La vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, ha enviado un escrito a la Junta de Andalucía en la que le pide que se convoque la comisión bilateral entre ambas administraciones para abordar la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos cuya devolución se ha aprobado por decreto ley en la autonomía pese a los informes que alertan de que escapa a sus competencias.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha remarcado que esta convocatoria se presenta como “un buen síntoma” de diálogo por parte del Gobierno de la Nación, quien “directamente” ha recurrido esta decisión al Tribunal Constitucional en el caso de Castilla la Mancha, donde fue paralizada por el alto tribunal.
La consejera confía en que esto sirva para llegar a un acuerdo entre ambas administraciones y no suponga ninguna “trampa” por parte del Gobierno de España. En su opinión, 2017 es un buen año para revertir derechos a los empleados públicos, fundamentalmente en comunidades autónomas “cumplidoras como Andalucía” con el objetivo de déficit.
“El Gobierno de España podría haber ido directamente al TC si no veía posibilidad de acuerdo, con lo que quiero interpretar que convocar este órgano representa una señal de querer consensuar y acordar”, ha abundado la consejera, quien ha insistido en que la Junta de Andalucía tiene capacidad para esta medida.