El Gobierno andaluz niega “trato de favor” en las ayudas de Cooperación a la universidad privada: “Eso pasaba con el PSOE”

El vicepresidente de la Junta y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, ha defendido este miércoles las ayudas y los contratos firmados por la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), María Luz Ortega Carpio, con la universidad privada de la que es profesora en excedencia. La Loyola fue la universidad andaluza más beneficiada por las subvenciones de esta agencia pública el año pasado, por delante del resto de academias públicas. Ortega Carpio rubricó siete subvenciones a proyectos de su universidad y cinco contratos con ésta y otras empresas propiedad de profesores de la misma, por un montante total de 617.441,44 euros.

“Ahora no está ejerciendo como profesora, no hay ninguna incompatibilidad”, ha dicho Marín en una comparecencia ante la prensa en el Parlamento. El vicepresidente andaluz ha omitido cualquier reproche hacia la directora de la AACID, ha subrayado que “no hay ningún trato de favor hacia nadie”, y ha concluido con una crítica hacia el anterior Gobierno socialista: “Eso pasaba en otra etapa que le corresponde explicar al PSOE”. El grupo parlamentario Ciudadanos ha reiterado este miércoles su denuncia contra el anterior Ejecutivo socialista por los supuestos casos de “enchufismo” en la extinta Fundación para la Formación y el Empleo de Andalucía (Faffe), objeto de una comisión de investigación en el Parlamento que acaba de concluir sus trabajos y está pendiente del dictamen final.

Marín también ha defendido la autorización que el Consejo de Gobierno dio el lunes a la creación de dos nuevas universidades privadas en Andalucía -la Fernando III el Santo, en Sevilla, y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), que tendrá carácter on line. Esta última está promovida por el grupo empresarial MEDAC, líder en la Formación Profesional privada en esta comunidad, cuyo fundador es el hoy consejero de Educación, Javier Imbroda. Imbroda se desvinculó de MEDAC en 2018, antes de obtener escaño como parlamentario andaluz y ser nombrado consejero. Los grupos de la oposición al Gobierno de Juan Manuel Moreno creen, sin embargo, que recuperará vínculos con su antigua empresa en cuanto abandone la política, de ahí que condenen los vínculos entre el Ejecutivo y esta corporación.

El vicepresidente andaluz y líder de su partido ha recordado que Imbroda “dejó todas sus actividades privadas antes de ser nombrado consejero”. “No sé cuál es el problema, al contrario esta nueva universidad dará más oportunidades de estudios a los chavales andaluces”. Sobre la relación entre la directora de la Agencia de Cooperación y la Universidad Loyola, donde tiene la plaza de profesora en excedencia, el número dos del Gobierno andaluz ha insistido en que “el trato de favor aquí no existe”.

Subvenciones y contratos menores

Además de los proyectos subvencionados, desde que dirige la AACID, María Luz Ortega Carpio ha contratado trabajos con un bufete privado de abogados y con una agencia de comunicación dirigidos por dos profesores de la Loyola. Son cinco contratos que se licitaron en concurrencia competitiva, pero en la relación de adjudicatarios sólo figuran estas dos empresas, los únicos “licitadores presentados” a la oferta. Es decir, estas dos empresas no tuvieron competidor alguno y obtuvieron la adjudicación directa por el precio que pidieron.

En cuanto a las ayudas, en el ejercicio 2020 la Universidad Loyola logró financiación para los tres proyectos de cooperación que presentó, por un montante total de 259.834,44 euros, situándose entre las más beneficiadas de la comunidad. En la convocatoria de 2021, fue la universidad de Andalucía con más proyectos subvencionados por la AACID -hasta cuatro-, por una cantidad total de 299.958 euros. Antes de 2019, cuando se constituye el primer Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, la Agencia Andaluza de Cooperación sólo había otorgado ayudas a universidades públicas, nunca a una institución privada.

La Loyola empieza a recibir subvenciones de la AACID a partir de 2020, en la primera convocatoria pública de ayudas que regula dicha institución, ya bajo la dirección de Ortega Carpio. El año pasado, la institución jesuita obtuvo más ayudas para proyectos de cooperación y desarrollo que otras universidades de mayor volumen -como la Hispalense, en Sevilla, o la de Málaga-, y el doble que las de Granada, Cádiz, Huelva, Jaén y la Pablo de Olavide.

En la categoría de Proyectos de Investigación o Innovación aplicados a la Cooperación, la Loyola es la única universidad andaluza que obtuvo dos subvenciones de la agencia, de 149.958 euros y 70.000 euros (también es la única que presentó dos proyectos para la misma categoría), mientras otras propuestas fueron desestimadas, como la de la Universidad de Almería, que se fue de vacío. La evaluación de los proyectos depende de un comité de técnicos de la agencia que los puntúa según una serie de ítems, aunque la resolución final para la concesión de las ayudas está firmada por la directora. Fuentes de la agencia aseguran a este periódico que la directora intervino en las reuniones donde se decidió el reparto del dinero, y otras fuentes próximas a la dirección lo niegan.

