Las redes sociales no son las aulas. En las primeras, muchos profesores andaluces han volcado su indignación por la falta de recursos humanos y materiales para afrontar el curso escolar bajo el signo de la pandemia. En las segundas, el ruido ha sido menos ensordecedor y la huelga de docentes convocada para este viernes apenas se ha dejado notar.
El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha encajado su primera huelga general en el ámbito de la enseñanza [con alrededor de 107.269 profesores], el sector público más zarandeado por el coronavirus después de la sanidad. Es una situación inédita, no sólo porque el virus haya desatado un estado de alerta e inseguridad colectiva entre padres de alumnos y docentes: se trata de la primera vez que los maestros convocan una huelga apenas ocho días después del inicio de las clases, el pasado 10 de septiembre. Además la incorporación completa del alumnado ni siquiera ha culminado, en Infantil y Primaria ha sido escalonada durante cuatro días, con una presentación de una o dos horas en cada escuela, y en Secundaria y cursos postobligatorios ni siquiera han empezado todas las etapas, porque muchos institutos aún están decidiendo cómo compatibilizar clases presenciales y a distancia.
O ha habido un error de estrategia por parte de los sindicatos convocantes o se ha sobreestimado el cabreo del colectivo docente y su interés por paralizar el sistema escolar en señal de protesta. Sea como fuere, esta circunstancia explica, en parte, que el seguimiento de la convocatoria haya sido muy escaso. Un 13,9% entre los maestros de Infantil y Primaria, con picos del 21% en Almería y Cádiz y del 23% en Huelva; y un ínfimo 1,5% en Secundaria. De una plantilla de 107.269 docentes, 7.636 han secundado el paro, un 7,1% del total. A mediodía, aún sin contabilizar la jornada completa, la Junta ya hablaba de “fracaso”, y acusaba a la oposición de izquierdas de estar “boicoteando” la vuelta al cole. Adelante Andalucía, la coalición de Podemos e IU, ha secundado la convocatoria activamente, mientras que el PSOE la ha alentado, pero no se ha posicionado a favor, alineándose con los sindicatos que han preferido la manifestación a la huelga.
Los sindicatos convocantes, CCOO y Ustea, elevan la cifra de participación al 60% en todo el sistema escolar. Más del 70% del profesorado de Infantil y Primaria ha secundando la huelga en Andalucía, “a pesar de que Educación ha decretado unos servicios mínimos abusivos de hasta ocho docentes por centro”, y más del 50% en Secundaria y cursos postobligatorios, “pese a que Educación ha dificultado la participación del profesorado de los institutos al autorizar que las clases comiencen el próximo lunes”.
Maestros de apoyo
El desarrollo de esta huelga en las aulas andaluzas no responde a la ola de protestas de profesores y padres que han reprochado duramente a la Consejería de Educación su “falta de planificación del curso escolar más difícil de la historia”, la incertidumbre, las dudas y el miedo, el jaleo que han provocado las múltiples instrucciones que iban llegando a las escuelas incluso con el curso cambiado, la tardía asignación de plazas a los casi 5.000 maestros de apoyo contratados frente a la covid-19, la falta de recursos y espacio disponible en los centros escolares para desdoblar cursos y preservar la distancia de seguridad entre alumnos y, sobre todo, el enorme desequilibrio entre la plantilla docente y la ratio escolar, muy por encima de los 20 alumnos por aula recomendados en la mayoría de las escuelas. El refuerzo previsto por Educación, con una inversión extra de 206 millones de euros, suma 4.984 docentes más a la plantilla, pero sólo para el 57% de los colegios e institutos con más alumnos matriculados.
La huelga no ha cumplido las expectativas de los convocantes porque nacía con un hándicap estructural de libro: la división sindical. De los cinco sindicatos con más representación en la mesa sectorial de Educación, sólo dos respaldaban la convocatoria: CCOO y Ustea. Los otros tres -CSIF, ANPE y UGT- se pusieron de acuerdo para impulsar un calendario de movilizaciones, con una marcha de protesta este mismo viernes, entre el despacho del consejero de Educación, Javier Imbroda, en Torretriana, y el despacho del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en el Palacio de San Telmo.
Los cinco sindicatos coinciden en que el refuerzo de maestros que ha puesto la Consejería de Educación para flexibilizar las clases presenciales era “insuficiente”, y en todas las reuniones que han mantenido con sus responsables en el último mes han exigido más personal -2.000 docentes más- y más coordinación con los ayuntamientos para dotarse de nuevos espacios para desdoblar las aulas y para hacer funcionar bien los llamados grupos de convivencia o burbuja (para acotar la mezcla del alumnado en un mismo centro).
