“El PP poco menos que prohibió por ley las políticas socialdemócratas”

Antonio Ramírez de Arellano (Sevilla, 1964), catedrático de Física y ex rector de la Universidad de Sevilla, entró como independiente en el Gobierno andaluz en la cartera de Economía y ahora ocupa el número dos en la lista electoral del PSOE de Sevilla, como persona de confianza de Susana Díaz. El actual consejero de Hacienda es quien debe diseñar las cuentas andaluzas, aunque en esta entrevista renuncia a presentar el anteproyecto de ley de Presupuestos de 2019 antes del 31 de octubre, como es preceptivo y como había anunciado el vicepresidente de la Junta. “Será lo primero que haga el próximo Gobierno”, dice.

¿Va a llevar al próximo Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley de Presupuestos para 2019?

No lo puedo hacer porque está el Parlamento disuelto. Pero esa será de las primeras actuaciones del nuevo Gobierno cuando se constituya.

El vicepresidente aseguró que el borrador de Presupuestos se presentaría en octubre. La Junta podría elaborar su proyecto y que éste se negocie en la próxima legislatura…

No parece razonable que se haga así. De todas formas, el proyecto de Presupuestos tiene un alto componente técnico, se tarda mucho en elaborar (casi cinco meses, empezando en mayo) y ese trabajo sí está hecho. Pero será un nuevo Gobierno el que se base en ese esqueleto para darle los matices políticos que procedan.

¿Tienen ya una previsión de empleo para las próximas cuentas autonómicas?

Esperamos que el empleo siga evolucionando positivamente en 2019. Prevemos una subida del PIB del 2,3% y hablamos de crear unos 100.000 empleos más, manteniendo nuestro actual ritmo. Pero habrá que reevaluar este objetivo cuando se presenten finalmente las cuentas, que estarán fuertemente influidas por la situación presupuestaria del Gobierno de España.

¿La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cambiaría mucho la previsión de crecimiento andaluza?

Cambiaría radicalmente. Pero si los PGE no salen adelante, tenemos un esqueleto de presupuesto expansivo con el que podemos dar respuesta a todos los compromisos ya asumidos, es decir, sostener todas nuestras políticas y mantener los acuerdos laborales con nuestros empleados públicos.

¿Por qué la Junta cifra la aportación del Gobierno a Andalucía en mil millones extra y el Ministerio de Hacienda dice que son dos mil?

Es que la secuencia de acontecimientos hay que valorarla. Ha habido dos momentos. En verano conocimos la propuesta del Gobierno de aumentar en 760 millones las entregas a cuenta e incrementar el gasto en 350 millones gracias a la flexibilización del déficit. Eso son mil millones. Luego en octubre hemos consolidado compromisos de otra naturaleza que mejorarían los ingresos de Andalucía: compensación por tributos cedidos (600 millones), aumentar las inversiones estatales (calculamos 300 millones más), un plan de empleo que la ministra [María Jesús Montero] no cifró, pero que estimamos en 100 millones. La ministra dio aquí una rueda de prensa la misma semana de su reunión conmigo en Madrid y habló de la suma de todo: dos mil millones, el 1,3% del PIB andaluz. Desde nuestra perspectiva no hay contradicción.

¿Cree que el Gobierno de España está ofreciendo privilegios políticos o económicos a Catalunya y Euskadi a cambio del apoyo de los grupos nacionalistas a los Presupuestos?

Históricamente se ha hecho... En los últimos tiempos, desde que Pedro Sánchez es presidente, yo no lo he visto. El PP se rasga las vestiduras por posibles acuerdos con los nacionalistas, pero le recuerdo quién aprobó el nuevo concierto vasco. El Gobierno andaluz está vigilante para que nadie tenga privilegios. Con Catalunya ha habido dos acuerdos bilaterales comprometidos con anterioridad, uno ligado a su policía autonómica, que nosotros no tenemos, y otro obligado por una sentencia.

Desbloquear ahora ese gasto también fue una decisión política. La sentencia y el convenio de los Mossos llevaban meses sin ejecutar.

Sí, pero las sentencias deben ejecutarse. En 2011 el Gobierno de España reconoció en un papel a Catalunya una deuda de 800 millones, y luego Rajoy no la ejecutó. Se fueron a los tribunales y ganaron esa deuda. Ahora sólo se ha pactado que el pago se hará en cuatro años, igual que con Andalucía han pactado una compensación anual de 200 millones por la eliminación de la tasa de depósitos bancarios. Hasta ahora lo que observamos en la ministra de Hacienda es una voluntad permanente de equilibrio: las cosas multilaterales son multilaterales y las bilaterales son bilaterales. De hecho, el Gobierno fue muy fino a la hora de plantear cómo atendía a esas reclamaciones de la Generalitat, siempre dentro del Estatut catalán.

