Sindicatos policiales denuncian a un concejal y al jefe del cuerpo de Almuñécar por retirarle una multa a un conocido

Los sindicatos policiales de Almuñécar y el Ayuntamiento de esta localidad costera de Granada siguen enfrentados por la gestión que el equipo de Gobierno está haciendo de la seguridad del municipio. Si hace tan sólo 15 días CSIF y UGT denunciaban a la Corporación por sustituir a los agentes por una empresa de seguridad privada para hacer el dispositivo de Semana Santa, ahora han cursado una nueva querella ante el Juzgado de Instrucción de Almuñécar que apunta directamente al concejal de Cultura del Partido Popular, Alberto Manuel García Gilabert, y al jefe de la policía municipal, Manuel Fernández Ledesma. Acusan a ambos de presunta prevaricación por maniobrar para retirar una multa a un conocido del edil. Desde el Ayuntamiento guardan silencio a preguntas de este medio y el concejal dice no tener constancia de la denuncia.

El escrito presentado ante el juzgado, al que ha tenido acceso este medio, relata lo sucedido el pasado 26 de marzo de 2021 cuando dos agentes de la Policía Local de Almuñécar procedieron a la retirada de un vehículo aparcado junto al Consistorio. El turismo no podía estar estacionado en ese punto, concretamente en la calle Puerta de Granada, porque la zona estaba reservada para vehículos oficiales para visitas de personalidades y tenía que quedar liberada. Los agentes procedieron a retirar el coche mediante la grúa municipal y el dueño del turismo pagó la sanción correspondiente por el estacionamiento irregular.

Sin embargo, la situación viró completamente durante la tarde cuando, según la denuncia, el jefe de la Policía Local de Almuñécar, Manuel Fernández Ledesma, retiró el vehículo de la grúa municipal y se lo devolvió a su propietario sin que este tuviese que pagar los 124 euros de tasas correspondientes por el depósito. Lo hizo, según consta en la querella, a instancias del concejal de Cultura, Alberto Manuel García Gilabert, que alegó que el coche había sido retirado “de manera errónea”. Para ello, el edil cursó un escrito digital para proceder a la retirada sin cargo para el dueño del vehículo que, según fuentes policiales, es un conocido del concejal.

El coche fue devuelto a su propietario sin que este tuviera que pagar por la grúa municipal, y en el procedimiento tanto el edil de Cultura como el máximo responsable de la Policía Local de Almuñécar intervinieron “puenteando y ninguneando” la actuación de los agentes que habían aplicado la normativa por el estacionamiento irregular del coche. El dueño del vehículo no presentó ninguna queja por la sanción e incluso abonó la multa correspondiente, no así las tasas de la grúa municipal, de las que quedó exonerado gracias al concejal y al jefe policial, siempre según fuentes policiales denunciantes.

“Impunidad” por parte del equipo de Gobierno

Según los sindicatos que han denunciado el caso, lo ocurrido es completamente anómalo porque no ha sucedido “nunca”: “Ni antes ni después”. Al mismo tiempo, fuentes sindicalistas argumentan que este hecho no hace más que confirmar la “impunidad” con la que opera el equipo de Gobierno de Almuñécar, dirigido por un tripartito entre el Partido Popular, Ciudadanos y Más Almuñécar, contra los agentes de la Policía Local. De ahí que aprecien la presunta prevaricación del concejal García Gilabert y del responsable de la policía Fernández Ledesma.

Por otro lado, de fondo vuelve a emerger el conflicto original que enfrenta a las partes. Los sindicatos CSIF y UGT insisten en que desde la Alcaldía no hay voluntad por mejorar la situación de los policías municipales porque llevan 20 años reclamando una actualización de la plantilla. Algo que ha derivado en que, en apenas una década, el cuerpo haya pasado de tener cerca de 70 agentes a contar con la mitad. Por ello, se ven obligados a hacer horas extraordinarias para completar los dispositivos y dicen sentirse ignorados por la jefatura policial, argumentando que está impuesta políticamente por el actual equipo de Gobierno.

Desde el Ayuntamiento no responden a las preguntas planteadas por este medio para contrastar todas estas informaciones, mientras que el concejal denunciado dice no tener constancia de la querella. Dice en todo caso no saber “a qué se refieren” y que no tiene “nada que ocultar”. Asegura que no está preocupado y considera que la actuación de CSIF y UGT parece estar más encaminada a “ensuciar la campaña” porque “desde 2021 ya habían tenido tiempo”.