Un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) del año 2012 acerca de las condiciones laborales en las plantaciones de fresa en Huelva, del que se hace eco la ONGD Justicia Alimentaria en el informe central de su campaña 'Exporta, explota, me expló! El ingrediente secreto, explotación laboral en la alimentación española', ha despertado el enfado en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía. Su secretario de Movilidad y Políticas Migratorias, Manuel Piedra, ha presentado una carta en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 dirigida a Ione Belarra, que apoya financieramente la campaña, ya que “se basa en un informe cuya clara intencionalidad es difamar a una serie de sectores estratégicos, entre el que se encuentra el sector hortofrutícola, con argumentos falsos sobre explotación laboral de personas inmigrantes”, según dice el también secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra.
La publicación, efectivamente, cuenta con el apoyo financiero del Ministerio, si bien es cierto que su contenido, tal y como se advierte en la misma, “es responsabilidad exclusiva de Justicia Alimentaria y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030”. Con todo, UPA ha solicitado a la ministra suprimir la campaña “por ser difamatoria y tener una clara intencionalidad de perjudicar sin fundamentos el sector hortofrutícola”. En similar se ha mostrado la consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, quien también ha pedido la retirada “inmediata” de la campaña “devastadora” por ser “un ataque frontal sin ningún sentido” al sector estratégico de la agricultura en España con la “complicidad” del Ministerio de Derechos Sociales“.
Pero, ¿qué dice exactamente la campaña y ese informe del que se queja (UPA)? Justicia Alimentaria recuerda, en el apartado relativo a la 'Explotación laboral en las redes alimentarias globales', que “la contratación de mano de obra vulnerable y migrante en la agroexportación estatal se ha estado realizando a través de dos grandes mecanismos. El primero es el de la contratación en origen (GECCO), que es la mayoritaria en algunos sectores como el de la fresa y demás frutos rojos de la región de Huelva. El segundo es la contratación de mano de obra extranjera que ya está dentro de las fronteras del Estado. Parte de esta mano de obra está regularizada; otra parte, no”.
La entidad, en ese punto, pone como “ejemplo paradigmático” el informe de la FIDH citado al principio en el “se concluye que 'los abusos de los derechos de las personas trabajadoras persisten de manera generalizada en las explotaciones. A ello contribuyen la demanda de flexibilidad del sector de la fresa, una mano de obra totalmente dependiente del empleador y un convenio colectivo poco protector. Las inspecciones laborales en el sector agrícola son inexistentes, en cualquier caso, muy insuficientes'”.
Entre otros muchos, Justicia Alimentaria recoge “algunos de los aspectos más destacables de explotación laboral sistematizados en el informe de la FIDH” como la “falta de remuneración mínima garantizada”: “El convenio colectivo del sector agrario en Huelva es poco protector: si bien garantiza un salario mínimo por día, no garantiza una retribución mínima durante la vigencia del contrato. Los días no trabajados no se pagan, pero tampoco pueden ser compensados por ningún seguro de desempleo, ya que el derecho al seguro de desempleo solo está garantizado después de 270 días hábiles”.
Piedra, de UPA, ha puesto el asunto en conocimiento de la Comisión Central de Flujos Migratorios, perteneciente a la Secretaría de Estado de Migraciones, porque la campaña en cuestión incluye como modelo de explotación laboral el procedimiento GECCO, puesto en marcha por el Gobierno de España y que regula de forma pormenorizada la contratación de origen. “La provincia de Huelva es pionera en este modelo y las empresas cumplen exhaustivamente con las obligaciones que la Orden GECCO impone, siendo un ejemplo para el resto del territorio nacional por ejemplo en lo relativo a las condiciones de las viviendas que alojan a las personas trabajadoras de este procedimiento, como así lo lleva certificando la auditoria que desde hace dos años viene realizando en este aspecto la Organización Internacional de Migraciones dependiente de la ONU”, defiende el representante de UPA ante “la campaña de desprestigio de productos, entre los que se encuentra los frutos rojos de Huelva” y subvencionada por Derechos Sociales y que, según Piedra, tiene “previsto” difundirse “a través de medios publicitarios como la contratación de spots publicitarios o carteles que podrán verse durante las próximas semanas en los autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid”. También lamenta Piedra que el informe de FIDH es del año de 2012 “con datos de 2007”.