Usted es, probablemente, el miembro del Gobierno andaluz más crítico con los nacionalismos…

Yo no soy crítico con los nacionalismos, pero considero que la identidad nacional y cultural no puede ser un instrumento para la discordia. Desgraciadamente observo que algunas ideas provenientes de nacionalistas han derivado hacia eso. Además no entiendo que se pueda estar en la discordia por razones identitarias y ser de izquierdas. La estructura política de España está sustentada en un principio de lealtad institucional y política, de modo que ninguna comunidad puede plantear un funcionamiento ajeno a nuestras normas de convivencia básicas. El problema no es el nacionalismo, sino el nacionalismo supremacista y excluyente.

¿Cree que el peso político de Andalucía en el conjunto del Estado se corresponde con su peso real?

El problema ahora es que estos últimos años hemos tenido un Gobierno del PP que confía muy poco en nuestra estructura de Estado, no le gusta el Estado de las autonomías. Y como no le gusta, todo lo que hace está relacionado con esa visión. Por ejemplo, llega la crisis y culpa a las comunidades del despilfarro, y así mata varios pájaros de un tiro. Rechaza el modelo de Estado y además ataca a las principales políticas que gestionan las comunidades, que son justo las de carácter social.

¿Está hablando del PP o también de Ciudadanos?

Bueno, lo que yo observo en Ciudadanos es una absoluta carencia de discurso de Estado. Es una acumulación de improvisaciones políticas, una tras otra, buscando su espacio. El PP sí anuncia qué país quiere. Lo que pasa es que la actitud del PP es incoherente y en política, desgraciadamente, la coherencia ya no se premia. Recuerdo que en la Transición las incoherencias se pagaban en el acto, las personales y políticas. Sin embargo, ahora ya se puede ser incoherente en política: al PP no le parecen bien las autonomías, ataca a los servicios públicos a través de un ataque a las comunidades. Esa manera de gestionar esto no es compatible con su actitud real, que ha sido colaborar a la desaparición del papel del Estado sobre el territorio. El PP ha sido el primero en coger las maletas y desaparecer de Catalunya, y convertir nuestro país en una especie de confederación de entidades, no independientes, pero sí ajenas la una a la otra. Yo no confío en la España puzzle, no me gusta, no tiene futuro. Creo en una España en red.

¿Con quién se siente más cómodo para pactar un presupuesto de izquierdas: con Ciudadanos o con Adelante Andalucía (Podemos-IU)?

En los últimos ocho años este Gobierno ha logrado acuerdos con IU y con Cs, y en ambos casos se ha sentido igual de cómodo. Desde una perspectiva de izquierdas, es evidente la proximidad en los diagnósticos con los partidos de izquierdas. Otra cosa es que de ahí tienen que emerger políticas, y el PSOE busca siempre una base socialdemócrata. Las políticas socialistas que tienen éxito son las que la gente quiere y respeta, no las que nos parezcan bien desde una perspectiva puramente teórica.

¿Cómo percibe la gente que esas políticas se pacten con un partido como Cs al que ustedes sitúan en la derecha neoliberal?

Aquí la mayor parte del presupuesto andaluz estaba diseñado por el PSOE, que es el partido mayoritario. Algunas de las propuestas de Cs fueron aceptadas porque encajaban y no alteraban el núcleo del programa político del Gobierno. No hay mayor conflicto ahí.

Cs impuso la bajada del impuesto de sucesiones, una medida que el PSOE no compartía, pero aceptó para pactar los presupuestos. ¿Van a revertir esa medida ahora que no les vincula un acuerdo con ellos?

Lo que pedimos ahora es una armonización fiscal en España. Mire, el reparto de la responsabilidad sobre los ingresos públicos en este país está hecho de manera muy peculiar: los impuestos fáciles de recaudar y de comprender son del Estado, y los difíciles, los que la gente no entiende, los recaudan las comunidades. Estos últimos tienen una elevada tasa de litigiosidad, porque los ciudadanos discuten la base imponible. Si tu base imponible está relacionada con el valor de…, el valor de es susceptible de ser recurrido. El impuesto de sucesiones es un ejemplo. Madrid puede recaudar 400 millones bajando la tasa al 1% y nosotros no nos lo podemos permitir. Eso demuestra que es un error que este impuesto esté en la cesta de las comunidades. Hay que sacarlo y homogeneizarlo. El PP lo ha criticado aquí, pero Rajoy podía haber acabado con él dándole a un botón.

También puede hacerlo ahora el Gobierno de Sánchez…

Si quiere lo puede hacer, sí. Pero Rajoy no lo hizo porque si altera una norma autonómica tiene que compensar económicamente a las comunidades que dejan de ingresar por ese impuesto. Y no le salían las cuentas. Además, por ese camino se busca una competencia a la baja con los impuestos, pero no se explica de dónde se recorta para cubrir esa caída de ingresos. Hay que reflexionar el discurso fiscal en este país, porque la derecha, la economía neoliberal, siempre busca atacar el cachito de ingresos públicos que les molesta, sólo ese cachito. Genera un discurso tremendista en torno a un impuesto, lo debilita y cataclás. Pero no explicamos que detrás de los ingresos públicos están los servicios públicos. No se puede impartir justicia fiscal con los impuestos, es mejor pensar en la redistribución de la riqueza.

