El abogado de la concejala de urbanismo de Granada insinúa que policía puede añadir “pruebas falsas”
La concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, pasa a la acción y vuelve a cargar contra la actuación policial llevada a cabo en la Operación Nazarí en la que tanto ella como el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y otras 15 personas fueron detenidos el pasado miércoles 13 de abril. La concejala, a través de un escrito de alegaciones que ha hecho público, detalla las razones por las que se considera víctima de una actuación policial “desproporcionada”.
En primer lugar asegura que “se ha comprometido gravemente la reputación de todas las personas afectadas” debido a la alarma social que se provocó, según entienden la concejala y su abogado, por el enorme despliegue policial que propició que los medios de comunicación se volcaran en la noticia provocando un “espectáculo nacional e internacional”.
Isabel Nieto cree que se vulneraron sus derechos fundamentales en el momento en que se llevó a cabo el registro. Porque, según las alegaciones, la policía incautó todo tipo de material sin distinguir si se trataban de enseres de tipo personal o profesional que pudieran estar dentro de la investigación. Es más, el abogado de la concejala deja caer en el escrito que existe la posibilidad de que se añadan pruebas falsas ya que “las personas que son capaces de violar tan gravemente los derechos fundamentales de las personas y de incumplir las normas (…) son también capaces de introducir archivos nuevos o pruebas dirigidas a culpabilizar a los denunciados o cualquier tercera persona, sin que exista posibilidad de comparar con ninguna copia original”.
El escrito añade más polémica porque en él se dice que la policía se llevó en los registros dinero corriente de los domicilios de los detenidos. Algo que el Auto de entrada y registros no autoriza en ningún caso. Consideran además que las detenciones fueron ilegales porque, según la legislación actual, la policía solo puede detener a aquellas personas que o bien exista riesgo de fuga o sean descubiertas cometiendo un delito.
Por eso la concejala pide, a través de su abogado, que se declaren nulas las detenciones que se efectuaron y que en ningún caso se acceda a material íntimo o privado de los investigados. Y que si se examinan los ordenadores, móviles y demás aparatos intervenidos, se haga con la presencia de un Secretario Judicial.
