La huelga de letrados del sistema andaluz de salud bloquea el desvío de pacientes a la privada para aliviar las listas de espera

Parece que la consejera de Salud tendrá que acelerar las negociaciones con los letrados de la Administración Sanitaria de la Junta, en paro indefinido desde el 1 de abril y cuyos representantes del comité de huelga están citados este mismo lunes en la Consejería, si no quiere que se le atasquen aún más las listas de espera de Andalucía. Esa es la intención que tenía y tiene el Gobierno andaluz con el Plan de Garantía Sanitaria, que aspira a rebajar un 60% el número de pacientes en listas de espera para una cirugía fuera de los procedimientos garantizados y que prevé desarrollar desde finales de este mes tras una nueva inversión a dedo de casi 120 millones de euros para derivar a más de 91.000 ciudadanos a clínicas privadas en un tiempo récord de seis meses, hasta final de año.

La consejera de Salud, Catalina García, dijo el pasado martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que “en principio creemos que no nos debe de afectar” la huelga de los abogados del SAS en la contratación mediante negociados sin publicidad (prorrogados recientemente hasta 2025) para el periodo actual. Este plan de contención de las listas de espera es, en realidad, una fórmula puente que suple el retraso en la puesta en marcha de los ambiciosos acuerdos marco que la Junta anunció el pasado octubre para regular y estabilizar los conciertos con la sanidad privada. La máxima responsable de la sanidad pública andaluza el pasado martes fechó para “finales de abril o primeros de mayo” el momento en que esos contratos negociados sin publicidad estarían ya “vigentes”.

Pero los letrados de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía no son tan optimistas: “Esos contratos se tienen que adjudicar en mesas de contratación y un letrado tiene que estar en cada mesa para cada contrato. No se pueden celebrar si no hay letrados, y ahora mismo no hay letrados. Eso no sale adelante si no hay un letrado en la mesa de contratación y, de momento, no hay nadie allí para hacerlo”, resumen tajantes. Entre las funciones de estos letrados, que desde el año pasado se extienden a las cinco agencias públicas sanitarias integradas en el SAS, abarcan diversos aspectos en la contratación administrativa, en la que su informe es preceptivo.

Retraso en el acuerdo marco para pruebas diagnósticas

Hasta que llegue la formalización de acuerdos marco, momento en que se interrumpirían estos contratos puente a dedo, se requiere de la presencia de un letrado del SAS en cada una de las mesas de contratación. “Y, de momento, no hay nadie allí para hacerlo”, insisten fuentes del comité de huelga de los abogados, asociados en ALAS. El proceso posterior (la futura entrada en vigor de los contratos basados en los acuerdos marco, que la Junta se ha comprometido a implantar cuando se resuelvan los procesos de licitación) también requeriría de los letrados de la administración sanitaria de la Junta. Su actual reglamento, que data de 2005, señala claramente entre sus funciones consultivas “la intervención en órganos colegiados en los supuestos así previstos por el ordenamiento jurídico y, en particular, en las mesas de contratación administrativa”.

En todo caso, y a expensas de las consecuencias de la huelga, la idea que trasladó la consejera el pasado lunes, por tanto, es que en menos de un mes ya se dispusiera de dicho recurso de los contratos a dedos mientras, de forma paralela, trabaja en tener preparados los acuerdos marco que, según explicó García, han “avanzado de manera muy importante” para lo que son intervenciones y que tienen “un retraso mayor” en lo que respecta a pruebas diagnósticas. La consejera explicó que hubo una impugnación por parte de las empresas, a las que se les está dando “mucha información”, de ahí las prórrogas para la presentación de ofertas, para “evitar después impugnaciones”.

García ya explicó durante la presentación del último plan de choque contra las listas de espera que el sistema de contratos sin publicidad se interrumpiría en cuanto los acuerdos marcos estuvieran listos. Cabe recordar que el objetivo del plan de la Junta es aligerar las listas de espera que, al finalizar el año 2023, habían registrado otro repunte del 47% de pacientes que habían rebasado el plazo máximo legal para operarse en la sanidad pública.

Juicios no suspendidos

Otra de las consecuencias de la huelga es la de los no pocos juicios contra el SAS que se están viendo afectados en toda Andalucía. Pese a que el pensamiento de la Consejería pudiera ser otro, los juicios se están celebrando sin los letrados de la sanidad andaluza, “Los jueces están considerando que no hay causa de suspensión”, indican fuentes judiciales, “y se están celebrando sin defensa del SAS” que, cabe recordarlo, casi siempre es la parte demandada salvo en los casos de agresiones a profesionales sanitarios, donde los abogados renunciaron a asistirlos en casos de amenazas o vejaciones.

No solo juicios. En este tiempo de huelga pueden llegar sentencias o autos con plazos muy ajustados para el recurso que, sin abogados, no estarían siendo contestados en tiempo y forma. Es decir, sólo está hablando la parte actora, que es la parte demandante contra la Junta. Hay que tener también en cuenta que los primeros días de la huelga hubo un seguimiento de un 90% aproximadamente, según coincidieron ALAS y la Consejería. Los abogados advierten de que no hay letrado alguno en seis provincias, con el trabajo exclusivo de cuatro letrados en Sevilla y en Cádiz, del total de 42 que conforman este cuerpo de funcionarios en Andalucía.

Es de recordar que el motivo del paro laboral es que sigue sin aprobarse un reglamento que regule convenientemente la asistencia jurídica que estos letrados prestan al SAS y que no termina de aprobarse porque no se ha previsto aún la partida necesaria para ello, tampoco en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2024. La primera medida de presión que adoptaron, a finales del año pasado, fue limitar la asistencia jurídica de los profesionales sanitarios a las agresiones físicas producidas en el ejercicio de sus funciones, que contempla su actual reglamento, con exclusión de todas aquellas situaciones o hechos como amenazas, coacciones, insultos, vejaciones, etc. que no supongan una “perturbación grave” de la prestación de asistencia sanitaria, tras lo cual recibieron el apoyo de los sindicatos.