'The best apartment you can dream in Granada' es el eslogan de uno de los cinco alojamientos que Miguel (nombre de usuario) promociona en la web de alquileres turísticos Airbnb. Con más de 200 reseñas, los inmuebles que administra están entre los más populares del barrio del Albaicín, escenario declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 y parte fundamental del conjunto monumental de la Alhambra. En las opiniones de los inquilinos podemos leer lo “magnífico” de su situación, sus “increíbles” vistas y el trato “inmejorable” del anfitrión. Comentarios, todos ellos positivos, que parecen opacar un detalle: los alojamientos violan dos apartados clave del decreto 28/2016 que la Junta estableció sobre este tipo de inmuebles. Ninguno de ellos tiene visible en la descripción el código VFT (vivienda con fines turísticos) y el total de anuncios excede en tres los permitidos -como máximo “dos viviendas por usuario en el radio de un kilómetro”, según confirman fuentes de la Consejería de Turismo-.
El de Miguel no es un caso aislado. La vulneración pública del decreto 28/2016 a través de este servicio parece ser algo habitual en las viviendas turísticas de la provincia granadina. Al observar la información relativa a los anuncios de diversos usuarios de la web, analizar en paralelo el archivo del Registro de Turismo de Andalucía (RTA) relacionado con las VFT y cotejarlo con herramientas como el portal AirDNA -que monitoriza los alojamientos de la plataforma-, chocamos con una maraña de ilegalidades.
En Granada y, concretamente, en el Albaicín, los vecinos denuncian un compendio de los efectos negativos que se atribuyen a Airbnb: turistificación masiva, gentrificación, aumento exponencial de los precios de alquileres, vulneración de la ley y desvirtuación de la filosofía original de la economía colaborativa. Los mismos factores que le han llevado a estar vetado total o parcialmente en ciudades como Barcelona, Londres, Ámsterdam o Berlín.
'Burbuja Airbnb'
El 2 de febrero de 2016, la Junta de Andalucía renovaba el reglamento concerniente a las VFT y aprobaba un decreto que regulaba su actividad con el objetivo de evitar “el fraude, la clandestinidad y la competencia desleal”. Se daban tres meses de plazo para, entre otros requisitos, inscribir los inmuebles en el registro e incluir el consiguiente código en las distintas plataformas en las que éste estuviese alojado, contemplando sanciones para los infractores desde los 18.000 euros de las infracciones 'graves' hasta 150.000 euros para las 'muy graves'.
Pese a la normativa, encontramos 519 alquileres activos en Airbnb contabilizados por AirDNA dentro del Albaicín -después del Realejo, el barrio con más VFT de Granada-, y únicamente 240 registrados en el RTA (el registro oficial) en la misma dirección. De estos 240 inmuebles regulados, hay decenas que no forman parte de la oferta de la plataforma -el RTA pone el foco en el total de viviendas turísticas con independencia de sus canales de promoción-, por lo que los resultados son aún más significativos: como mínimo, el 60% de los inmuebles turísticos del Albaicín alojados en Airbnb son ilegales.
Aunque estas cifras se acentúan si tenemos en cuenta toda la ciudad -2.800 alquileres activos por solo 780 registrados-, “en el día a día” del distrito nazarí “se reflejan las consecuencias de la proliferación de alquileres turísticos irregulares”. Lo asegura Ajuntamiento Albaicín, una asociación que, según afirman sus miembros, “nace con la pretensión de revitalizar y democratizar el movimiento vecinal del barrio”.
La agrupación, que ha puesto el problema de las VFT en el punto de mira, profundiza y denuncia “fondos de inversión que se están haciendo con diversos bloques de pisos para ofertarlos en Airbnb”, así como “hoteles que han empezado a administrar inmuebles para también subirlos a la web”. Todo esto, en última instancia, afirman, “ha potenciado el turismo hasta límites insostenibles y ha convertido en imposible encontrar un piso de alquiler en el barrio para alguien de clase media o media-baja; los alquileres han subido un 300%”.
El registro de viviendas turísticas facilitado por la Junta al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía no confirma por sí mismo todas las acusaciones pero sí evidencia irregularidades más allá de la citada diferencia entre número de pisos inscritos y alquileres activos. Por un lado arroja que, de forma sistemática, se viola la norma de dos inmuebles como máximo por persona en el radio de un kilómetro. A lo largo del documento se llegan a repetir hasta seis veces propietarios cuyas viviendas se encuentran en la misma calle, lo que incurre directamente en un incumplimiento del decreto.
Ciertas direcciones de e-mail de propietarios expuestas hacen referencia a bufetes de abogados o empresas de apartamentos turísticos. Encontramos concentraciones de decenas de VFT en Calle Elvira, Carrera del Darro, Calle Gloria o Pilar Seco. En esta última ubicación, además, se observa un caso que constituye una de las prácticas frecuentes para esquivar las limitaciones impuestas: conjuntos de pisos en el mismo bloque cuyo -único- dueño introduce, para camuflar la infracción, diferentes cuentas de correo electrónico y números de teléfono por cada dos inmuebles. El particular elude la ley utilizando diversas direcciones de e-mail formadas por acrónimos de su nombre y apellidos.
