La policía desvela que el Ayuntamiento de Granada arregló una licencia para legalizar el edificio del exalcalde del PP
La 'Operación Nazarí', que acabó con la detención del exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, en abril de 2016 y puso fin a 13 años de alcaldía ininterrumpida del Partido Popular en Granada, continúa su fase judicial con declaraciones de personas implicadas y nuevos informes que siguen desvelando datos que comprometen al exalcalde y a su equipo de Gobierno.
Después de que la policía a través de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostuviera en uno de sus informes que el que fuera primer edil era el “cabecilla de una trama criminal” organizada de manera “vertical”, un nuevo escrito de casi 200 páginas remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada el pasado 9 de enero viene a incidir sobre ello al desvelar cómo actuó el Ayuntamiento que Torres Hurtado gobernaba en uno de los casos que le señalan directamente: el del edificio en que vive en Granada capital en Obispo Hurtado número 6 en pleno centro.
El mismo es una mancomunidad de propietarios en la que el 70% de los mismos están relacionados con Torres Hurtado, o su exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y las familias de ambos según la UDEF. Un edificio envuelto en polémica porque durante su construcción se cometieron varias irregularidades relacionadas con el propio inmueble, según explica la policía. La más llamativa es la que se refiere a la altura legal mínima a la que se podía construir cada planta y que según diferentes informes era inferior a la permitida. Una situación que lejos de frenar la licencia de ocupación del inmueble, apenas supuso contratiempos.
Un arreglo “extraño”
El informe al que ha tenido acceso este medio revela que para la concesión de la licencia de primera ocupación del edificio de Torres Hurtado e Isabel Nieto, se sucedieron hechos “extraños”. Así lo llega a calificar la UDEF en el citado informe en el que se hace mención, entre otros asuntos, a la multa que se propone en un principio para sancionar a los propietarios por construir el edificio sin la altura mínima legal. Una cifra que al principio asciende a 489.389 euros según la documentación aportada por la UDEF y que posteriormente se rebaja después de que los propietarios -Torres Hurtado e Isabel Nieto entre ellos- alegasen la misma.
Todo eso ocurre entre abril y mayo de 2015. Es decir, justo un año antes de que Torres Hurtado fuese detenido en el marco de la 'Operación Nazarí' y justo cuando tuvieron lugar las elecciones municipales del 24 de mayo que le dieron la alcaldía en minoría al PP por última vez. En ese periodo de tiempo, según recoge el informe policial, se producen “circunstancias extrañas” para la concesión de la licencia de primera ocupación del edificio del exalcalde popular. Porque, pese a haber un expediente de multa sobre la mesa, la licencia de ocupación se aprueba el 29 de mayo de 2015 por parte de Medio Ambiente estando la cartera en funciones.
De hecho, la Policía señala en el informe que es “extraño que se produzca la firma del Decreto concediendo la licencia de primera ocupación con un concejal en funciones cinco días después de las elecciones municipales y tramitando varios informes de distintas áreas en dos o tres días, lo que posiblemente indica una cierta premura en que la citada licencia fuera concedida lo antes posible”. Al concejal al que se refiere el informe es Juan Antonio Mérida, que dejó de serlo tras aquellos comicios y que hasta ese momento había sido considerado como uno de los hombres fuertes de Torres Hurtado en el equipo de Gobierno local. Había llegado a ser alcalde en funciones durante una baja médica del primer edil.
Mientras se aprueba la licencia, el expediente sancionador sigue su camino. Después de que los propietarios presentaran alegaciones a esos casi 500.000 euros de multa, se producen diferentes rebajas. Porque aunque es el Ayuntamiento de Granada en su área de Urbanismo el que fija la sanción en función de la cantidad de metros que incumplen las reglas, según el informe de la UDEF, dichos metros se van modificando con sucesivas alegaciones. De tal manera que de la primera multa de 489.389 euros se pasa a una de 46.045 euros en apenas semanas. Esta última la firma Emilio Martin Herrera por decreto de Agustín Belda. Es decir, el director general de Licencias y el coordinador general respectivamente. Ambos también investigados en esta operación judicial.
Martín Herrera como pieza clave
Precisamente el director general de Licencias se convierte en una pieza clave de la operación urbanística según el informe policial. Pues la firma de Emilio Martín Herrera aparece en la mayoría de documentos sensibles que tienen que ver con el edificio de Torres Hurtado. No en vano, en otros informes, la UDEF le señala como uno de los hombres clave de la organización que tenía a su disposición el exalcalde para puentear a otros funcionarios. Con la figura de Martín Herrera se puentea a otros altos cargos de urbanismo para poder sacar adelante diferentes informes que en un principio eran negativos. Así lo señala la propia UDEF y así vuelve a quedar patente en el caso del edificio de Torres Hurtado e Isabel Nieto.
Porque Emilio Martín Herrera es el que firma no solo la multa más baja a la que se expone la comunidad de propietarios sino el escrito que da por bueno el decreto para otorgar la licencia de primera ocupación cuando en ese tiempo estaba sobre la mesa que había un expediente abierto para sancionar por incumplir la altura mínima exigible en la construcción del inmueble, entre otras cuestiones.
Además, el mismo día en que este funcionario firma el citado decreto, aparece un informe del Ayuntamiento de Granada en el que se exponen varias cosas. La primera de ellas es que la Comisión Técnica Municipal de Protección del Área Centro se reúne y da por bueno otro aspecto que en principio era ilegal. Los balcones del edificio no están contemplados en el Plan Centro pero la Comisión los termina aprobando. Una comisión de la que forma parte Isabel Nieto como concejala tal y como señala la UDEF.
Otro aspecto que desarrolla el mismo informe es que aunque se sabía que era ilegal la altura mínima de las estancias del edificio, el 13 de abril de 2015 se había pedido que se legalizara tal situación, sin tener que esperar a una posible sanción, atendiendo al artículo 48 del Decreto de Disciplina Urbanística de la Junta de Andalucía que permite que se legalice una situación que no lo es porque según dicho artículo: “Con carácter excepcional y en aplicación del principio de proporcionalidad se podrá solicitar y acordar la legalización de las actuaciones aún con disconformidades no sustanciales con la ordenación urbanística aplicable, por resultar de imposible o muy difícil reposición”. Pero eso no significa que pese a que se pueda dar la licencia, si hay una multa, los infractores se vayan a librar de ella. El problema añadido es que según la Policía, en las cuentas de ingresos y gastos de la comunidad de propietarios del edificio de Torres Hurtado no hay rastro de ningún pago que sirva para pagar sanción alguna. A pesar de que la última que se arregló ascendía a poco más de 46.000 euros, meses después de hacerse efectiva, la UDEF no ha podido encontrar ninguna prueba de que se haya pagado mientras que el edificio ya contaba con licencia para ser habitado.
Por lo que en resumen, el edificio del exalcalde se encuentra en una situación en la que el propio anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada reconoció en su día a través de diferentes informes que la construcción tenía irregularidades. Irregularidades que conllevaban sanciones que además de haberse reducido no aparecen como pagadas y que en todo caso a la Policía le consta que se produjeron “circunstancias extrañas” para permitir la licencia de ocupación al edificio del inmueble de Torres Hurtado. Al tiempo que la UDEF asume que se han producido “cambios de criterio en cuanto a la interpretación” de las infracciones urbanísticas. Datos que se siguen sumando a una causa, la de la 'Operación Nazarí', suficientemente amplia como para que aún quede tiempo para que llegue a resolverse definitivamente.
