En los años 90, en Francia surgió una iniciativa que logró unir voluntades para proteger los entornos rurales del país vecino. A través de acuerdos simbólicos, regantes e instituciones se encontraron para gestionar eficazmente el agua. Una idea que llegó a España casi al mismo tiempo en Aragón, donde un conflicto en el río Matarraña por el tipo de uso que se le daba, llevó a crear un proyecto similar al francés denominado “contrato de río”. Ahora, el Altiplano de Granada propone emular ese proyecto para la cuenca del río Guadiana Menor.
Si en el caso de Matarraña el conflicto surgía porque quienes explotaban la cabecera del río querían enfocarlo todo hacia el turismo y la ribera baja pretendía gestionar el agua para producción agrícola, en tierras granadinas el discurso está más enfocado hacia el uso industrial. El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Altiplano propone la figura del “contrato de río” para que instituciones, empresas, regantes y sociedad civil puedan poner en práctica una cogobernanza que gestione mejor los recursos hídricos.
Juan Francisco Torregrosa, presidente de la GDR y alcalde de Benamaurel, uno de los principales municipios que están en la zona, explica que se han inspirado en el modelo de Matarraña para importarlo al Altiplano. “Queremos tratar de implantar esta figura del contrato de río en las comarcas de Baza, Huéscar, Guadix e incluso parte de Jaén”. Para ello, se están uniendo el Grupo Promotor del Contrato de Río para el Altiplano de Granada, constituido en mayo, para captar voluntades que protejan el Guadiana Menor.
“Queremos solventar problemas, pero sobre todo que haya cohesión territorial en la búsqueda conjunta de soluciones”, explica Torregrosa. “Tenemos que buscar soluciones conjuntas porque todos estamos interconectados”. Porque lo que sucede en Guadix tiene relevancia en Baza o Huéscar. Explotar el agua de un territorio acaba afectando no solo a este recurso sino al entorno medioambiental. “Buscamos que en el contrato de río estén representados todos los afectados por el agua”.
El segundo objetivo, además de gestionar eficientemente este bien básico, es tener “un proceso participativo, para poder llegar a un gran pacto a nivel interno para llegar a acuerdos mínimos y mantener un diálogo con el que obtener consensos a la hora de explotar los recursos de agua que tenemos”. Una meta a la que no llegarán si no cuentan con un respaldo mayoritario. “Sabemos que va a ser un trabajo muy largo porque hay que poner a mucha gente de acuerdo. Estamos definiendo el proyecto y comunicándolo”.
Por eso, en este mes de septiembre tienen previsto arrancar oficialmente dando los primeros pasos. La hoja de ruta de las primeras semanas pasa por establecer una forma jurídica en la que puedan encajar todos y a la vez que tengan voz y voto en todas las decisiones que se adopten. Entre las aspiraciones que persiguen está convencer sobre todo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para que respalde esta iniciativa, como sucedió con su homóloga en Aragón hace ya más de 20 años.
“Queremos ser una herramienta para gestionar mejor el agua en el territorio”. Entre otros motivos porque, según cuentan en la GDR del Altiplano, ha habido proyectos que han llevado inversiones importantes y no siempre óptimas para el territorio, “que no han tenido contestación social porque apenas había fuerza”. Para que no vuelva a ocurrir, quieren que el contrato de río sirva como respuesta a esas situaciones.
En la GDR saben que su empresa no es sencilla. Son conscientes de que hay quienes estarán en contra del proyecto, “pero el objetivo es tratar de resolverlos y poder llegar a acuerdos”. Con todos los problemas que afectan al Altiplano y al uso del agua, creen que eso no les puede detener. “En río revuelto, que es lo que tenemos, queremos que haya ganancia de pescadores”. Optimistas, confían en aunar muchas voluntades.
Juan Francisco Torregrosa avanza que “se han mantenido reuniones con la Secretaría de Estado de Transición Ecológica y ven el proyecto con muy buenos ojos”. Y no solo eso, sino que en el plan que están desarrollando contarán con todos los organismos e instituciones que tengan influencia en la cuenca del Guadiana Menor. “Queremos hablar con la Junta de Andalucía porque, aunque no tienen competencia, alguna relación sí tienen”.
Los primeros pasos no van a ser sencillos porque algunos ayuntamientos como el de Baza ya se han pronunciado en contra del proyecto. “Para nosotros, el mejor plan y el mejor esquema sobre el que se puede trabajar es el Plan Hidrológico del Guadalquivir. Todo lo que está surgiendo con el contrato de río, son elementos de debate respetables, pero lo que tiene que tener validez y amparo legal, porque está argumentando jurídicamente, es el Plan Hidrológico”, dice el alcalde bastetano, Manuel Gavilán (PSOE).
Sus palabras no son las únicas en ese sentido porque desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tampoco están muy abiertos a esta iniciativa. Según su presidente, Joaquín Páez, “el mejor contrato de río, indudablemente, es el Plan Hidrológico del Guadalquivir. Un plan que está sometido a seis meses de exposición pública y en el que la transparencia es total”. Por último, defiende que el Plan Hidrológico de esta cuenca está abierto a alegaciones y propuestas, tal y como se propone con el contrato de río. Por eso, desde el respeto a la iniciativa, no la ve necesaria.
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