Las inspecciones “con preaviso” frustran las denuncias de “mala alimentación” en residencias andaluzas de mayores

“Cuando vienen los de la Inspección, aquí ponen hasta los manteles blancos”. El lamento es el de una mujer que lleva tiempo denunciando la mala calidad de la alimentación en los centros residenciales de personas mayores en Andalucía en representación de la Unión Ciudadana por la Mejora en las Residencias (UCMR). Sus quejas son concretas, de lugares concretos, pero anónima “por miedo a las represalias”. Algunos familiares, pese a estar “amenazados” por la dirección del centro, sacaron fuerza y se unieron para denunciar en septiembre de 2022 a una residencia pública de Cádiz, pero la respuesta de la Consejería de Inclusión Social les resultó sorprendente: “No se ha detectado ninguna irregularidad en la alimentación en el centro residencial”. “La administración mira para otro lado”, asegura esta mujer.

Según el Plan General de Inspección de los Servicios Sociales para los años 2022 y 2023, aprobado a comienzos del pasado año, las actuaciones inspectoras presenciales mediante visitas “siempre se realizarán sin previo aviso, salvo que por la Inspección Central de Servicios Sociales se determine lo contrario”. “Mediante la visita física a los centros y servicios, el personal inspector examinará todas las dependencias e instalaciones, las condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad, y observará detenidamente la atención asistencial directa que reciben las personas usuarias”, dice la normativa.

“Todos vamos a acabar en una residencia”

“El 'sin previo aviso' no se cumple. Las inspecciones se hacen con aviso previo y esa mañana lo tienen todo a punto, pero el día a día es bien diferente. Es chocarse contra una pared. Es la palabra suya contra la nuestra, pero estamos criticando realidades. Este es un problema de todos, porque en el futuro todos vamos a acabar en una residencia de mayores”, resume Carmen, que oculta su nombre por temor a que la denuncia incida en el trato que recibe su madre en la residencia donde reside. “Denuncias específicas no se pueden hacer por represalias”, insiste.

Aparte de ese temor, no lo tienen fácil para probar lo que mantienen. Desde la Covid-19, “el acceso a las residencias no se ha normalizado” y entrar en las zonas comunes es “muy complicado” para poder “fiscalizar” determinadas cuestiones o tomar algunas fotos, como las que ha difundido recientemente la UCMR en una campaña en sus redes sociales. El apoyo a las quejas de familiares de los afectados vienen a veces a través de los propios trabajadores de los centros residenciales, aliados en algunos casos pero que también temen por su empleo y no se atreven a dar el paso, explica Carmen.

“De la verdura congelada se pasa en un día al producto fresco”, explica a cuenta de las visitas “anunciadas” por parte de los inspectores. El caso de Cádiz es “más sangrante” porque se trata de una residencia pública, teniendo en cuenta que “siempre se tiende a recortar los gastos para la obtención de beneficios”, argumenta sobre todo respecto a los centros privados o concertados.

Denunciaron en aquel caso de Cádiz “dietas sobrecargadas de congelados, frituras no saludables, poca verdura, poca fruta, mucho hidrato de carbono, las cenas con sobras del almuerzo y los menús triturados hechos con sobras del día anterior”. La respuesta de la Junta tras la inspección de servicios sociales en ese y en los otros ocho centros de una misma empresa fue bien diferente: “una alimentación adecuada en cantidad y calidad”, “el menú elaborado coincidía con el menú visado por la persona especialista”, “se elaboran distintas dietas alimenticias en función de las necesidades de la persona usuaria”, “la cantidad y calidad de los alimentos almacenados es adecuada”, “no se ha detectado ninguna irregularidad en la alimentación en el centro residencial XXX de Cádiz” y “solo en un centro se detectó la existencia de algunos paquetes de leche con fecha de caducidad próxima y se instó a su consumo en el día o a su retirada si no se consumían”.

57 procedimientos sancionadores en 2022

En mayo del año pasado, la entonces Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta anunció el cierre “de manera voluntaria” de la residencia de mayores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, en la calle Manuel Siurot de Sevilla, tras una inspección en la que se detectaron “deficiencias graves”, como “incumplimiento de los requisitos materiales y funcionales, sobreocupación y ausencia de autoevaluación”. La Fiscalía investiga, dijo la Junta, un posible delito de abandono de mayores, después de constatar que se les servía poca comida (y en ocasiones caducada) y se les ataba con sábanas.

Se trata del único cierre decretado durante el pasado, según los datos aportados por el Portal de Transparencia de la Junta a este periódico, en los que se cifra en 1.155 las actuaciones inspectoras en centros residenciales de personas mayores y centros de día durante 2022. Durante el año pasado hubo 89 denuncias, todas en residencias, y se registraron 347 subsanaciones inmediatas de incumplimientos de acuerdo a las propuestas de la Inspección. También se iniciaron 57 procedimientos sancionadores.

Estudios de alerta

Para la UCMR hay “deficiencia en la falta de alimentación” y “malísima calidad de los alimentos que están ingiriendo las personas más vulnerables en las residencias de mayores”. Esta asociación también se basa en un estudio realizado en la Universidad de Granada, difundido en diciembre en 2017, mostró que los menús que se ofertan en las residencias de mayores españolas tienen una calidad nutricional deficiente, y aportan menos energía y proteínas de lo recomendado. Otro estudio, de Nutrición Hospitalaria y del que se informó en febrero de 2018, cifró la desnutrición en las residencias de mayores hasta en un 60%.

UCMR añade que la prevalencia de desnutrición en personas mayores varía desde un 3-5% en el domicilio al 50-60% en las personas ingresadas en residencias. Explican en su campaña que “la desnutrición se produce tanto por la mala calidad de las comidas que la mayoría de las veces es insulsa e inapetecible por su aspecto, como por falta de personal para dar de comer a los que ya no pueden hacerlo por sí mismos, no se respectan sus tiempos y con frecuencia se quedan casi sin comer”.

Comentan que “es necesario controlar periódicamente por profesionales y mediante analíticas los niveles nutricionales adecuando las dietas a las necesidades de cada persona, sobre todo en los residentes que tienen problemas con el índice de masa corporal y al detectar pacientes malnutridos plantear una intervención nutricional”.

El Ministerio de Consumo presentó el pasado mes de mayo las recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles elaboradas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) para la alimentación de las personas mayores en residencias y centros de día.