Un concurso extraordinario de méritos por ley para acceder a la condición de funcionario. Es lo que plantean las 51.630 firmas ciudadanas presentadas este lunes ante la Oficina del Censo Electoral para que 29.511 interinos puedan “estabilizar” su puesto de trabajo. Y lo proponen a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la primera, desde que hace 30 años existe tal posibilidad, que plantea una oferta de empleo público extraordinaria para acceder a la condición de funcionario.
Aprobaron una oposición, pero sin plaza. Los funcionarios interinos de Justicia, Educación y Administración General y a eventuales de Sanidad consideran que están “en fraude de ley” y que las firmas presentadas “garantizan” que la ILP llegue al Pleno del Parlamento (se exigen 40.000 para la toma en consideración de una Proposición de Ley). La Junta Electoral admitió a trámite la ILP el pasado mes de septiembre y sería la tercera ocasión en que la Mesa del Parlamento tramite esta figura, la primera de ellas defendida por UPyD en 2014. y la segunda, promovida por sindictatos y asociaciones para una renta básica, con idéntica suerte negativa.
Existe un “abuso de la temporalidad” para cubrir plazas estructurales ya que hay compañeros con más de 20 años en puestos interinos, ha denunciado ante los medios David Núñez Márquez, funcionario interino de la Junta de Andalucía con once años de antigüedad, trabajador social-valorador de la situación de dependencia en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, y promotor de la ILP, que tacha de “injusticia” la situación de estos casi 30.000 interinos de Andalucía.
La posibilidad de estabilización de estas plazas vendría establecida en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que dice que “los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación”. “Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”, señala en ese sentido.
Los promotores aluden también a una sentencia del Tribunal Supremo (3251/2018 de la Sala de lo Contencioso), que incide en que existe un abuso en la contratación cubrir puestos estables y estructurales de forma provisional más de tres años, según ha recordado Núñez.
Un total de 153 fedatarios distribuidos por toda Andalucía han recogido las firmas. Del total de plazas, 902 corresponden a la Administración General; 388 a Justicia; 9.603 son funcionarios interinos de Educación y 18.618 son eventuales estatutarios de Sanidad. La convocatoria pública de empleo, que se tendría que publicar dentro de este año 2019, sería libre de forma que se pudieran presentar todas aquellas personas que hayan ocupado puestos de funcionario interino, aunque hayan sido cesadas.
Una vez que la Oficina del Censo Electoral realice el recuento oficial de las firmas, para lo que tiene hasta el 26 de junio de plazo, la ILP pasará por el Consejo de Gobierno de la Junta para que le informe en el plazo de 15 días antes de remitirla al Parlamento para su tramitación. Tras esa fecha, los promotores mantendrán encuentros con los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria con el fin de explicarles la situación de estos funcionarios interinos y recabar su apoyo para la aprobación de la Proposición de Ley en ese sentido.
“No tienen razones para oponerse”, ha dicho el portavoz de los afectados, que ha recordado contactos previos con los diferentes grupos durante la anterior legislatura. Paralelamente, según ha comentado Núñez, tienen previsto solicitar al Consejo de Gobierno que “bloquee” las plazas “susceptibles de estabilización” mientras se tramite la ILP. La situación está denunciada también de forma particular en los tribunales de justicia.