En palabras del secretario de Movilidad y Políticas Migratorias de UPA Andalucía, “esta serie de acciones son un serio ataque sin fundamentos a la imagen de productos agroalimentarios andaluces cuyo destino son el comercio interior y exterior. En el caso de la provincia de Huelva, son muchos los empresarios y empresarias que ponen mucho esfuerzo en sacar sus explotaciones adelante y es intolerable que se permitan este tipo de campañas cuya única finalidad es acabar con el sector agrario”.
Desde Justicia Alimentaria, consultada por elDiario.es Andalucía acerca de las quejas de UPA, se muestran “sorprendidos” por la “beligerancia” a la hora de hablar de su campaña, sobre todo por la respuesta de la Junta. Javier Guzmán, director de la ONGD, explica a este periódico que la campaña “no dice nada nuevo” porque la situación de “explotación” que describen es “conocidísima en toda Europa”. Aclara que su denuncia “nada tiene que ver con los agricultores” si no con “las grandes empresas” y unas actuaciones que las administraciones públicas “tienen que corregir”.
Guzmán insiste en la “falta de inspecciones laborales” en ese sentido, incide en que “es justo” denunciar lo que denuncian y lamenta la “falta de cultura democrática” en referencia a la petición de retirada de la campaña “como durante el franquismo, si no nos gusta lo quitamos”, un “termómetro del déficit democrático que estamos viviendo”. “Somos una ONGD, no podemos esconder los problemas aunque haya cosas que no gusten a determinados sectores o lobbies”, concluye.
El informe de la ONGD incluye a Huelva entre los “auténticos hubs de alimentación global” como Murcia, Almería, Lleida y Osona en Catalunya o Galicia. “Con sus prácticamente 7.000 hectáreas de cultivo, en Huelva se cultiva el 95% de toda la fresa que se produce en el Estado”, señala el informe, que cifra en que “se producen anualmente más de un cuarto de millón de toneladas de fresas”. En ese sentido se detalla que “la patronal fresera estima que se necesitan unos 100.000 puestos de trabajo cada campaña”, con las mujeres como “el centro de las campañas, ya que suponen el 80% del total de la plantilla de enero a junio, y son devueltas después a su país de origen”.
“De esas 100.000 personas que cada año trabajan en las campañas de la fresa, la frambuesa o el arándano, unas 40.000 cuentan con nacionalidad española, 26.000 proceden de Rumanía, otras 15.000 tienen origen subsahariano y unas 14.000 son de Marruecos. Casi todas son mujeres, dice el informe, quienes ”cobran hasta seis veces menos en la recogida de la fresa en Marruecos que en la de Huelva“ ya que ”deben mantener a familias extensas castigadas por el desempleo estructural masculino“. El informe recuerda que las contrataciones para la recogida de la fresa en Huelva se realizan en Marruecos a través de la Agencia Nacional de Empleo Marroquí (Anapec) gracias a un acuerdo de contratación firmado entre España y Marruecos.
La entidad también informa de que “de los prácticamente 1,5 millones de contratos registrados a personas trabajadoras extranjeras en el Estado, el 32% corresponden al sector agrario. Lo que nos marca que es la principal fuente de mano de obra para la agroexportación es cuando observamos ese mismo porcentaje a nivel provincial. Así, en Huelva representan el 89 % de todos los contratos a personas extranjeras”. Justicia Alimentaria insiste en “la estrategia de compensar los incrementos de costes productivos, difíciles de controlar por parte del empresariado, con menores costes laborales”.
En ese sentido, inciden en que “los mayores costes productivos se compensan, así, con la contratación de personas trabajadoras baratas, hiperflexibles y poco reivindicativas. De esta forma, se reducen los costes de producción en el único eslabón de la cadena de producción que controlan para adaptarse a los mercados globales agroalimentarios y alcanzar mejoras competitivas. Nos encontramos, pues, con una fuerza de trabajo explotada: primero, la de las familias jornaleras andaluzas; poco después, la de personas inmigrantes portuguesas de etnia gitana, magrebíes y subsaharianas y, actualmente, en el caso de la fresa de Huelva, la de mujeres polacas, rumanas y marroquíes”.
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