Andalucía elevó el gasto en seguridad en centros de menores migrantes a petición de Vox pese a registrar un 0,54% de delincuencia

El pasado 8 julio, el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos incluyó en los Presupuestos autonómicos de 2019 una enmienda parcial de Vox para aumentar en 1,5 millones “la partida para reforzar la vigilancia y la seguridad en centros para menores extranjeros no acompañados (Menas)”.

La formación ultraconservadora, clave para la estabilidad del Ejecutivo, vinculó aquella exigencia con “el incremento en la llegada de menores en pateras a través del Estrecho”, y el hipotético “impacto que estos jóvenes tienen en la inseguridad ciudadana”. El gabinete de Juan Manuel Moreno necesitaba los votos de Vox para sacar adelante su primer Presupuesto, y aceptó la enmienda de su socio, aunque los datos oficiales que tenían demostraban que la medida era innecesaria: el índice de delincuencia asociado a los menores migrantes tutelados en Andalucía es del 0,54%.

Este dato no se ha hecho público hasta este martes. Vox exigió más dinero antes de preguntar cuál era la dimensión real del problema o si realmente hay un problema de inseguridad ligado a los menores extranjeros. Y el Gobierno andaluz concedió ese aumento presupuestario a su socio a cambio del apoyo a las cuentas. Quien negoció con Vox aquella enmienda, o bien desconocía el dato aportado este martes por el portavoz de la Junta y consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), o bien no lo tuvo en cuenta al incluir el gasto en los Presupuestos en vigor.

El partido de Santiago Abascal en Andalucía ha solicitado este lunes al Parlamento información sobre los Menas que están bajo tutela de la Junta, “el coste mensual aproximado per capita” de cada uno de ellos, y “los informes de los centros de acogida sobre incidentes y altercados en los que participan”. La solicitud de Vox en Andalucía es similar a la que ya registró el pasado julio en las Cortes Valencianas. En ambos casos, el grupo de extrema derecha vincula a los menores inmigrantes con la “delincuencia” y la “inseguridad que perjudica a los españoles de a pie”. Esta asociación aparece en la exposición de motivos de su pregunta escrita aunque, paradójicamente, acto seguido se requieren datos y estadísticas que confirmen tales afirmaciones.

“Demonizar a los Menas”

A la Consejería de Igualdad esto le parecen “prejuicios de tintes xenófobos”, y no es la primera vez que su titular, Rocío Ruiz (Cs), se lo ha hecho saber a los diputados de Vox en el Parlamento. El texto de su pregunta escrita dice así: “Los Menas se escapan de los centros y deambulan por las calles hasta que se les asigna otro espacio de acogida, siendo este período justamente cuando comienzan a introducirse en el mundo delictivo con hurtos y posteriormente, con delitos de mayor gravedad como robos con violencia e incluso con el consumo de las drogas, siendo los trabajadores de los centros de acogida los primeros que sufren su carácter agresivo y violento”.

La iniciativa de Vox ha llegado a oídos de Bendodo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y el portavoz llevaba preparada la respuesta escrita. “El índice de delincuencia de los menores extranjeros no acompañados tutelados en centros de la Administración autonómica es del 0,54%. Nada más”, ha dicho. Bendodo también ha recordado que hace una semana la consejera de Igualdad se llevó a diputados de Vox -y del resto de grupos parlamentarios- a una visita oficial a un centro de menores inmigrantes próximo al Parlamento andaluz, para que conocieran de primera mano la realidad de los trabajadores del centro y de los chavales. “La idea era, precisamente, que Vox superase los prejuicios y la falta de información que les hace demonizar a los menores migrantes y relacionarlos con la delincuencia”, dijo entonces Ruiz.

Para la visita, la consejera eligió un centro de acogida recién abierto en el distrito Macarena de Sevilla, que hace unos meses fue objeto de un brote xenófobo y de protestas vecinales respaldadas por diputados de Vox. A tenor de la pregunta registrada por el grupo conservador en el Parlamento, Ruiz parece no haber logrado el objetivo que buscaba. Por parte de Vox, a la visita acudió la diputada Luz Belinda Rodríguez, que tras conocer las instalaciones del centro y a los 17 menores migrantes que residían allí, ofreció su impresión a este periódico: “A simple vista nos pareció una visita teatralizada, todo era perfecto, no existía ningún tipo de problemática más alla de la tragedía de que estos menores terminen en España después de una travesía impulsada por las mafias de la inmigración ilegal”. Vox explicó que no pudo sacar conclusiones de aquella visita y anticipó que impulsaría “diferentes iniciativas para conocer estas realidades con mayor transparencia”.

Tensión entre Cs y Vox

La política migratoria es uno de los asuntos que más tensiona la relación del Gobierno de PP y Cs con Vox. Una de las primeras exigencias del grupo de extrema derecha, a cambio de su apoyo en la investidura de Moreno, fue la deportación de 52.000 extranjeros en situación irregular en Andalucía. PP y Cs lograron frenar esta petición, pero otras no. En los Presupuestos de 2019, pactados por los tres grupos, se incluyó por exigencia de Vox un recorte de 600.000 euros en el gasto para acogida e integración de inmigrantes, y el ya citado aumento de 1,5 millones para reforzar la vigilancia y la seguridad en centros para menores extranjeros.

Ahora Vox reclama a la Consejería de Igualdad un cálculo aproximado de lo que le cuesta a las arcas públicas la tutela de los menores inmigrantes, pero es difícil que esos datos puedan desagregarse del gasto para políticas de Infancia, porque la Junta no discrimina entre menores extranjeros y menores andaluces. “Todos son menores”.

En cambio, el partido de Abascal también pregunta por “los planes de la Junta para estos jóvenes, una vez cumplen la mayoría de edad, y si se está promoviendo su adaptación”. Esta preocupación también es compartida por otros grupos de izquierda, como Adelante Andalucía (Podemos-IU), que denuncian que existe “una laguna en el sistema de protección de menores”. En teoría, al cumplir los 18 años salen con un permiso de residencia, pero muchos -la mayoría magrebíes y subsaharianos- aún no tienen la documentación de sus países. Marruecos tarda de media un año para regularizar los papeles de los jóvenes inmigrantes. Y a estos les faltan vínculos familiares y problemas de idioma para lograr un trabajo. A partir de ahí, son las ONGs las que cubren los vacíos del sistema público.

Desde el 1 de enero hasta el pasado 15 de agosto, se han producido un total de 2.660 nuevos ingresos de Menas. De ellos, 1.943 llegaron con más de 16 años, y 1.208 tenían entre 17 y 18 años, esto es, el 45,4% de los nuevos ingresos. Para este mismo periodo, han cumplido la mayoría de edad un total de 643 menores y está previsto que lo hagan 523 menores hasta final de año -con la foto fija a día de 17 de agosto de 2.301 menores dentro del sistema de protección-, según datos de la consejería.

La red normalizada de recursos residenciales para la atención en Andalucía de todos los menores que se encuentran en situación de desprotección la conforma un total de 2.359 plazas en 202 centros. El número de ingresos en el primer cuatrimestre de 2019 se ha incrementado en más de un 60% en relación al mismo periodo de 2018, 1.257 frente a los 781 del pasado año.