La iniciativa para bajar la cifra de alumnos por aula se debatirá en el Parlamento el día 14 con el 'no' del Gobierno de Moreno

La iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama la reducción del número de alumnos por aula en Andalucía se debatirá en el Parlamento andaluz el próximo miércoles, 14 de diciembre, con el posicionamiento contrario del Gobierno de Juan Manuel Moreno. Este 'no' de la Junta de Andalucía se basa en que adoptar esta medida supondría un importante aumento de la inversión en educación y que es el Ministerio quien debe fijar una bajada de ratios en todo el Estado.

Como paso previo a que la Mesa del Parlamento fijase la fecha para el pleno en el que se debatirá la iniciativa, que finalmente se celebrará en una semana, el Consejo de Gobierno ha hecho pública su posición, contraria a la aprobación de la medida. Ahora, la Comisión Promotora de esta iniciativa espera que la Cámara andaluza sea “permeable a los argumentos de la comunidad educativa y la iniciativa sea aprobada” pese a esta posición contraria que ha mostrado inicialmente el Gobierno andaluz.

La Comisión Promotora de la iniciativa, en la que trabajan desde hace meses más de 30 colectivos de la comunidad educativa, tomará el 14 de diciembre la palabra para plantear la propuesta. El pleno deberá decidir si continúa la tramitación legislativa para su debate, enmienda y aprobación. Los impulsores apuntan que, a pesar del dictamen negativo del Consejo de Gobierno, “la ILP puede continuar su recorrido parlamentario si el pleno así lo decide”. Por ello, confían en que todos los grupos escuchen sus argumentos y “la ILP, que cuenta con un amplísimo consenso entre docentes, familias y estudiantes, llegue finalmente a ser aprobada y aplicada en todas las aulas de Andalucía”.

Esta iniciativa popular para la bajada de ratios escolares llegó a reunir 52.846 firmas el pasado verano, con lo que superó ampliamente el trámite de presentación de 40.000 firmas validadas exigido por la ley, tal y como certificó la Mesa del Parlamento el pasado 16 de noviembre. Pese a ello, el Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado mostrar su criterio contrario a la toma en consideración de esta iniciativa para modificar la Ley de Educación de Andalucía, señalando que “la reducción generalizada de la ratio alumno por aula en todos los niveles educativos debe implementarse, por su efecto en la arquitectura del sistema educativo y su financiación, en el marco de una normativa estatal”.

El Ejecutivo andaluz remarca que, “como principio fundamental de la normativa básica, es el Estado el que asume la responsabilidad de fijar los límites máximos para todo el país en la Ley Orgánica de Educación y en los decretos de desarrollo, aportando a las comunidades autónomas los recursos necesarios para poder implementarlo”. Al respecto, desde la Junta han indicado que la Lomloe, la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno central, “no contempla una bajada de la ratio en las aulas del sistema educativo español”.

“Recorta la libertad de las familias”

En su evaluación de la citada proposición de ley promovida con esa ILP, el Consejo de Gobierno considera que la medida que plantea “implicaría la redefinición de la red de centros docentes, recortando la libertad de las familias para elegir centro educativo”. En este sentido, incide en que “actualmente más del 93% de las familias andaluzas matricula a su hijo o hija en el primer centro solicitado, y casi el 98% en alguno de los elegidos, porcentajes que bajarían significativamente”, según destaca el informe esgrimido por el Ejecutivo andaluz.

El conjunto de medidas recogidas en la proposición de ley comportarían, según el mismo estudio en el que se apoya la Junta para manifestar su criterio contrario a esta iniciativa, “un incremento anual en los presupuestos de la Comunidad de Andalucía de 1.362 millones para atender sólo el aumento de personal docente y no docente, sin tener en consideración los gastos derivados de las nuevas necesidades de infraestructuras, siempre que fuese posible por la disponibilidad de terrenos y espacios, ni los gastos indirectos por el crecimiento de unidades tanto en centros públicos como concertados”.

La Junta ha agregado que, “según datos del Ministerio de Educación, el número medio de alumnos por aula en Andalucía, que cuenta con el mayor sistema educativo del país, es similar al del resto de las comunidades autónomas en las enseñanzas de régimen general, y de forma particular en la comparativa con las que cuentan con un sistema educativo de un tamaño parecido, es decir, Cataluña y Madrid”. Igualmente, “Andalucía está en la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Unión Europea, y con ratios mejores que países como Francia, Irlanda o Países Bajos”.

“Reducción progresiva de las ratios medias”

En todo caso, Andalucía, según recoge el acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado este lunes, “seguirá avanzando en la reducción progresiva de las ratios medias en las aulas, como ha ocurrido en los últimos cuatro cursos, marcando como prioridad los centros de zonas con especial problemática socioeconómica, así como las aulas con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”.

Al respecto, desde la Junta ponen de relieve que, “entre 2019 y 2022, la ratio ha pasado de 20,9 a 19,2 en las aulas andaluzas de Infantil y de 21,3 a 20,3 en Primaria, dentro de una estrategia de mejora de la calidad de la enseñanza que tiene en cuenta además otros parámetros, especialmente el refuerzo de las plantillas para aumentar los apoyos educativos”.

Por su parte, la Comisión Promotora de la ILP lamenta que el Ejecutivo andaluz presente como principal argumento para oponerse a la medida que la bajada de las ratios escolares supondría un aumento de la inversión en educación, “cuando Andalucía sigue estando a la cola de las comunidades autónomas en gasto por alumno o alumna”. La portavoz de la Comisión, Carmen Yuste, se pregunta en este sentido “¿cómo es posible que el Gobierno de la Junta mantenga que la ratio ha bajado sin adoptar ninguna medida y, al mismo tiempo, que las medidas encaminadas a la bajada de ratios tienen un coste inasumible?”. A su juicio, “la verdad es que la ratio no está bajando de forma generalizada y que la implantación de la ILP no supondría una gran inversión extra, sino un freno a los recortes y al cierre de clases públicas”.

Nada impide dar el paso a una comunidad

Desde la Comisión Promotora de la ILP, que cuenta con el apoyo de familias, docentes y estudiantes, tampoco se entiende el argumento de que es el Ministerio el que tiene que fijar las ratios de todos los territorios del Estado. “La realidad de la educación en las diferentes comunidades es diversa y, si bien el Gobierno central fija unas ratios máximas para todo el Estado, nada impide que las comunidades autónomas rebajen ese límite máximo”. Tanto es así, recuerdan, que comunidades gobernadas por partidos de diferente signo político han aprobado ya medidas para la bajada de las ratios escolares en sus territorios, como es el caso de Castilla y León, Cataluña, País Vasco o Cantabria.

El dictamen negativo del Consejo de Gobierno presagia que la posición del PP será contraria a la aprobación de la iniciativa en el debate del 14 de diciembre. Por ello, la Comisión Promotora y los colectivos adheridos a la ILP esperan que los diferentes grupos parlamentarios, incluido el del PP, “sean permeables a los argumentos que se plantearán en el Parlamento, dado el apoyo unánime con el que cuenta la iniciativa en la comunidad educativa”.