La Junta de Andalucía cambiará la ley para agilizar las adopciones y favorecer el acogimiento familiar

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de la Infancia y la Adolescencia, que pretende reforzar la protección de los menores con más garantías para la adopción y con mejoras en las distintas fórmulas de acogimiento familiar de éstos. Se trata de una propuesta que se somete a exposición pública y que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales confía en ver en el Parlamento de Andalucía en los próximos meses para mejorar la ley en vigor, que data de 1998. Por tanto, en ese tiempo el texto podrá experimentar cambios, pero como punto de partida éstas son sus novedades más destacadas:

La ley prevé, para situaciones de riesgo, la guarda provisional, en un plazo máximo de siete días, y 20 para la resolución del procedimiento. Esta figura nueva no está recogida en la norma en vigor y no se debe confundir con la guarda voluntaria ni judicial, o con la derivada de un desamparo, ni con la atención inmediata prestada en caso de menores extranjeros no acompañados (MENA).

Otra de las novedades con respecto a la ley en vigor es el compromiso de un máximo de tres meses para los informes de idoneidad tanto para adopción nacional como internacional. “Hay un compromiso firme y legal de no superar los tres meses a la hora de lanzar un informe de idoneidad para adopción. No podemos someter a los niños a procesos que se alarguen. Una vez que se hace una guarda con carácter preadoptivo, la intención es que el proceso sea ágil en el tiempo, que no se eternice”, ha expuesto la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. Hoy día, un informe de idoneidad para adopción nacional puede tardar más de dos años en la Junta de Andalucía.

Nuevas medidas

Se ampliaría de los 3 años que recoge la regulación básica estatal a los 6 la edad mínima para ingresar en un centro de protección de menores. O sea, será “obligatorio” el acogimiento familiar para “todos” los niños menores de 7 en situación de desprotección. Si la Junta de Andalucía no cuenta con familias suficientes para estos acogimientos, “se reproduciría una estructura familiar”, en palabras de la consejera, dado que se optará por la fórmula de viviendas funcionales, con técnicos de la administración. Todo para garantizar que niños a tan corta edad puedan tener unos referentes de manera estable y generar los vínculos necesarios cuando son tan pequeños.

No sólo eso, sino que en el caso de los niños de entre 7 y 12 años, el tiempo máximo de permanencia en los centros no superará los seis meses, tras lo que deberán volver con su entorno biológico, ir con una familia de acogida o pasar a un acogimiento preadoptivo.

Los ingresos en centros en el caso de menores con problemas de conducta no se podrán tampoco llevar a cabo en niños por debajo de los 13 años.

La adopción será prioritaria sobre el acogimiento familiar -ya sea temporal o permanente- para el caso de los menores de 7 años sin posibilidad de retorno con sus padres biológicos.

También se establece el plazo de tres meses para el procedimiento de valoración de la situación de desprotección, que no se recoge en la ley en vigor, y se regula la figura del desamparo provisional, como medida cautelar.

Las prestaciones económicas para acogedores se regularán por ley, incluido el caso de las familias extensas, que en muchas ocasiones se hacen cargo de los niños dado que son las primeras a las que se les ofrece esta posibilidad cuando los menores son declarados en desamparo, pero no siempre tienen recursos para ello. En estos momentos, la cuantía que reciben por cada niño es decidida mediante órdenes de la Junta de Andalucía, pero el objetivo es que queden garantizadas por ley.

Se establece la obligatoriedad de seguimientos semestrales durante los dos años siguientes a la constitución de la adopción.

En cuanto a los adolescentes y su “preparación para la vida independiente”, la consejera ha reconocido que muchos jóvenes que han llegado a los 18 años tutelados por la Junta de Andalucía “no tienen a nadie” y a esa edad no están todavía “preparados para desenvolverse”. De manera que la edad en la que contarían con un respaldo de la administración para ello se extenderá de los 21 años hasta los 25. “Si están en el seno de una familia, en cuyo caso se les apoyará también”, ha aseverado la consejera.

Otra previsión es crear un registro de situaciones de riesgo y desprotección de la infancia y adolescencia, manteniendo los dos que hay en la actualidad (el de tutelas y guardas de Andalucía y el de personas idóneas para adopción nacional o internacional y para el acogimiento familiar de Andalucía).

La consejera ha destacado que en el texto han colaborado ONG como Unicef o Save the Children con más de 400 aportaciones, y ha explicado que cuenta con una memoria económica de 338 millones de euros. La ley pretende “garantizar la protección de los niños ante las nuevas necesidades que han surgido en la sociedad”, en palabras de la consejera, que ha cifrado en unos 4.000 los niños en acogimiento gracias a la solidaridad de las casi 2.500 familias de acogida de la comunidad autónoma.

Igualmente, desde la consejería han mostrado su convencimiento de que estas medidas tendentes a reducir el tiempo en el que los menores están bajo la tutela de la Junta de Andalucía sea el más corto posible contarán con la “complicidad” de los jueces, que tienen la última palabra a la hora de decretar los desamparos o hacer efectivas las adopciones, de manera que los procesos no se eternicen.

Otras propuestas de ley

Otras propuestas de la ley que se apartan un poco de lo mencionado hasta el momento son las siguientes: