El tortuoso y solitario camino judicial de una joven onubense violada en el extranjero

“¿Quieres denunciar? —me dijeron las enfermeras.— Por supuesto que quiero denunciar”. Marta Leandro, onubense de 24 años, fue agredida sexualmente por uno de los auxiliares de enfermería que la trataba en un hospital parisino. Mientras estaba de ERASMUS en la capital francesa, había sufrido una crisis de catalepsia que la paralizaba, es decir, su cuerpo no respondía a los estímulos y parecía estar inconsciente. Esa noche de hospital le tocaron hasta en tres ocasiones los genitales y los senos. Al principio Marta era incapaz de moverse y comunicarse, poco a poco fue recobrando la consciencia y pudo detener al auxiliar mientras la agredía. La policía se personó en el hospital y Marta lo denunció. Ya hace seis años. Hoy Marta tiene 30 años, el agresor ha sido condenado pero la pesadilla judicial todavía no ha acabado.

Falta de respaldo español

“Para mí hubiera sido más difícil irme de ahí sin hacer nada”. Aún así, no se lo han puesto fácil. Lo primero que hizo Marta tras denunciar fue ir al Consulado en París a exponer su caso y buscar ayuda. En el Ministerio de Asuntos Exteriores nos explican que existe un protocolo de atención a las víctimas de violencia de género en el exterior aprobado en 2015. Aclaran que “se trata de acompañar a la persona, se le insiste en que ponga su situación en conocimiento de las autoridades locales”. No existe un plan de actuación similar para víctimas de agresión sexual, pero hay instrucciones para poner los recursos consulares a disposición de la víctima: “Cada caso es distinto y se le proporciona un tratamiento y acompañamiento diferente”.

El acompañamiento que recibió Marta, según sus propias palabras, consistió en “un señor totalmente apático al que yo le explico mi caso y me responde que tengo dos opciones: solicitar un abogado de oficio que probablemente no hable español o contratar un abogado bilingüe”. Tras esa consulta inicial, hace seis años, nadie volvió a ponerse en contacto con ella.

Otro de los varapalos para Marta fue la calificación jurídica de la agresión. El juez de instrucción consideró que no estaba lo bastante consciente para discernir si el agresor le había introducido el dedo en la vagina, tal como ella mantiene. Y esto, a pesar de reconocer en el auto que el nivel de detalle con el que la víctima relata cómo fue atendida durante la noche da cuenta de que su estado era de mayor consciencia de la que parecía. Así, una violación se convirtió en una agresión sexual sobre persona especialmente vulnerable.

En Francia el Tribunal Correccional se encarga de los delitos y la Cour d’assises de los crímenes. Cuando acaba la instrucción de un proceso se deriva a uno u otro tribunal según la gravedad de la infracción. Existe una práctica muy extendida conocida como la correccionalización de la violación. Katia Dubreuil, presidenta del sindicato de la magistratura, nos explica el fenómeno: “Los magistrados aprecian que no hay pruebas suficientes o incluso relativizan el hecho de que se ha producido una penetración, sobre todo cuando es digital, para poder enviar el caso al Tribunal Correccional y descargar de trabajo a la Cour”. En su opinión “se trata de una mala interpretación del texto legal que produce la indefensión de la víctima, que llega a pensar que lo que le ha ocurrido no es tan grave”.

Una vez en el Correccional, la primera vista oral tuvo que suspenderse porque la secretaria judicial no había convocado un traductor. La segunda, también se suspendió porque el juez estaba demasiado cargado de casos ese día. En ambas ocasiones Marta se había desplazado expresamente a París; la segunda, embarazada de seis meses. Finalmente el juicio se celebró en 2017 y la sentencia, que ha sido recurrida por el agresor, lo declara culpable de un delito de agresión sexual sobre persona especialmente vulnerable, le condena a un año de prisión que no tendrá que cumplir y a indemnizar a Marta con 5.000€. Contactado por eldiario.es Andalucía, el abogado de la defensa no ha devuelto las llamadas de este medio, limitándose a aclarar a través de su asistente que se trata de un caso aún en proceso y que su cliente no ha sido declarado culpable por una sentencia firme.

Los hospitales no están libres de violencia sexual

“Desgraciadamente, violaciones se cometen a diario, lo grave de este caso es que Marta ha tenido que pelear con uñas y dientes. Ella entró en un hospital público por una emergencia médica, allí fue violada por un trabajador y a eso nadie le ha dado importancia ni se le ha prestado ayuda de ningún tipo”, nos explica Laura Arguello, la abogada franco española que defiende su caso a título gratuito.

El auxiliar que agredió a Marta tenía un expediente laboral impecable, y esto a pesar de que la mayor parte de sus compañeras de trabajo no se mostraron sorprendidas por la denuncia y declararon a la policía que el agresor tenía un puesto administrativo de recibimiento de los pacientes y que sólo se ofrecía a ayudar cuando las pacientes eran chicas jóvenes inconscientes o alcoholizadas. Una de las enfermeras llegó a declarar que el agresor había sido descubierto anteriormente por un agente de seguridad del hospital tomando fotos con su móvil de una paciente de psiquiatría que estaba atada a una camilla y con los senos desnudos. Según su versión se avisó a una de las enfermeras del servicio de día de este hecho.

La institución de hospitales públicos parisinos no ha querido responder las preguntas de este diario a pesar de los múltiples intentos de contactar con ellos. Se limitan a mandarnos un díptico que remitieron a todos sus empleados junto a la nómina de noviembre titulado “El acoso sexual, un delito. Víctima o testigo, ¿qué hacer?”. En él se hace una descripción de las prácticas constitutivas de acoso y de algunas pautas a seguir, como informar inmediatamente a recursos humanos.

Quien sí ha querido responder sobre las agresiones es la ministra de Sanidad francesa, Agnès Buzyn, nombrada ministra por Macron en mayo de 2017, que sufrió “comportamientos fuera de lugar” durante su carrera profesional como doctora y profesora de hematología. “Jefes de servicio que me decían: ven y siéntate en mis rodillas”, contaba el año pasado al Journal du Dimanche. En declaraciones para eldiario.es/andalucia asegura haber sido víctima “no de acoso sexual sino laboral”. Nos explica que “en algunos centros de trabajo se producen tensiones, el estrés es muy grande y a veces los equipos acaban exhaustos, pero nada justifica este tipo de comportamientos”. Desde su llegada al Ministerio intenta luchar contra todos los tipos de acoso. “La prevención es esencial y se debe intervenir desde la formación de los profesionales sanitarios. Por eso he encargado un informe sobre el estado de los estudiantes de medicina a Donata Marra, psiquiatra especialista en riesgos psico-sociales. Espero a las conclusiones para reflexionar sobre futuras medidas”. Mientras tanto, ha pedido a las federaciones hospitalarias “llevar a cabo acciones voluntarias de prevención y sensibilización en cada uno de sus establecimientos”.

Marta está escribiendo un libro en el que cuenta su historia, “un poco un manual del amparo, que ayude a quien haya vivido algo similar a encontrar la fuerza y el apoyo para luchar y no rendirse”. Mientras, permanece a la espera del juicio en apelación desde el pueblo de Huelva donde vive. Ese juicio que dará una sentencia definitiva a su caso, y que salvo nuevos retrasos se celebrará en septiembre. Eso sí, seis años después.