La jueza del caso Isofotón pide los expedientes de acuerdos del Consejo de Gobierno presididos por Chaves y Griñán entre 2007 y 2011

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) a la extinta empresa malagueña Isofotón, declarada en concurso de acreedores pese a toda la ayuda institucional cosechada, ha requerido a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía los expedientes de diferentes acuerdos adoptados por el consejo de gobierno y la comisión de viceconsejeros en 2007, 2010 y 2011, así como el acta de la sesión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos celebrada el 3 de julio de 2012, con relación a los avales y préstamos concedidos a la mencionada empresa, según una providencia emitida este pasado domingo y avanzada por La Razón.

En dicha providencia, recogida por Europa Press, esta instancia judicial se hace eco de las últimas peticiones de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que recientemente elevaba un escrito a dicha instancia judicial respecto al préstamo de 8,3 millones de euros concedido a Isofotón por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), filial de Idea, a la citada empresa.

Según la Fiscalía, el préstamo fue concedido “con conocimiento de los incumplimientos existentes en las ayudas otorgadas con anterioridad por la agencia Idea y con la finalidad de permitir el reintegro de un préstamo anterior, incluso sin que este se realizara”; y constando en el expediente de concesión un plan de negocio “sin fecha e identificación de autor” y una petición según la cual Isofotón no había “solicitado otros incentivos o financiación pública” en los dos años previos, sin que tal aspecto “fuera comprobado por los responsables” institucionales.

Un informe técnico de la administración, en ese sentido, habría puesto de relieve que Isofotón tenía “avalados” entonces 29 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, así como la advertencia de que el plan de negocio no contaba con datos “verificados”, los mismos serían “poco fiables” y el documento en sí se basaría en una simple “declaración de intenciones”.

“A pesar de ello, y con negligencia grave rayana en la intención, se propone un resultado apto” con relación al préstamo por la “importancia estratégica de la empresa” al contar la misma con más de 700 empleados, avisaba la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada con relación al citado informe técnico.

PETICIÓN A BANKIA

Merced a dicho escrito de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la juez de instrucción Patricia Fernández Franco considera que hasta el momento, las actuaciones desplegadas no han “aclarado de forma suficiente” los términos correspondientes al citado préstamo, por lo que “se reputa necesaria, relevante y pertinente la solicitud a la entidad financiera Bankia, a fin de que aporte en relación al aval otorgado a Idea con fecha 6 de noviembre de 2007, por importe de 6.761.641,40 euros, toda la documentación, actuaciones, pagos, acciones de ejecución y cualesquiera otras circunstancias, relacionadas con el mismo”.

Además, para “un completo esclarecimiento de las circunstancias de otorgamiento y el importe por el que finalmente se concedieron” los avales y préstamos a Isofotón, la juez acuerda requerir a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía “los expedientes de tramitación de los acuerdos adoptados” al respecto por una sesión del consejo de gobierno celebrada en 2007, cuando el socialista Manuel Chaves ostentaba la Presidencia de la Junta; y de otros acuerdos aprobados por el consejo de gobierno en 2010 y 2011, ya durante la etapa de José Antonio Griñán como presidente.

También solicita los expedientes de tramitación de los acuerdos aprobados con relación al mismo asunto por la comisión general de viceconsejeros en 2007, 2010 y 2011, así como la misma documentación sobre el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía el 3 de julio de 2012, durante la etapa de Griñán como presidente.

A tal efecto, recordemos que en su mencionado escrito, la Fiscalía hacía especial incidencia en que fue “la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía” el órgano que “formuló las modificaciones” relacionadas con el préstamo de 8,3 millones de euros concedido a Isofotón.

Al punto, el Ministerio Público precisaba que dicha comisión está presidida por quien ejerza la Presidencia de la Junta de Andalucía (entonces el socialista José Antonio Griñán), ostentando la Vicepresidencia el consejero de Economía, Innovación y Ciencia y la Secretaría el secretario de dicho departamento, toda vez que de dicho órgano también toman parte quienes encabecen las consejerías responsables de las áreas de Hacienda y Administración Pública, Obras Públicas y Vivienda, Empleo, Agricultura y Medio Ambiente y otras más.

Entre los múltiples investigados en esta causa figuran el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, ambos condenados en la sentencia por el denominado “procedimiento específico” de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos o innecesarios; el exconsejero de Empleo Manuel Recio; el exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia Antonio Ávila; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz o el ex presidente de la caja de ahorros El Monte (posteriormente Cajasol hasta su absorción por Caixabank) José María Bueno Lidón, así como los responsables de la extinta Isofotón.