El Gobierno andaluz va a gastar 70 millones de euros en la adquisición del mayor humedal que existe en el entorno del Parque Nacional de Doñana: 7.500 hectáreas de Veta La Palma –3.500 inundadas– y donde invernan más de 300.000 aves acuáticas, el 60% de la población que habita la reserva. “La gran mayoría de ese dinero proviene de fondos europeos y una parte de fondos propios”, ha explicado este martes el portavoz de la Junta y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco.
La Consejería de Medio Ambiente llevaba “más de un año” negociando en secreto con el propietario de esta enorme piscifactoría que llevaba parcialmente cerrada dos años: el Grupo Hisparroz, vinculado a la multinacional Ebro Foods, con una plantilla de cien trabajadores y sujeta a un ERE desde 2021. Esta negociación ha discurrido en paralelo a la tramitación parlamentaria de la polémica ley para recalificar suelo en el entorno de Doñana, cuyo objetivo es regularizar el regadío ilegal en unas 700 hectáreas.
Son dos medidas que impulsa el Gobierno andaluz, sin apreciar “las contradicciones e incongruencias” que le achacan los grupos de oposición de izquierdas PSOE, Por Andalucía y Adelante, y el propio Gobierno de España. “Yo lo veo perfectamente coherente”, ha enfatizado el portavoz de la Junta.
El anuncio de compra del humedal se ha llevado con extremo sigilo “para no entorpecer la operación”. El Ministerio de Transición Ecológica, en guerra abierta con el Ejecutivo de Moreno a cuenta de la polémica ley para amnistiar regadíos ilegales, se enteró este martes por la prensa (Moreno hizo el anuncio en un foro del diario ABC).
La ministra del ramo, Teresa Ribera, aplaudió la medida pero compaginó sus elogios con duras críticas a la ley, que está en la recta final de su tramitación y podría ver la luz en el Parlamento en octubre. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, también defendió la adquisición del humedal para preservar la laguna y el hábitat de las aves en Doñana, pero insistió en pedir la retirada de la ley que, por otro lado, permitirá ampliar la zona de riego en el entorno del Parque Nacional.
“La sequía es la misma. Afecta al humedal que van a comprar [dos balsas de 70 hectáreas que bombean agua del Guadalquivir a través de un afluente] y a las parcelas de la corona norte que quieren regularizar para riego [con agua superficial] con la proposición de ley de PP y Vox”, dicen los socialistas. La compra está cerrada “a nivel técnico” con los propietarios, ha asegurado el portavoz, sin aventurarse a poner fecha al acuerdo definitivo, porque “aún no se ha escriturado nada”.
La Junta se hará con el humedal para gestionarlo como espacio de avistamiento de aves –no como piscifactoría– y acto seguido pedirá al Ministerio de Transición Ecológica que gestione la integración de este humedal en el Parque Nacional, lo que supondría una ampliación de su perímetro del 14%, la mayor desde 1978. La Estación Biológica de Doñana y las organizaciones ecologistas que trabajan sobre el terreno, tan críticas con la ley de regadíos, han aplaudido este “inesperado giro de guión”.
Con este golpe de efecto, Moreno ha logrado desviar temporalmente el foco de presión sobre la polémica ley que tanto ha desgastado su pretendida imagen de adalid de la “revolución verde”. Al presidente andaluz, la oposición y el Gobierno de Pedro Sánchez le acusa de “negacionista climático” por mantener viva la ley que permitirá ampliar la zona regable en Doñana en un momento de grave crisis hídrica por la ausencia total de lluvias.
La Comisión Europa, la Unesco, la ONU y gran parte de la comunidad científica han advertido al Gobierno andaluz de los riesgos de sacar adelante esa ley, so pena de sanciones económicas millonarias o la expulsión de Doñana del catálogo de espacios patrimonio de la humanidad. Mientras, la Junta se aferra a una idea fuerza: la norma no permite regar, sólo otorga permisos de riego. Luego será la autoridad competente –la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir– quien conceda o deniegue el agua a los agricultores afectados, aunque este organismo dependiente del Gobierno central ya se ha manifestado rotundamente en contra. “No hay agua ni para los cultivos legales actuales”, ha dicho su presidente, Joaquín Páez.