Fuentes de la Consejería de Turismo de la Junta recomiendan que se denuncien todas las ilegalidades detectadas: “los inspectores de cada ciudad realizan su trabajo en su barrio pero a veces no pueden hacer más”, esgrimen. Asimismo, informan de un total de “324 expedientes abiertos a nivel provincial desde la entrada en vigor del decreto”.
En el seno de Ajuntamiento Albaicín apuestan por no demonizar a la plataforma pero sí aumentar el control sobre ella: “Hay que tener en cuenta que mucha gente hace un uso legal. Pese a los altos estamentos que la contaminan también sabemos de gente del barrio que hace buen uso. Una herramienta como Airbnb está sirviéndole a personas en paro para tener un dinero extra legalmente. Habría que tratar este tema como se merece, es invasivo pero la idea de base, la economía colaborativa, es positiva; nosotros apostamos por webs sostenibles”, añaden.
Desde Airbnb, ante los cientos de viviendas turísticas ilegales que usuarios promocionan en su portal, explican a este diario que su postura es la de “instar a cumplir con la normativa a través de información que se puede encontrar navegando por nuestra web”. “Tenemos acuerdos -exponen- con más de 300 gobiernos en el mundo para compartir el hogar y continuaremos dialogando y trabajando con las autoridades locales para desarrollar leyes claras y proporcionadas que favorezcan el reparto de beneficios del turismo entre todos y no sólo en manos de unos pocos”.
Patrimonio deshumanizado
Para Lola, presidenta de la Asociación de Vecinos Bajo Albaicín, esta situación es un “drama” para los vecinos de un distrito “que siempre tuvo un carácter especial, como de pueblo pequeño”. En pocos años ha visto como la proliferación de este tipo de alojamientos ha conseguido “que el barrio se convierta en un destino turístico aún más masificado; en lugares como este deberían aplicar una legislación especialmente estricta. Tienen que preservar su vida, muchos vecinos están optando por irse, nosotros también somos patrimonio”, alerta. Una “dejadez” por parte de las instituciones que terminaría por conseguir, según lamenta, “que el Albaicín sea simplemente un decorado”.
La granadina argumenta que, más allá de Airbnb y servicios similares, la burbuja inmobiliaria que acucia el barrio tiene otros agentes. Hace alusión a 'Albayzin Properties', una empresa de dueños británicos que empezó “depositando debajo de las puertas papeles escritos a mano preguntando si se vendía la casa” y habría llegado, durante el reparto de estas notas promocionales, a “sugerir a algún inquilino, cara a cara, que estaban interesados en comprar el inmueble”. “Ha habido alguna persona mayor -explica Lola-, que al ver todo esto ha venido asustada a la Asociación: mi vecina la ha vendido, ¿tengo que venderla obligatoriamente?”.
Allan, trabajador de la citada entidad, la cual asegura en su publicidad tener “una mayoría de clientes extranjeros”, rechaza la acusación. Afirma que, desde la empresa, “ni han ido tocando a las puertas” ni consideran “haber hecho una publicidad agresiva”. Sí que reconoce “trabajar con corredores inmobiliarios que ejercen de intermediarios con los clientes” e “introducir 'postales' en las propiedades para que la gente sepa que, si quieren vender su casa, están ahí”. Esto es así porque, argumenta, “prefieren no ensuciar la vía pública”. “Tampoco favorecemos el turismo masificado -continúa-, el 95% de nuestros clientes van a vivir en el barrio de forma permanente; sólo hemos vendido una casa para turismo rural”.
Lola insiste en que, al final, todo se traduce en una gentrificación y turistificación insostenible: “Toda la vida el Albaicín ha sido un barrio pobre y ahora que va mejor ninguna intervención del Ayuntamiento es para favorecer ni proteger la vida de los vecinos; poner bancos para sentarse, controlar el acoso inmobiliario, mejorar la movilidad, preservar las tiendas de primera necesidad. Nada de eso les importa”.
En esta misma línea incide el Ajuntamiento: “El turismo de masas viene, se come la fruta y deja la cáscara. En un tiempo nadie va a querer vivir en esa cáscara. Y la gracia de venir aquí, además de ver la Alhambra, es ir a Plaza Larga, encontrarse a la gente, ver el mercadillo”, opinan. Desde el colectivo tienen previsto diversas actividades para “Hacer hincapié en los distintos problemas derivados del modelo de turismo existente y recuperar los espacios expropiados por estas políticas para poner en marcha actividades como ciclos de cine, pasacalles o actividades de reforestación”. Ideas para llevar a cabo lo que ellos denominan “hacer barrio”.
El pasado 7 de octubre Ajuntamiento Albaicín encabezaba un pasacalles que denunciaba la conversión del distrito “en un parque temático”. En sus proclamas citaban el tema Airbnb como un asunto crítico más que se suma a una larga lista de problemas . Un barrio que es la joya de la corona de una de las potencias turísticas a nivel nacional pero cuyo tejido vecinal agoniza. Tal y como rezaba una de las octavillas repartidas durante la marcha: “se lo vendieron a la Humanidad; se lo quitaron a Encarni y Manolo”.