Unas 10.000 familias corren riesgo de exclusión social sin subsidio agrario
La Junta de Andalucía pretende que los 10.000 jornaleros que este año se van a quedar sin poder acceder a los subsidios del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), el antiguo PER, puedan hacerlo, por lo que presentará una propuesta al Gobierno para que cambie la normativa. Con ello se pretende que para las 20 peonadas exigibles para acceder a este complemento (cifrado en 426 euros al mes) se tengan en cuenta las correspondientes a los trabajos ofrecidos por los consistorios en el marco del Plan de Lucha contra la Exclusión Social así como las realizadas con el propio PFEA, o incluso que se elimine esta limitación del todo porque se trata de una “medida excepcional para los que no tienen otros recursos”.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha hecho este anuncio tras presentar el PFEA de 2013, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, y ha alertado de que los perceptores han pasado de 119.300 en 2012 a 110.900 este año, “por lo que unas 10.000 familias corren serio riesgo de exclusión social”, en un año especialmente duro en el campo, “sobre todo en las comarcas olivareras”, y especialmente en las provincias de Jaén, Córdoba y Granada. Ha reconocido así que se unen a una reclamación que vienen haciendo organizaciones agrarias como Asaja y COAG.
En este sentido, ha calificado de “insuficiente” el decreto por el cual se redujeron de 35 a 20 las peonadas necesarias, al tiempo que ha reiterado a Madrid la demanda de que se acometa un Plan de Empleo Rural Extraordinario. “La Junta de Andalucía haría el esfuerzo complementario para poner también su aportación”, ha dicho en esta comparecencia que marca el inicio de una etapa más institucional y con más presencia después de haber dejado la coordinación regional de IU, como él mismo ha reconocido.
El PFEA, un programa que pretende paliar los efectos del paro en el mundo rural, cuenta este año, igual que el pasado, con 206,80 millones de euros de presupuesto, procedentes de las administraciones central (147,7), autonómica y provinciales, que aportan el resto con el 75% y el 25%, respectivamente. Entre las principales novedades para este año, además del adelanto en tres meses de la aprobación del plan, figuran la opción de que el 3% del importe recibido se destine a gastos de adquisición de maquinaria, y la obligación de reintegrar en proyectos ya existentes los fondos cuando no hayan superado un 70% de su ejecución.
Con el PFEA se financian obras de interés general, social y de infraestructuras en sectores como el agrícola, ganadero, industrial y de servicios. Igualmente, se realizan acciones como construcción de centros sociales, parques o jardines, urbanización de polígonos, mejora del alumbrado público y conservación y arreglo de calles y caminos, entre otras. En su ejecución participan jornaleros que, según la normativa vigente, hayan acreditado un mínimo de 20 peonadas en el campo y pueden así complementar sus ingresos en una profesión fuertemente marcada por la estacionalidad.