El Gobierno andaluz pagará la compra del humedal con fondos europeos, mientras encaja las críticas y advertencias de Bruselas por mantener viva la ley de regadíos. Una apuesta económica para preservar el valor ecológico de Doñana y adquirir un humedal en peligro, y una apuesta política por legalizar cultivos de riego pese a no haber agua.
El portavoz de la Junta ha respondido con un “no” rotundo cuando le han preguntado si se ha negociado también con los agricultores propietarios de las parcelas que serán recalificadas como suelo regable con la ley para adquirir sus terrenos e incorporarlos al espacio protegido del parque. Son 700 hectáreas, según cálculos del propio Gobierno andaluz, y no las 7.500 hectáreas por las que se pagarán 70 millones. “Los terrenos de los que habla la ley ni siquiera están en el preparque, están a 30 kilómetros del parque, mientras que la piscifactoría sí está dentro del espacio natural”, dice Fernández Pacheco.
No es la primera vez que una Administración compra terrenos en el entorno de Doñana para blindar su protección. La última vez fue el Gobierno central, en 2015, que adquirió 922 hectáreas de la finca Los Mimbrales, en Aznalcázar, de menor valor ecológico que la actual y a un coste de 53.000 euros por hectárea, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. El acuerdo de la Junta para la compra de Veta La Palma supone pagar unos 10.000 euros por hectárea.
Este asunto ha sacudido el arranque del curso político, que se reinicia en el Parlamento a pleno rendimiento esta misma semana. El pasado viernes, el presidente Moreno recibía a los portavoces de todos los grupos de la oposición para consensuar “un frente común” en el que pedir a Bruselas que atienda la “singularidad” de Andalucía –como una de las regiones de Europa más expuestas al cambio climático– para lograr financiación extra contra la sequía. No lo logró, porque PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía ven incongruente ese discurso con la defensa de la ley para ampliar regadíos en Doñana y exigen su retirada.
“¿Incongruencia? Todo lo contrario. Esta noticia viene a corroborar una línea de opinión sobre las competencias de la Junta, la proposición de ley en ningún caso legaliza un solo pozo ilegal en Doñana y además habla de aguas superficiales, no de tocar el acuífero que ya está suficientemente explotado”, se ha reiterado el portavoz. La ministra Ribera, que ha comparecido tras el Consejo de Ministros, se ha felicitado por “la primera buena noticia en torno a Doñana que recibimos desde hace mucho tiempo por parte de la Junta de Andalucía”. “Pero no afronta el problema de cara: la falta de agua”, ha añadido.
Doñana, en efecto, seguirá siendo una línea de confrontación entre el Gobierno central y la Junta, porque ambas administraciones parecen haber renunciado a coordinar un plan de acción para preservar la mayor reserva natural de Europa. En noviembre del año pasado, la ministra Ribera se personó en Almonte (Huelva) para presentar el Marco de Actuaciones para Doñana, impulsado por su departamento, y está dotado de 356,75 millones [desde su presentación se han ejecutado ya 134 millones, un 37%, aseguran desde su departamento].
El portavoz y consejero andaluz de Medio Ambiente acusó entonces a la ministra de “no invitar” a la Junta, no hacerle partícipe y orillarla, pese a tener competencias decisivas en la gestión del Parque Nacional. Ahora es el Gobierno andaluz el que, en el ejercicio de sus competencias, lanza esta medida de espaldas al Ministerio de Transición Ecológica, constatando la falta de colaboración y entendimiento de ambas administraciones en un contexto político endiablado: con las elecciones andaluzas, municipales y generales en medio, y ahora con un Gobierno socialista en funciones, la investidura de Alberto Núñez Feijóo en el calendario, y las opciones de Sánchez de reeditar mandato con el apoyo de independentistas catalanes y vascos.
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