En una de las últimas reuniones, el equipo de Imbroda llegó a ofrecer 800 contrataciones más de maestros para bajar la ratio en Infantil, ya que los apoyos extra se han limitado a la educación obligatoria: Primaria y Secundaria. En el segundo ciclo de Infantil, de 3 a 6 años, las medidas sanitarias contra la covid no obligan a los alumnos a llevar mascarilla, sin embargo, se trata de tres cursos que suelen compartir edificio con la etapa Primaria. Según datos de la consejería, en Andalucía hay 19.514 unidades de Infantil y Primaria (aulas), de las que 14.425 tienen entre 21 y 25 niños por clase, superando el máximo recomendado para prevenir la covid (20 alumnos); 3.923 aulas tienen justo 25 estudiantes, y otras 1.153 unidades rebasan esa ratio legal, llegando hasta los 28 por aula (debido a la escolarización sobrevenida). En Secundaria, hay 870 institutos que han recibido docentes de refuerzo, pero se han detectado otros 170 donde la ratio supera el margen aceptado, pero no cuenta con dotación extraordinaria.
De esta radiografía ha sacado la Consejería de Educación la cifra de 800 maestros adicionales, que está dispuesta a enviar, sobre todo, a los colegios donde están esas 1.153 aulas saturadas. Los sindicatos siguen demandando 2.000 más, y un alto cargo del equipo de Imbroda terminó respondiendo que para lograr una ratio homogénea de 20 alumnos por aula en Andalucía sería necesario contratar a 10.000 docentes, “un escenario inviable por falta de disponibilidad presupuestaria”.
Fondos extraordinarios
La Junta ha insistido mucho en que la ratio escolar media de Andalucía es de 20 alumnos por aula, pero una media en un sistema escolar con más de 7.000 centros educativos y 1,8 millones de alumnos es un dato muy relativo. La población se concentra en las grandes urbes y es aquí donde la ratio rebasa el límite legal -25 por clase en Primaria, 30 en Secundaria, 35 en las etapas postobligatorias-. El propio sistema de escolarización, que contribuye a agrupar hermanos de distintas edades en un mismo centro, contribuye a sobrepasar ese tope en un margen permitido del 10%. De ahí que haya colegios con 28 alumnos en clase, institutos con 33 estudiantes en el aula y centros de Bachillerato y FP con hasta 38 jóvenes por profesor. Aquí la imposibilidad de preservar las distancias de seguridad en el aula es manifiesta.
Los casi 5.000 maestros de apoyo que se están incorporando este curso escolar tienen contrato hasta el 31 de diciembre. Imbroda se ha comprometido a prorrogarles hasta que finalice el curso 2021, con un sobrecoste que ronda los 130 millones de euros. Andalucía ha presupuestado 600 millones para adaptar las escuelas al impacto de la covid-19, y cuenta con 386 millones del fondo de 2.000 millones para educación que el Gobierno ha destinado a las comunidades. Por ahora, el consejero se excusa en que ese dinero sólo se puede gastar en 2020, cuando los sindicatos le preguntan por qué no se cierran los contratos del personal de apoyo para todo el curso. En realidad, el Real Decreto que regula el Fondo Covid para educación permite a las comunidades usar el remanente que hubiera de este dinero en 2021 (disposición adicional tercera).
Hay sindicatos, como UGT, que prefieren el aumento de 800 maestros de Infantil propuesto por la consejería a nada, pero al final el acuerdo no se ha materializado. Ninguna organización sindical ha querido firmar ese incremento de plantilla con Educación, temerosa de que el devenir de un curso escolar lleno de incertidumbres e inseguridades haga saltar las costuras de la escuela más adelante. Las escuelas van a seguir abiertas, se ha primado la presencialidad del alumnado para superar el parón de seis meses sin clases que provocó el estado de alarma, el pasado marzo, y los colegios van a ser un termómetro inmediato de la segunda ola de contagios, que ya empieza a contabilizar en Andalucía más de mil infectados diarios. “¿Cómo vamos a ponernos en huelga los maestros antes de que empiece el curso? ¿Qué mensaje le damos a los sanitarios, que han pasado y están pasando lo peor de la pandemia sin plantarse?”, se preguntaba este viernes una profesora en huelga de Sevilla, frustrada por el poco seguimiento en su instituto.
Los sindicatos docentes han gastado la carta más alta que tienen -la huelga general- al principio de una partida con el Gobierno andaluz que será larga y compleja. Sus reivindicaciones son reconocidas por el colectivo y por las asociaciones de padres y madres de alumnos, existe unidad en las reclamaciones que plantean a la Consejería de Educación, pero la división del sector ha restado vigor y legitimidad a la protesta de este viernes. Es previsible que la pandemia vuelva a poner a prueba la capacidad de resistencia de un sistema educativo muy mermado, con carencias estructurales en cuanto a inversión por alumno, formación del profesorado, plantilla y recursos tecnológicos para ofrecer una enseñanza a distancia en caso de que sea necesario un confinamiento... Llegado ese momento, el recurso de la huelga general “ya habrá gastado un cartucho de forma precipitada”, se lamentan los sindicatos no convocantes.