“Razones políticas”

Ortega Carpio fue designada para dirigir la AACID a principios de 2019, nombrada por la consejera Rocío Ruiz, de la cuota de Ciudadanos en el Gobierno de Moreno. Hasta entonces, la Agencia Andaluza de Cooperación nunca había sufragado proyectos de universidades privadas. Bajo los anteriores gobiernos del PSOE, la agencia subvencionaba proyectos de investigación “a través de convenios firmados exclusivamente con las universidades públicas andaluzas”, y se excluían las instituciones privadas “por razones políticas”. “Considerábamos que la cooperación para el desarrollo es un servicio de vocación pública. Y que el dinero público debe servir para apoyar a universidades donde la matrícula de los alumnos es prácticamente gratuita, no a instituciones privadas con unos precios que pocas familias se pueden permitir”, explica Néstor Fernández, director de la AACID en el último Gobierno socialista.

Con la llegada del nuevo Ejecutivo de PP y Cs, cambia el modelo de ayudas a la cooperación para universidades, que hasta entonces dependía de convenios firmados entre la Junta y las academias. Se aprueba una orden que regula la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (24 de julio de 2020). Por primera vez, esa convocatoria está abierta a instituciones públicas y privadas. Fernández admite que esta orden es más “objetiva y transparente” que el anterior modelo de convenios que usaba el Ejecutivo socialista con las universidades, y asegura que fue su equipo quien la dejó redactada y lista antes del cambio de Gobierno, en enero de 2019.

El Ejecutivo actual de PP y Cs también defiende sus propios “criterios políticos”, no sólo para “cambiar el rumbo de la agencia”, que consideran “lastrada por los amiguismos del PSOE”, sino “porque nuestro modelo de gestión es distinto y parte del convencimiento de que debemos implementar la colaboración público privada”. Actualmente la Junta estudia la solicitud de apertura de otras siete universidades privadas en Andalucía, que se sumarían a las 11 que ya existen (diez públicas y una privada).

Contratos menores y fichajes

Las subvenciones no son el único vínculo entre la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación y su universidad de origen. Desde 2019, la AACID ha firmado cinco contratos menores, uno directamente con la Loyola, otro con el bufete de abogados de uno de sus miembros, y tres más con una agencia de comunicación y marketing que dirige otra de sus profesoras. En todos los casos, salvo uno de los trabajos asignados a la agencia de comunicación, fueron licitaciones en concurrencia competitiva que terminaron adjudicándose a las únicas empresas que se presentaron a la oferta.

En diciembre de 2020, la AACID sacó a concurso la “Elaboración de un plan de gobernanza corporativa”. Sólo se presentó la Universidad Loyola, que fue la única adjudicataria del contrato, por un montante de 13.310 euros. El pasado 13 de diciembre, la AACID sacó a concurso un contrato para “reordenar el organigrama de la agencia”. La licitación incluía “servicios de consultoría jurídica en gestión de recursos humanos” para “el diseño e implementación del nuevo organigrama y, asimismo, para la reordenación de la estructura orgánica actual de la AACID”. Solo se presentó el bufete Montelirio, Abogados y Asesores Tributarios SL, que se hizo con el contrato por un precio de 15.324 euros. El socio responsable del área laboral del bufete es Alejandro Hernández Leal, profesor colaborador de la Loyola.

Los otros tres contratos que vinculan a la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación con su universidad de origen se firmaron con la empresa Meridianum Talent Lab, sociedad limitada, que dirige Amparo Cantalicio, profesora en el Máster de Dirección de Marketing de la Universidad Loyola, “donde imparte clases de manera regular”. En septiembre de 2019, la agencia adjudica a Meridianum un contrato para la Elaboración de un plan de comunicación de la AACID, por un montante de 5.263,50 euros, y una duración de tres meses; en abril de 2020, vuelve a obtener un contrato para el Diseño de una campaña de sensibilización sobre Andalucía como sociedad de acogida (6.836,50 euros; duración dos meses); y en octubre de 2021, logra el tercer contrato, esta vez para la Formación especializada en comunicación para el desarrollo (16.915 euros; duración seis meses). Las tres adjudicaciones de la agencia con la empresa de Cantalicio ascienden a 29.015 euros.

Además de las subvenciones y los contratos entre la AACID y la Loyola, la directora de la agencia fichó el año pasado a otra profesora de dicha institución, María José Vázquez de Francisco, docente del área de Economía Aplicada y personal investigador de la universidad jesuita, que fue nombrada jefa de unidad de Planificación y Evaluación de la agencia, en sustitución de una baja de varios meses.

Ortega Carpio ha rehusado hablar con este periódico. Tanto la Consejería de Igualdad como la Universidad Loyola defienden la “legalidad y transparencia” en la adjudicación de subvenciones y contratos.