El doble rasero del PP en las relaciones con la minera MATSA: “vergonzoso” con Chaves, “sin incompatibilidad” ahora

En 2009, para el PP de Andalucía era “una incompatibilidad como una catedral de grande”. Hablamos de la presencia de familiares de representantes públicos en la empresa Mina de Aguas Teñidas S.A. (MATSA). Si hace 15 años, y durante los siguientes, el entonces líder de los populares andaluces, Javier Arenas, cargaba duramente contra el expresidente de la Junta y por entonces vicepresidente tercero de Rodríguez Zapatero en el Gobierno de España, Manuel Chaves, por no haberse inhibido en la aprobación de una ayuda de 10,1 millones de euros a dicha empresa en la que por entonces era apoderada su hija Paula Chaves, ahora “no hay incompatibilidad” a juicio de la Junta.

Hasta un joven diputado Juan Manuel Moreno preguntó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso el 27 de mayo de 2009 al entonces ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, relativa a saber cuáles son los criterios para la concesión de ayudas de la minería en Andalucía. “¿Acaso no conoce Manuel Chaves el nombre de su hija?”, ironizó Juan Manuel Moreno. “Lo que es absolutamente vergonzoso es que el señor Chaves utilice la Junta de Andalucía como si fuese un cortijo y ya estamos cansados de favorecer a familiares y amigos y no es la primera vez que surge el escándalo con su hija o con alguno de sus hermanos”, sentenció el que diez años después se convertiría en presidente de Andalucía.

Es de recordar, como ha informado este periódico en estos días, que el delegado territorial en Huelva de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta Andalucía, Pedro Yórquez Sancha, firmó el pasado 28 de agosto la autorización ambiental para una balsa de 15 millones de m3 de residuos tóxicos en el municipio de Cortegana que planea construir la minera Sandfire-MATSA, empresa en la que trabaja su hermano desde hace unos diez años.

Pedro Yórquez Sancha fue nombrado delegado territorial de la consejería el 7 de septiembre de 2022. De esa manera adquiría la condición de alto cargo de la Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). Para entonces, su hermano llevaba unos diez años desempeñando distintas funciones en la minera MATSA, según su perfil profesional. La Delegación de la Junta presidida por Juan Manuel Moreno dijo a este medio “desde el punto de vista jurídico no hay incompatibilidad” porque el familiar “no es un alto cargo de la empresa, ni ha presentado él el proyecto y no está en el área de la empresa implicada”. “No existe conflicto de intereses ni incompatibilidad en su tramitación administrativa”, ha dicho también MATSA.

Cabe recordar también que la Ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía establece que estos cargos “están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil”.

Pues bien, la empresa MATSA, como se ha dicho, ya fue foco de la actualidad a partir del año 2009 cuando El Mundo destapó aquella millonaria ayuda para construir una planta de tratamiento de mineral en Valdelamusa, de la que se informó apenas un mes después de que Zapatero 'fichara' a Chaves y dejara la presidencia de la Junta 19 años después. Su sustituto, José Antonio Griñán, decidió no abrir expediente sancionador a su antecesor y el PP llevó el asunto al Supremo, que finalmente negó al PP legitimidad judicial activa para exigir a la Junta sancionar a sus representantes.

“Los socialistas creen que ganando las elecciones ya tienen derecho a todo, incluso, a saltarse la ley y confundir recursos públicos como si fueran bienes privados del PSOE”, clamaba Arenas por entonces mientras Chaves se defendía en el Congreso de los Diputados. En 2018, finalmente, el TSJA obligó a MATSA a devolver aquella ayuda más los intereses después de que la Junta en 2014, ya presidida por Susana Díaz, reclamara su reintegro.

Otro episodio bien conocido en Andalucía fue la anulación en 2017 por parte del TSJA, ratificada luego por el Tribunal Supremo en 2019, de una adjudicación minera en 2014 a MATSA en dos municipios de Huelva (Paymogo y Puebla de Guzmán) cuando Paula Chaves ocupaba el cargo de directora del Área Legal y Relaciones Institucionales. Los tribunales, que estimaron en parte el recurso de la empresa minera Emerita Resources (la misma que llevó a los juzgados el 'caso Aznalcóllar') y que se había sentido perjudicada en el concurso adjudicado en primera instancia a MATSA, decidieron retrotraer el procedimiento a la valoración de las ofertas abiertas y admitidas “una vez excluidos los criterios de valoración genéricos por ser contrarios a derecho”.

Aquelllo también levantó las iras en las filas populares. La gestión en materia de minas “huele mal” desde “hace muchos años”, dijo en 2015 el ya presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, cuando trascendio aquel caso.

Como también ha informado este periódico, el depósito de desechos mineros que acaba de autorizar la Junta se planea, por otra parte, sobre unos terrenos que perdieron la protección especial tras un convenio firmado por la empresa y un alcalde que ahora es el director general de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.