticia salió entonces, en determinados medios, centrada en el objetivo primordial de la orden, que es “uniformar” mediante el establecimiento de “una tarifa máxima homogénea para toda Andalucía, tanto en valor como en procedimiento”, los precios que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cobra a las clínicas privadas por pacientes derivados, operaciones y pruebas que se han triplicado en los últimos años tanto por el sobreesfuerzo de la pandemia como por la falta estructural de facultativos en la pública.

El resurgir de este borrador, siete meses después, pilló desprevenido al Ejecutivo andaluz, que en los primeros momentos reaccionó ofreciendo diversas respuestas contradictorias: que la susodicha norma no existía y la oposición “se lo había inventado”, que sí existía, pero no se iba a usar nunca; que se usaría, pero “sólo en caso de catástrofes, como terremotos o pandemias”.

Nieto recordó a la consejera que el mundo acababa de sufrir una pandemia y el Gobierno de Moreno disfrutó de todas las facilidades de la oposición en un Parlamento cerrado para aprobar “todos los decretos que necesitó para salvaguardar a los nuestros”. “No diga que esta norma se saca por seguridad jurídica, porque eso no es creíble, y lo de que es por si cae un meteorito o por si aparece Godzilla en el Guadalquivir...”, ironizó la diputada.

Prieto Rodríguez también dejó en la tribuna una lista de preguntas que quedaron sin responder. “¿La empresa privada va a tener acceso a nuestras historias clínicas en la pública?”, dijo, tras achacar al Gobierno de Moreno que “esté compitiendo con el de Ayuso a ver quien se carga antes la sanidad pública”. La socialista lanzó una serie de datos sobre conciertos con la privada que la consejera replicó con otras cifras.

La diputada de Adelante Maribel Mora acusó a la consejería de haber publicado la orden “con nocturnidad y alevosía, en plenas vacaciones de verano”, “pero la han pillado con las manos en la masa”, añadió. “Si no va a concertar la atención primaria, ¿por qué no la saca de la orden? Y si la mantiene, ¿va a especificar la orden en qué casos se va a usar?”, preguntó.

El diputado de Vox Rafael Segovia subió a la tribuna con un discurso que leyó de principio a fin, con líneas generales sobre el modelo sanitario, equiparando al PP con el PSOE, y concluyendo que era necesario recentralizar las competencias sanitarias en Madrid. Su intervención valdría para cualquier debate sanitario en esta legislatura o la pasada, Segovia apenas mencionó la orden que era el motivo central de la discusión. Por la mañana, el portavoz del grupo ultraderechista, Manuel Gavira, sí afeó a la Junta que hubiera ampliado el paquete de servicios que pueden derivarse a la privada -incluido atención primaria- emboscados en una norma sobre tarificación y precios.

La réplica más dura a la oposición la ofreció la parlamentaria del PP-A Beatriz Jurado. “¡Están sacando un rédito increíble a esta orden!”, dijo, y acusó a las izquierdas de usar este debate para tapar la polémica de las rebajas de condena a agresores sexuales con la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.

A este último argumento se sumó la consejera en su intervención final, la que cerró el debate. García habló de “los agresores y violadores que están saliendo a la calle” como consecuencia de la Ley de Garantía Sexual, el asunto que más daño político está haciendo al Gobierno de Pedro Sánchez y a los socialistas. Es el armamento pesado del PP para todo el año electoral, tanto para las municipales como para las generales. Sacarlo en este debate sobre sanidad pública, en el que el Parlamento no tenía que votar nada, explica hasta qué punto el Ejecutivo andaluz ha encajado el golpe de la oposición por primera vez en esta legislatura.