La presidenta propone un sistema de convergencia regional para equilibrar las diferencias entre las regiones ricas y las pobres. ¿Cómo funcionaría?

Nosotros pedimos a la UE como país desde hace 40 años dos cosas: cohesión social y convergencia económica. En España es el modelo de financiación autonómica el que debe garantizar la cohesión social: que todos tengan sanidad y educación pública en las mismas condiciones. En cuanto a la convergencia económica, son las inversiones las que la sustentan. Para ello se creó a principios de los 80 el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), con el objetivo de equilibrar las inversiones entre distintos territorios. Esto ahora está desnaturalizado completamente. Cada año, con el Gobierno del PP, recibimos sólo 160 millones para inversiones del FCI. Con el Ejecutivo del PSOE eran 500 millones. Si no hay inversiones diferenciadas para Andalucía a lo largo de los años, es muy complicado converger. Nuestro proyecto de país no ha permitido la convergencia interregional, no ha habido cambios en la situación relativa de las regiones: todos hemos ido a mejor, pero la brecha es prácticamente la misma. Desde 1964, en Andalucía se ha invertido en promedio el 80% de la media de España. Durante 50 o 60 años, mientras en España se invertía 100, en Andalucía se invertía 80. Ésta es una clave fundamental, llevamos décadas con inversiones insuficientes en Andalucía. 

Usted señala el déficit inversor estatal como clave para entender por qué Andalucía no termina de converger. Pero el Gobierno no tiene obligación legal de cumplir la cláusula del Estatuto andaluz que exige invertir en Andalucía en proporción a su población…

Hombre, mirando al futuro, creo que el Gobierno va a intentar solucionar ese problema. Pero mirando al pasado, tiene que posicionarse no sólo con Andalucía, sino con todas las regiones que pueden reclamar un déficit de inversiones. Nosotros de entrada estamos satisfechos porque el año que viene se empezará a tener en cuenta. Mire, es la primera vez que voy a decir esto, pero es importante: pongamos que el Gobierno de España consigue aprobar los Presupuestos Generales y todas las regiones recibimos muchos más recursos, ¿vale? Bueno, pues no podríamos gastarlo debido a la ley de estabilidad y la regla de gasto. Increíble. Increíble, ¿eh? El año pasado estuvimos a dos décimas del objetivo de déficit, y resulta que superamos la regla de gasto por poco. De modo que para haber cumplido la regla de gasto, tendríamos que haber cerrado el ejercicio con superávit. ¿Hasta ese punto hemos llegado? ¡Esto es una barbaridad! En 2012 se nos obligó a un recorte brutal y ahora resulta que no podemos subir. Las comunidades y los ayuntamientos no pueden hacer inversiones porque superamos la regla de gasto. ¡Es impresionante! 

Habla como si fuera un bloqueo económico. ¿Cómo lo calificaría usted?

Yo creo que esto es una de las cosas más urgentes que tiene este país. La regla de estabilidad actual es política neoliberal pura que está condicionando la acción de los gobiernos. El PP aprobó en 2012 una ley para que cualquier gobierno que exista en la historia de España sea un gobierno neoliberal, poco menos que prohiben por ley las políticas socialdemócratas, que consisten en invertir en el ciclo depresivo y ahorrar en el ciclo positivo, para así suavizar la curva.

Un gobierno socialdemócrata aprobó el artículo 135 de la Constitución que blinda el control del déficit. ¿Usted aboga por derogarlo?

Ese artículo de la Constitución también estaba en la República, está en la Constitución de Suecia, y dice más cosas… dice que se aplique después de pagar todos los servicios sociales, bla, bla, bla y garantizar los servicios públicos. Pero yo hablo de la ley de estabilidad de 2012. Cuando haces una ley que impide que otra ideología pueda gobernar la economía, eso es muy delicado.

¿El candado de las políticas de austeridad es sólo la ley de estabilidad?

Sí, es la ley. Plantea límite de deuda, límite de déficit, la regla de gasto y el pago a proveedores. No está mal, porque anima a la estabilidad económica y a la responsabilidad en el gasto público. Pero esta ley debe reflexionarse, no hay que anular la regla de gasto, pero sí analizar qué significa hoy. Aunque tuviéramos los 4.000 millones más de financiación que reclamamos al Estado y más ingresos… no podríamos gastarlo porque la regla de gasto dice que el año que viene tenemos que subir el gasto estructural el 1,6%. Me parece increíble que no tenga matices. ¿Por qué esa emergencia de pagar primero la deuda? ¿Acaso los bancos están pidiendo la factura en la puerta? No, los bancos están locos por prestarnos dinero...

La mayor deuda de la Junta ahora es con el Gobierno central, ¿no?

Evidentemente, pero la percepción es toda la contraria. La única manera de pagar una deuda es tener más renta. Nuestro país debería estar concentrado en políticas de crecimiento.

Adelante Andalucía pide al Gobierno la condonación de la deuda andaluza.

Condonar la deuda no resuelve el problema. Analice la situación de los países latinoamericanos a los que se les condonó deuda. Automáticamente se ponen en marcha mecanismos perversos del mercado y al final no se arreglan los problemas.